Si el resultado del paro nacional, mejor, del estallido social ocurrido en los últimos 40 días y que parece continuarse fuera la instalación seria en el país de una agenda social podríamos decir que se ha producido una importante corrección de rumbo y que todos hemos ganado.
Colombia ha perseguido tener una agenda social durante casi un siglo. En los años 30 del siglo XX se tuvo la Revolución en Marcha, portadora de medidas keynesianas, pero que entró en pausa muy pronto y que fue respondida con una ola de violencia inmisericorde que incluyó el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán.
La dictadura militar, años 50, fue demagógica con la consigna “pueblo fuerzas armadas” y el Frente Nacional (1958-1974) que le siguió fue un oligopolio político que creó las condiciones para que surgieran las guerrillas revolucionarias con banderas sociales, de dignidad nacional y de inclusión política.
El Paro Cívico de 1977 fue otro intento de instalar la agenda social con 9 puntos básicos en favor de trabajadores, campesinos, pobladores urbanos, pero fue respondida con el Estatuto de Seguridad y sin ninguna concesión a los justos reclamos de la gente cuando se daban los primeros pasos hacia el modelo económico neoliberal.
La Constitución del 91 ha sido el intento más estructurado al consagrar el concepto el Estado social de Derecho, la nación pluricultural, con amplio reconocimiento de derechos y algunas posibilidades de mayor participación ciudadana, pero su realización se ha frustrado porque al país formal de la Carta se ha impuesto el país real del despliegue agresivo del modelo neoliberal y de gobiernos sucesivos que ejercen sus funciones a espaldas de la Ley de Leyes.
En 1997 se dio el extraordinario hecho del Mandato Ciudadano por la Paz que claramente expresaba: “Voto por la Paz, la Vida y la Libertad. Me comprometo a ser constructor de Paz y Justicia Social, a proteger la Vida y a rechazar toda acción violenta…” Este Mandato obtuvo 10 millones de votos (¡!). Consecuencia de él fue el proceso de paz del Caguán cuya frustración condujo al surgimiento de regímenes políticamente autoritarios y socialmente regresivos.
En 2016 se firma el Acuerdo de Paz con la mayor de las guerrillas políticas, las FARC-EP. El acuerdo contempla puntos de enorme alcance social, particularmente en relación con el mundo rural, el campesinado y el asunto de los cultivos de uso ilícito. Contiene también avances en relación con participación ciudadana y de garantías para el ejercicio de la política y de la protesta social pacífica. Sin embargo, el Acuerdo no ha tenido cumplimiento precisamente en esos temas de apremiante urgencia social.
Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, carece de una verdadera, consistente y persistente agenda social. Eso es lo que explica el estallido que estamos viviendo con protagonismo de los jóvenes más pobres y del precariado en las grandes ciudades.
Hoy, por la iniciativa del pueblo acicateado y puesto en una situación límite por la pandemia del Covid19, el país tiene, por fin, una agenda social surgida en medio del dolor, la muerte, el terror de estado, la nula empatía y la ausencia total de voluntad política por parte del gobierno vicario de Iván Duque y de las fuerzas que lo soportan.
Estamos ante el hecho de un paro nacional convertido en estallido social que lleva ya 40 días y cada vez se ven más lejanas las posibilidades de un diálogo y negociación eficaces sobre los seis (6) puntos del pliego de emergencia presentado en junio de 2020 y sobre el punto previo de garantías para la protesta social. Se han tomado medidas de “asistencia militar” a alcaldes y gobernadores (Decreto 575) y absurdamente se desautorizó el diálogo abierto por el Alcalde de Cali con jóvenes de los puntos de resistencia. El país y el mundo insisten en la vía del diálogo, la Iglesia Católica y Naciones Unidas hacen esfuerzos porque esa posibilidad no se cierre. Ojalá la presencia y recomendaciones ágiles de la CIDH logren lo obvio.
Esta compleja situación no puede dejarse evolucionar hacia peores escenarios de confrontación, de deterioro de la institucionalidad democrática o de alteración de las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para marzo-junio de 2022. Quizá precisamente la proximidad de un proceso político eleccionario sea la gran oportunidad para que el conflicto social se tramite a través del ejercicio legítimo y limpio de la política mediante un debate abierto y unas elecciones transparentes, sin dados cargados, con plenas garantías para todos los intervinientes en ellas.
Un paro justo y legítimo como es éste puede convertirse en una gran oportunidad para el país si todos estamos de acuerdo en que lo social en ebullición se resuelve en lo político innovador y audaz, es lo normal en democracia. Colombia está ante el dilema de dictadura y guerra o democracia con justicia social y paz. No perdamos la oportunidad de escoger el camino que conduce a una luminosa y fecunda primavera.
