“Que continúe la Comisión de la Verdad” tituló su columna en este diario, el 2 de julio, Patricia Lara Salive. Y dio varios argumentos de mucho peso para soportar su desiderátum, entre ellos el enorme avance hacia el mutuo reconocimiento, el perdón y la reconciliación, entre víctimas de todo tipo y responsables de delitos atroces de todas las orillas.
Una verdadera lluvia de peticiones y muy importantes acciones se han producido en los meses más recientes para demandar la prolongación del tiempo de trabajo de la Comisión que en noviembre 28, un domingo (elección nacional de consejos juveniles), cumple los tres años taxativos de existencia.
No es la propia Comisión la que está moviendo hilos para alargar caprichosamente sus labores, han sido sectores de víctimas, mediante demanda ante la Corte Constitucional, los que han planteado el tema. La demanda fue presentada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa País de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios Dejusticia.
La imposibilidad de viajar a las regiones por la pandemia perjudicó el trabajo de la Comisión. “La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la Comisión para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas”, argumentan.
Por otra parte el Consejo de Estado, ante consulta (3 de junio) presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública “sobre la entrega del informe final, el período y el procedimiento para la liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” ha producido un concepto claramente favorable a la prolongación del tiempo de la Comisión, de una manera acotada y precisa, con miras a hacer efectivo “el mandato constitucional de socializar el informe”.
“La socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad, manifiesta el alto tribunal, es un mandato constitucional que no fue desarrollado de manera completa por el Decreto Ley 588 de 2017, el cual no proveyó en relación con el período durante el cual dicha socialización debería realizarse, siendo como es objeto sustancial de competencia de la Comisión.
Es claro que el citado decreto ley fijó un término de 3 años para que la Comisión de la Verdad adelante las investigaciones que le corresponden y elabore el informe final; contempló de manera expresa un (1) mes para la publicación formal del mismo informe; y, a pesar de las reiteradas menciones sobre su socialización, no estableció lapso alguno para su cumplimiento.
El vacío generado por la omisión normativa -que implica que no exista un período delimitado para la amplia y efectiva socialización del informe final- debe ser colmado con la expedición de un decreto ejecutivo...”
No se tiene aún el fallo de la Corte Constitucional que sería de obligatorio cumplimiento para el gobierno, pero se cuenta con el concepto del Consejo de Estado que orienta al Presidente de la República a subsanar mediante un decreto ejecutivo el vacío en cuanto al tiempo necesario para socializar el Informe.
“El thelos restaurativo exige la socialización; sin esta, no se puede cumplir con el objeto de la Comisión de la Verdad”, “no permitir y garantizar la divulgación del informe sería inconstitucional”. Tal es la razón fundamental por la cual la Sala de Consulta del Consejo de Estado plantea al Presidente de la República que decrete la prolongación de los trabajos de la Comisión por el tiempo que ella misma estime estrictamente necesario (Mauricio Alvarado Lozada, El Espectador, 8 de julio).
En forma complementaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma lo siguiente: “El impacto de un informe final puede, en última instancia, depender menos de su contenido que de distintos factores circunstanciales, como cuándo y en qué condiciones se publica y divulga el informe, cuál es su grado de distribución, qué cobertura recibe en los medios de información y, quizá lo más importante, qué acogida tiene entre las autoridades políticas y qué grado de interés tienen éstas en divulgar y aplicar sus conclusiones y recomendaciones. También en este caso la comisión debe confiar en que las organizaciones de la sociedad civil se asocien a la fase de seguimiento ya que, una vez que presente su informe final y se disuelva oficialmente, serán otros los que deban encargarse de aplicar sus recomendaciones”.
Sin duda, ésta es una oportunidad magnífica para que se intensifique el trabajo en red de los centenares de organismos de sociedad civil que, en todo el país, se han declarado aliados de la Comisión, entre ellos en primer lugar los constituidos por las víctimas, también los Consejos territoriales y nacional de paz, para desatar una amplísima acción formativa, comunicativa y de incidencia política que permita la efectiva socialización del Informe y la apropiación de sus recomendaciones, con o sin prolongación del tiempo de la Comisión.
La transformación cultural, el cambio del sentido común que haga posible tramitar diferencias y conflictos de toda índole sin recurrir a la violencia, la construcción de una ética social para asegurar el vivir, buen vivir y convivir en regiones y territorios, en comunidades étnicas, campesinas y urbanas, son el soporte firme de la paz total, estable y duradera. Nada de ello es posible sin un amplio diálogo de memorias para la no repetición y la reconciliación. La experiencia histórica prefigura el futuro.
Tres años insuficientes, reducidos en su alcance por la pandemia, hacen necesario prolongar unos meses el trabajo de la Comisión para que ésta logre dejar en marcha el proceso de socialización de su Informe Final. ¡Más tiempo: más verdad! ¡Otra oportunidad para la paz!
