Plan para la modernización integral del Estado y de la Justicia

Las herramientas tecnológicas creadas durante la pandemia no solamente deben mantenerse, sino expandirse para modernizar la rama judicial y la administración pública.

La eficiencia del funcionamiento del Estado es un tema que ha preocupado a los colombianos durante las últimas décadas. El exceso de trámites y burocracia han convertido muchos procedimientos judiciales y administrativos en un verdadero calvario. La pandemia nos obligó a utilizar la tecnología para evitar la presencialidad, demostrándonos que además puede mejorar la eficiencia del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la justicia, por lo cual es fundamental que todas las herramientas transitorias creadas en los últimos dos años no solamente se mantengan, sino que se expandan para que el Estado entregue mejores resultados a la ciudadanía.

En el año 2020 la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura informó datos lamentables sobre la grave congestión de la Rama Judicial en Colombia. El promedio de congestión general es del 28 %, sin embargo, hay sectores especialmente críticos: 41 % en los juzgados de control de garantías, 100 % en los juzgados que tramitan procesos de Ley 600 y 50 % en los Juzgados de Extinción del Dominio. Afortunadamente, estas cifras comenzaron a disminuir con la aplicación de la virtualidad a los procesos judiciales. Según estudio realizado por el Tribunal Superior de Bogotá, con las diligencias virtuales la realización de audiencias se incrementó en un 1.000 %, demostrando las grandes ventajas de usar la tecnología:

En primer lugar, la eficiencia. Tradicionalmente han existido muchos obstáculos para la realización de diligencias judiciales que han dado lugar a que entre los abogados al sistema penal acusatorio se le llame “sistema penal aplazatorio”. La virtualidad ha reducido los aplazamientos en casi un 90 %, pues cada parte puede conectarse desde cualquier lugar. Asimismo, y no menos importante, la virtualidad ha implicado más tiempo para los funcionarios, quienes ya no tienen que perder en promedio dos horas diarias en el desplazamiento a los tribunales.

En segundo lugar, se ahorran recursos. Por lo menos un 20 % de las audiencias se realizan fuera de la sede principal en la que trabajan fiscales y procuradores, por lo cual para su desplazamiento tienen que tramitarse viáticos y tiquetes. La virtualidad implica el ahorro de miles de millones de pesos, pues ya no es necesario desplazarse y las audiencias se pueden llevar a cabo desde cualquier parte.

En tercer lugar, se solucionan totalmente los problemas de infraestructura física, pues ya no es necesario construir muchas más sedes, sino adaptar las actuales a las nuevas tecnologías, lo cual además permite que más personas puedan presenciar una audiencia especialmente en los crímenes que tienen más víctimas.

En este momento se debate en el Congreso un proyecto para ampliar la realización de audiencias virtuales más allá del tiempo de la pandemia, lo cual es fundamental para reducir la congestión judicial y no debería aplicarse solamente a la justicia, sino a otros ámbitos como la rama administrativa y los organismos de control. La descongestión del Estado debe ser una cruzada de todos los colombianos porque afecta la vida diaria de los ciudadanos, por ello debe formularse un plan para la modernización integral del Estado y de la Justicia. Un Estado más eficiente redunda en el beneficio de todos

Con Federico presidente, la modernización y el acceso de la justicia será una de nuestras prioridades. Los invito a votar el próximo domingo inteligentemente .