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A pesar del enorme nuevo obstáculo que se erige en la superación de la crisis mediante el diálogo con la adopción del Decreto 575 del 28 de mayo (militarización de varias ciudades y regiones), considero válido hacer la siguiente reflexión.
Estamos en un ciclo de protestas cada vez más amplias y cada vez más radicales porque los problemas son cada vez más graves, la desfachatez en la orientación antisocial de los gobernantes es cada vez mayor. Desde hace largo tiempo se considera legítima la protesta en democracia (John Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno civil, 1689). Hoy se ven grandes protestas en todo el mundo, tan justas y multitudinarias que se habla de fiestas salvajes de la democracia (Alain Brossat).
Las protestas y movimientos sociales no son una patología, son un síntoma de las verdaderas patologías que radican en la forma como los sistemas económicos y políticos, y los imaginarios que los sustentan (ideologías), afectan la dignidad, la igualdad, la libertad, los derechos de las personas y las comunidades.
Duras experiencias históricas –grandes huelgas, rebeliones, revoluciones, holocaustos, epidemias- dejan, en medio de un dolor indecible, lecciones luminosas para un futuro mejor. Cada gran tragedia bélica o natural produce un desideratum solemne, o codificación, de lo que debería ser la vida de las generaciones siguientes.
Por eso a cada momento de conmoción sigue un tiempo de negociación, reforma, cambio, reconfiguración de los procesos básicos de la vida en sociedad. En países como Francia esas sucesivas transiciones han tomado el nombre de repúblicas: primera, segunda… hasta la quinta república instaurada en 1958.
¿Qué seguirá al paro, la explosión social, la rebeldía de los jóvenes que ha sacudido a Colombia durante más de un mes? Por supuesto no se trata de volver a la normalidad paradójica de ser uno de los países más ricos y, al mismo tiempo, uno de los más desiguales del mundo. De lo que se trata es de crear una nueva normalidad, una en la que la riqueza, las oportunidades y el poder estén mucho mejor distribuidos. Resulta ineludible dialogar para democratizar.
Tras la consigna-brújula de este excepcional movimiento parar para avanzar, simple pero cargada de hondo contenido, está en camino un sujeto político plural, multicolor y colectivo, de las clases subalternas que disputa la dirección de la sociedad, de la historia, a las retrógradas e inhumanas élites tradicionales.
Lo más inmediato y concreto es la negociación (¿?) con el Comité Nacional de Paro CNP que desde junio 19 de 2020 puso sobre la mesa y demandó el diálogo alrededor de un Pliego de Emergencia. Este pliego contiene seis grandes asuntos (Salud y vacunación, Renta Básica, Producción Nacional, Educación, Mujer y diversidades sexuales, Decretos lesivos de la emergencia, Fuentes de recursos) que articulaban e interpretaban las mayores inconformidades al momento de presentarse en medio del furor de la pandemia. Se adicionan los temas de garantías y glifosato.
Hoy tales asuntos conservan plena validez, pero las demandas surgidas en el curso de la protesta rebasan las demandas iniciales, en particular, en lo atinente a las aspiraciones de la juventud de estratos populares. Es una ampliación válida que se deriva de la dinámica expansiva del movimiento. Así lo ha entendido el CNP.
“Hay que armar un proceso creíble para oír a los jóvenes, que es lo que ellos están pidiendo a gritos, y ponerle una pista de aterrizaje: un escenario de desenlace serio para tramitar esas demandas. No es difícil de diseñar. Pero primero el gobierno tiene que aclarar si su postura ante la protesta es de diálogo o de represión” (Sergio Jaramillo, El Espectador, domingo 23 de mayo).
Colombia requiere un amplio y audaz proceso de negociación social y política no para abandonar el ideal constitucional de una república y un estado social de derecho, sino para ratificarlo y ver la forma de hacerlo realidad. El proceso es de tránsito de la caricatura de república que hoy somos a una verdadera república democrática y social, no patriarcal, no violenta, no mafiosa, no sometida a poderes imperiales, sí participante en procesos de integración de los pueblos para hacerle frente a la crisis civilizatoria que afecta al planeta entero.
Negociar para democratizar por todos los medios por los que es legítimo y práctico hacerlo. Esa es nuestra circunstancia cuando la Constitución del 91 llega a los 30 años; distinta a la circunstancia de Chile donde para democratizar necesitan cambiar la Constitución de Pinochet. Aquí la impactante insurgencia civil de estos días conduce a negociar para realizar la Constitución vigente no para cambiarla.
El país no será el mismo después de este mayo colombiano a la vez grandioso y doloroso. El impulso para un cambio profundo está desatado y no se detendrá. Hay proyecto y hay sujeto in fieri.
