La estigmatización está matando tanto a los líderes sociales como las balas de los violentos.
La paz no está muriendo, la están matando. Cada 48 horas están asesinando a un líder social y cada semana a un ex combatiente de las FARC. Cada vez que muere un reincorporado o una víctima Colombia pierde la oportunidad de conocer la verdad del conflicto y de construir un país mejor.
Lo más triste es que a la paz no solamente la están matando los grupos al margen de la ley, sino también la estigmatización que aplican los sectores radicales del país. En algunos sectores de Colombia se está propagando un discurso del odio que quiere perpetuar la guerra a través de la estigmatización masiva. Los desmovilizados con confundidos con disidentes, los líderes sociales son insurgentes y las organizaciones sociales con carteles del narcotráfico.
En los últimos 2 años han sido asesinados más de 270 ex combatientes de las FARC. Si se hace una progresión matemática en 10 años habrá muerto más del 10 por ciento de los desmovilizados. Mientras ello sucede, la Canciller dice ante la ONU de manera totalmente desinformada que los desmovilizados son los culpables de la creación de las disidencias, cuando según la propia Fiscalía son éstas las que los están matando. Más de la mitad de los asesinatos de ex combatientes se atribuyen a las disidencias de las FARC que quieren vengarse de sus antiguos compañeros por considerarlos traidores a la causa.
Los líderes sociales están siendo acribillados por las nuevas organizaciones narcotraficantes en todo el país. El reciente asesinato de la Gobernadora de Caldono Sandra Liliana Peña demuestra que los líderes sociales están siendo asesinados por oponerse a los cultivos ilícitos en todo el país. Este mismo viernes los medios de comunicación reportaron como los indígenas del Cauca expulsaron a los cultivadores de coca porque no quieren que el narcotráfico se apodere de sus territorios. La reacción de las disidencias no se hizo esperar: más de 20 indígenas resultaron heridos por su oposición a los narcocultivos.
Pensar que las organizaciones sociales apoyan el narcotráfico demuestra una absoluta ignorancia de la situación actual de Colombia. Es el narcotráfico el que las está desangrando, matando sus líderes y reclutando a los jóvenes, acabando con el futuro de nuestro país.
Esta situación está creando una violación masiva de los derechos humanos de ex combatientes y víctimas que vulnera profundamente la Constitución. El Acto Legislativo 01 de 2017 no solo creo la JEP, sino que también introdujo el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición a la Constitución. Este sistema tiene un rango constitucional y su violación implica por tanto una violación de la Constitución. La Corte Constitucional está conociendo de varias tutelas interpuestas por líderes sociales y tiene la gran oportunidad de tomar cartas en el asunto ante la falta de reacción de sectores que consideran absurdamente que un desmovilizado es un disidente, un líder social un extremista radical y una organización social un cartel de la droga.
Esta situación no requiere simples pañitos de agua tibia. Deben adoptarse medidas integrales que involucren a todas las instituciones y sectores sociales. El país no puede perder la única oportunidad que ha tenido durante siglos de hacer la paz para que nuestros hijos vivan en un país mejor. No sigamos matando la paz.
