En Colombia parece que tener éxito profesional se está convirtiendo en algo mal visto. La crítica que se hizo hace dos años al nombramiento del fiscal se centraba en que había sido abogado de las empresas más grandes de nuestro país. Es como si se criticara el nombramiento del gerente de una clínica por haber sido un gran cirujano o el de un ministro de Educación por haber sido rector de una universidad. Pareciera que quisiéramos que el fiscal en su pasado se hubiera dedicado a vender enciclopedias y no a ejercer la profesión que estudió.
En ese entonces se dijo que sería el fiscal que más tendría que declararse impedido en la historia, lo cual desconocía que no había ejercido en el área penal ante la Fiscalía, sino en derecho corporativo ante tribunales de arbitraje y juzgados civiles. Paradójicamente, nadie hizo críticas tan fuertes a los fiscales y vicefiscales anteriores que sí habían participado en muchos procesos ante la Fiscalía. Lo cierto es que nuestra Constitución exige para ser fiscal “haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria”. Por ello, haber ejercido la profesión no solo no está prohibido, sino que es un requisito constitucional. También es inevitable la existencia de impedimentos en procesos específicos por actividades desarrolladas antes del cargo. Los fiscales anteriores habían sido magistrados, procuradores y abogados y todos tuvieron que presentar algunos impedimentos.
Esta semana se publicó una columna donde la “polémica” sería que el fiscal tiene un apartamento en Madrid. Como ello no implica nada, se le agregó el adjetivo “lujoso”, cifras rimbombantes y, para llamar la atención, se hace mención a Mossack Fonseca y Odebrecht. Alrededor de ello, el artículo teje solo especulaciones. Menciona sin fundamento a Mossack Fonseca y luego relaciona a varias empresas con Odebrecht sin pruebas concretas. Como diría una célebre exreina: “Empresa con empresa, sociedad con sociedad, del mismo modo, en sentido contrario”. Lo único claro es que se quiere generar indignación por un apartamento, lo cual no puede generar polémica alguna, teniendo en cuenta que el fiscal tuvo una de las oficinas más prestigiosas del país, la que además se fusionó con DLA Piper (una de las más grandes del mundo). Todos los abogados sabemos el éxito profesional que ha tenido durante más de 30 años de ejercicio profesional, pero el artículo pareciera aprovechar que muchos colombianos no lo saben para generar asociaciones sin sentido.
Mientras tanto, nada se dice de su gestión como fiscal. No se informa que en su administración se están adoptando muchas más decisiones que en las de sus antecesores, que por fin se solucionó el problema de los delitos menores, mediante la creación del proceso abreviado, ni que, efectivamente, se está atacando la corrupción sin distinción de color político. Pareciera un crimen que un funcionario tenga propiedades o haya tenido éxito profesional y por eso cada vez es más difícil que personas preparadas sean funcionarias. Después no nos quejemos cuando ninguna persona con prestigio y experiencia quiera trabajar en el Estado.
En Colombia parece que tener éxito profesional se está convirtiendo en algo mal visto. La crítica que se hizo hace dos años al nombramiento del fiscal se centraba en que había sido abogado de las empresas más grandes de nuestro país. Es como si se criticara el nombramiento del gerente de una clínica por haber sido un gran cirujano o el de un ministro de Educación por haber sido rector de una universidad. Pareciera que quisiéramos que el fiscal en su pasado se hubiera dedicado a vender enciclopedias y no a ejercer la profesión que estudió.
En ese entonces se dijo que sería el fiscal que más tendría que declararse impedido en la historia, lo cual desconocía que no había ejercido en el área penal ante la Fiscalía, sino en derecho corporativo ante tribunales de arbitraje y juzgados civiles. Paradójicamente, nadie hizo críticas tan fuertes a los fiscales y vicefiscales anteriores que sí habían participado en muchos procesos ante la Fiscalía. Lo cierto es que nuestra Constitución exige para ser fiscal “haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria”. Por ello, haber ejercido la profesión no solo no está prohibido, sino que es un requisito constitucional. También es inevitable la existencia de impedimentos en procesos específicos por actividades desarrolladas antes del cargo. Los fiscales anteriores habían sido magistrados, procuradores y abogados y todos tuvieron que presentar algunos impedimentos.
Esta semana se publicó una columna donde la “polémica” sería que el fiscal tiene un apartamento en Madrid. Como ello no implica nada, se le agregó el adjetivo “lujoso”, cifras rimbombantes y, para llamar la atención, se hace mención a Mossack Fonseca y Odebrecht. Alrededor de ello, el artículo teje solo especulaciones. Menciona sin fundamento a Mossack Fonseca y luego relaciona a varias empresas con Odebrecht sin pruebas concretas. Como diría una célebre exreina: “Empresa con empresa, sociedad con sociedad, del mismo modo, en sentido contrario”. Lo único claro es que se quiere generar indignación por un apartamento, lo cual no puede generar polémica alguna, teniendo en cuenta que el fiscal tuvo una de las oficinas más prestigiosas del país, la que además se fusionó con DLA Piper (una de las más grandes del mundo). Todos los abogados sabemos el éxito profesional que ha tenido durante más de 30 años de ejercicio profesional, pero el artículo pareciera aprovechar que muchos colombianos no lo saben para generar asociaciones sin sentido.
Mientras tanto, nada se dice de su gestión como fiscal. No se informa que en su administración se están adoptando muchas más decisiones que en las de sus antecesores, que por fin se solucionó el problema de los delitos menores, mediante la creación del proceso abreviado, ni que, efectivamente, se está atacando la corrupción sin distinción de color político. Pareciera un crimen que un funcionario tenga propiedades o haya tenido éxito profesional y por eso cada vez es más difícil que personas preparadas sean funcionarias. Después no nos quejemos cuando ninguna persona con prestigio y experiencia quiera trabajar en el Estado.