Magistrados: ¿y Bolívar cuándo?

Quienes están incitando a los jóvenes de la primera línea a amenazar y destruir están cometiendo delitos que deben ser investigados y juzgados.

Señores magistrados, el vandalismo ha causado enormes daños en las últimas semanas en Colombia: 151 sedes gubernamentales, 28 peajes, 111 semáforos, 679 instalaciones policiales, 536 vehículos policiales y 438 establecimientos comerciales, entre muchos otros. La decapitación de un joven que iba en su motocicleta y la amenaza a las estaciones de Transmilenio en Suba por parte de la primera línea nos ha mostrado la barbarie a la que se ha llegado.

En cualquier país civilizado habría una profunda investigación para develar los incitadores de la violencia. En Colombia muchos temen que por criticar o investigar los actos de violencia en el paro sean vistos como de extrema derecha. Se ha caído en el juego de la polarización y por eso muchas personas salen casi a celebrar que se haya devastado el Transmilenio, que se hayan destruido barrios enteros de Cali y que se hayan cerrado carreteras, causando incalculables daños a la economía. Una cosa es el derecho a expresarse que han realizado legítimamente muchas personas y otra destruir la infraestructura del país y matar a otros. ¿Nadie debe responder penalmente por esta catástrofe?

Para comenzar, la instigación y el apoyo al vandalismo para causar terror a la población, que es lo que están haciendo Gustavo Bolívar y otros políticos está tipificada en el Código Penal como delito: 1. La asonada sanciona precisamente a quienes “en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”. 2. La instigación a delinquir la comete el que “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos”. 3. Las amenazas: quien “atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”. 4. El terrorismo lo comete “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte”. Más claro, imposible.

Pero no solo eso. En casos como el del vil asesinato del motociclista decapitado deberían responder también por homicidio en dolo eventual, pues cualquiera que apoye con alambres para colocar en una vía se puede representar mentalmente que las personas que pasen por esos lugares podrán ser decapitados. No se requieren nuevos delitos, ni criminalizar la protesta ni a los jóvenes que se manifestaron en las calles. Quienes deben responder son quienes instigan a delinquir, enfrentarse a la fuerza pública y atacar la infraestructura. Se espera que la Corte Suprema de Justicia no haga un simple lavado de cara en las investigaciones que está realizado y preocupa que en la apertura de la investigación el magistrado sustanciador lo exoneró al decir “nada permite colegir que los recursos, en especial, de la Fundación Manos Limpias se destinaron a una actividad ilícita”, lo cual incluso Bolívar celebró como un triunfo en sus redes sociales.

Señores magistrados: los colombianos no somos ingenuos, el problema no es que se ayude con cascos y escudos ni que las personas salgan a marchar pacíficamente; son quienes están incitando a las personas a la destrucción, la muerte y la violencia.

Este análisis lo allegaré a la Corte Suprema, donde como ciudadano espero una investigación más profunda, que analice las publicaciones en redes y cómo se financió a terroristas urbanos.