La cuarentena ha salvado miles de vidas y ha permitido que Colombia tenga (junto con Argentina) las mejores cifras de manejo del coronavirus en América Latina. Sin embargo, en algunas regiones está teniendo consecuencias aterradoras que implican una revictimización masiva de personas que han sufrido durante décadas las atrocidades de la guerra.
Para los grupos armados no hay aislamiento social que valga y por ello se están ensañando con las víctimas, aprovechando que se encuentran confinadas en sus casas. Los lugares más afectados por el conflicto han vuelto a ser nuevamente el escenario de los grupos ilegales. Es una disputa territorial cíclica en la cual, si el Estado no hace presencia, la delincuencia organizada lo hace para controlar el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal. Los carteles mexicanos controlan el negocio en el Pacífico; las bandas criminales, en Antioquia y Chocó, y las disidencias, en los Llanos Orientales. Es una crónica anunciada desde hace meses, pero no hay mayores avances en solucionarla.
La crisis ha dificultado apoyar a las comunidades que se han quedado aisladas sin poder recibir ayuda. Los indígenas de las regiones del país más afectadas por el conflicto han tenido que ordenar el aislamiento para protegerse del virus, y los grupos ilegales lo están aprovechando para reclutarlos y apoderarse de sus territorios. Las comunidades no tienen cómo defenderse y solo son testigos de cómo los grupos armados esparcen el terror y se llevan a sus jóvenes sin que nadie haga nada. Indepaz ha informado que han sido asesinados más de 100 líderes sociales en el Cauca, seguido de Antioquia, en donde el Bajo Cauca se ha convertido en un infierno para sus habitantes.
Por si fuera poco, la pandemia ha afectado los procesos de reparación, restauración y verdad de las víctimas, que tuvieron que ser prácticamente suspendidos por temor al coronavirus. La participación de las víctimas requiere un contacto directo con las comunidades y ello no puede llevarse a cabo en estos momentos. Lo más grave es que el plazo para la elaboración de los informes de las víctimas para la JEP culmina en marzo del próximo año, por lo cual es indispensable que se extienda al menos hasta 2022, pues sin informes es imposible iniciar un proceso ante la JEP.
El coronavirus implica un reto impresionante para el país. Sin embargo, la situación de las personas más vulnerables requiere una mayor atención, pues de lo contrario quedarán a merced de los grupos armados.
La cuarentena ha salvado miles de vidas y ha permitido que Colombia tenga (junto con Argentina) las mejores cifras de manejo del coronavirus en América Latina. Sin embargo, en algunas regiones está teniendo consecuencias aterradoras que implican una revictimización masiva de personas que han sufrido durante décadas las atrocidades de la guerra.
Para los grupos armados no hay aislamiento social que valga y por ello se están ensañando con las víctimas, aprovechando que se encuentran confinadas en sus casas. Los lugares más afectados por el conflicto han vuelto a ser nuevamente el escenario de los grupos ilegales. Es una disputa territorial cíclica en la cual, si el Estado no hace presencia, la delincuencia organizada lo hace para controlar el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal. Los carteles mexicanos controlan el negocio en el Pacífico; las bandas criminales, en Antioquia y Chocó, y las disidencias, en los Llanos Orientales. Es una crónica anunciada desde hace meses, pero no hay mayores avances en solucionarla.
La crisis ha dificultado apoyar a las comunidades que se han quedado aisladas sin poder recibir ayuda. Los indígenas de las regiones del país más afectadas por el conflicto han tenido que ordenar el aislamiento para protegerse del virus, y los grupos ilegales lo están aprovechando para reclutarlos y apoderarse de sus territorios. Las comunidades no tienen cómo defenderse y solo son testigos de cómo los grupos armados esparcen el terror y se llevan a sus jóvenes sin que nadie haga nada. Indepaz ha informado que han sido asesinados más de 100 líderes sociales en el Cauca, seguido de Antioquia, en donde el Bajo Cauca se ha convertido en un infierno para sus habitantes.
Por si fuera poco, la pandemia ha afectado los procesos de reparación, restauración y verdad de las víctimas, que tuvieron que ser prácticamente suspendidos por temor al coronavirus. La participación de las víctimas requiere un contacto directo con las comunidades y ello no puede llevarse a cabo en estos momentos. Lo más grave es que el plazo para la elaboración de los informes de las víctimas para la JEP culmina en marzo del próximo año, por lo cual es indispensable que se extienda al menos hasta 2022, pues sin informes es imposible iniciar un proceso ante la JEP.
El coronavirus implica un reto impresionante para el país. Sin embargo, la situación de las personas más vulnerables requiere una mayor atención, pues de lo contrario quedarán a merced de los grupos armados.