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Los derechos humanos son aplaudidos en grandes salones cuando se adoptan las declaraciones, son causa de llanto por las víctimas ante violaciones sin fin, son fuente de felicidad cuando se hacen realidad en comunidades que carecen de todo o cuando pueblos enteros superan la opresión. Los derechos humanos son un mínimo, no un máximo de humanidad. Más allá de ellos está la lucha, plenamente legítima, por la justicia y la igualdad.
El derecho a la protesta es un derecho humano porque la historia enseña que solo quienes protestan, exigen y proponen llegan a tener derechos humanos. El derecho a la protesta es el primer paso del derecho a tener derechos. Esta elemental sabiduría democrática inspira el tango: “quien no llora, no mama”. Lo primero que hacemos al nacer es pegar un grito que es respondido con la tibia leche materna. Protesta legítima debe ser respondida con reconocimiento de derechos, políticas y presupuestos para realizarlos, no con negativa al diálogo y con represión.
El paro del 28 de abril, que derivó en inmensa conmoción social, fue un gran movimiento por derechos, los 6 puntos del Pliego llamado de Emergencia; fue un firme rechazo a una reforma tributaria que enriquecía más a los ricos y empobrecía más a los pobres; y fue una demanda elemental de garantías para la protesta pacífica. Tan justo y amplio reclamo, sin embargo, no se asumió con empatía y diálogo sino con prepotencia y extrema dureza policial que se tradujo en disturbios y en nuevas y graves violaciones de los derechos humanos.
Paradójico y trágico: un movimiento por derechos es respondido con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, con la llamada “asistencia militar” (Decreto 575), ocasionando violaciones de derechos en forma nunca antes vista: asesinatos, desapariciones, detenciones, violaciones, ojos afuera, paramilitarismo urbano, verdaderas rachas de terror… Las cifras, escandalosas hasta la obscenidad, las ha visto crecer estupefacto el mundo entero.
Por ello el Comité Nacional de Paro y los jóvenes en resistencia en muchos lugares del país (Unión de Resistencias de Cali URC), las mujeres, los indígenas, los campesinos, los transportadores, los pensionados, los y las integrantes de juntas comunales, periodistas, misiones médicas, todos los sectores, unánimemente, exigieron la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, uno de los pocos organismos que aún pueden hacer algo para contener la barbarie.
El gobierno, con inocultable reticencia y disgusto, tuvo que aceptar la presencia de la Comisión, la cual visitó el país en la segunda semana de junio y entregó su informe y recomendaciones el miércoles 7 de julio, en un rico y ponderado texto de 48 páginas.
Importante resaltar que, casi en simultaneo, otras entidades desde Naciones Unidas y la Unión Europea hasta Human Rights Watch, la Campaña Defender la Libertad, pasando por el Tribunal de los Pueblos y el Tribunal Internacional de Opinión, parlamentarios norteamericanos y el propio gobierno demócrata de Joe Biden, se ocuparon de la conmoción colombiana y de lo que en ella está pasando con los derechos humanos.
Tantos ojos de gente sabia puestos sobre Colombia, de entidades tan respetadas y reconocidas, han permitido constatar que efectivamente durante la protesta ocurrieron muy graves violaciones de derechos humanos y que los actores públicos que las cometieron -entre ellos la policía, el ESMAD, los mandos jerárquicos de ellos, las autoridades civiles que tomaron decisiones y dieron órdenes como Presidente, Ministros y Alcaldes- tienen que responder por sus acciones, omisiones, estigmatizaciones... No puede haber impunidad en ninguna orilla.
La CIDH le hace importantes recomendaciones al gobierno, entre ellas (ordenamiento mío): “separar a la policía y su ESMAD del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares”; recurrir seriamente al diálogo, privilegiarlo, con miras a un proceso de “reconciliación multidimensional”; cumplir sentencias de las altas Cortes sobre el derecho a la protesta y su protección; desarrollar una legislación (ley estatutaria) y unas políticas que realmente den garantías al ejercicio de la protesta legítima; fortalecer la garantía y protección de los DESCA (derechos económicos, sociales y ambientales); prescindir de prácticas de ciberpatrullaje e interferencia de redes y señal de internet que lesionan los derechos de expresión e información; establecer un Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la situación de derechos humanos relacionados con la protesta social. La CIDH aclara que los cortes de ruta (bloqueos) pueden formar parte de la protesta a condición de que no impliquen grave lesión a los “derechos de los demás”.
Se puede concluir que el Informe y Recomendaciones de la CIDH, que ganan fuerza con la visión concurrente de otras entidades competentes, no pueden calificarse como sesgados ideológicamente o inspirados en posturas de oposición al gobierno, al contrario, lo que expresan es una preocupación del más alto valor y autoridad, en un todo ajustada al sentido común universal de los derechos humanos y a la normatividad internacional de la cual Colombia es coautora y signataria.
El pueblo colombiano no puede seguir llorando la violación imparable, escandalosa y trágica de los derechos humanos; ya es tiempo de celebrar y reír porque ellos se cumplen y todos los colombianos y colombianas vivimos mejor, tramitamos mejor nuestros conflictos y nos gobernamos con más libertad y democracia. A ello conducen las recomendaciones de la CIDH que la ciudadanía debe conocer y apoyar, mientras las autoridades deben acoger y traducir en prácticas de buen gobierno. En este enlace se encuentra el informe.