Persisten algunos analistas en hablar de fractura como algo que podría ocurrir en las elecciones de 2022. La verdad es que no es un riesgo que viene sino una realidad en la que el país está hace un tiempo considerable y que tal fractura se hace más profunda y dolorosa con el correr de los días.
“Las elecciones del 2014 evidenciaron una ruptura importante con la tradición política colombiana debido a la fractura entre las élites políticas nacionales… La competencia en las elecciones de 2014 no se presentó en términos de la división ideológica usual entre conservadores y liberales, sino respecto al manejo del conflicto armado interno al interior de la élite” (Felipe Botero, Polarización y posconflicto, Uniandes, 2018).
Por ahí va el quid de la fractura que, de manera aún más nítida, se manifestó de nuevo en 2018. Pero mal se puede hablar de polarización como si las posturas implicadas fueran rechazables por igual, cuando lo que hay es una recalcitrante postura autoritaria a la cual se opone un amplio y disperso movimiento democrático.
Apelando a metáfora que me parece adecuada podría decirse que en el país hay un pulso, casado hace 20 años (2002), entre dos grandes sectores: de una parte, sectores dispuestos a salidas políticas con actores políticos armados que propician aperturas con miras a profundizar la democracia y, de otra, sectores refractarios a la paz política mediante diálogos y negociaciones, que tienden a endurecer el régimen político. Cada uno con posiciones propias respecto a asuntos claves de orden nacional e internacional: extractivismo, tierra, cultivos de coca, tráfico de estupefacientes, cambio climático, integración, polaridad global…
Paz, democracia y disposición al cambio están en una orilla; guerra, autoritarismo y resistencia al cambio están en otra orilla: ese el pulso. Guerra y paz siguen siendo un vector importante del proceso político colombiano aunque ya resulta notorio que no es la paz el catalizador del cambio, sino que, más bien, la aspiración generalizada de cambio es el medio que hace viable la paz.
Pero la connotación de la gran diferencia no se reduce al ámbito nacional, ella es expresión de una diferencia que lo atraviesa todo, o casi todo, originada en la crisis del capitalismo neoliberal el cual, para su pervivencia, tiene obligadamente que apelar a la violencia, la guerra, el despojo y las formas autoritarias y aun fascistas de gobierno. Lo sabemos hace tiempo (Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, 1966).
Lo que está ocurriendo en el país y en el mundo es un retroceso a gran escala que inclusive ha dado para que se hable de crisis civilizatoria. Thomas Piketty muestra cómo el proceso económico capitalista de los últimos 200 años ha producido impresionantes niveles de pobreza y desigualdad (El Capital en el siglo XXI, 2013), Manuel Castells ha señalado con agudeza la crisis de la democracia liberal (Ruptura, 2017) y el papa Francisco ha dedicado una encíclica al enorme riesgo que existe para la especie humana por el modelo de producción y consumo imperante (Laudato Si, 2015). El retroceso apuntala el patriarcalismo; las mujeres continúan su incesante lucha emancipatoria innovando enfoques y demandas (Prudencia Gutiérrez Esteban, Los feminismos en el siglo XXI, Universidad de Extremadura, 2011).
La diferencia en cuestión es algo muy propio de nuestra realidad, pero, a todas luces, está imbricada con las tensiones de la aldea global. Ahora bien, la forma como los países afrontan la encrucijada es muy flexible y variada. Y aquí es preciso echar mano de viejas herramientas para decir que hay opciones construidas desde la derecha, otras desde la izquierda, otras ciertamente desde el centro político, a veces en combinaciones hasta hace poco impensables. El paisaje es de partidos en crisis y coaliciones en boga.
En países como Inglaterra, Francia, Alemania, también Italia han predominado fuerzas de talante neoconservador; en Grecia, Portugal, España fuerzas socialdemócratas y de izquierda coaligadas; en países de América Latina -México, Argentina, Bolivia- están de regreso gobiernos progresistas; en Estados Unidos, después de cuatro años de pesadilla trumpista, el gobierno ha vuelto a manos de los demócratas. En Ecuador se acaba de frustrar la posibilidad de retomar el avance progresista con la derrota de Andrés Arauz. En Perú la opción más progresista con Pedro Castillo aparece en punta. Enorme expectativa existe por lo que pase en las próximas elecciones en Chile, Colombia y Brasil.
Lo que hay que reconocer sin vacilación es que, no obstante la profunda crisis de los partidos y de los sistemas de representación política en general, se sigue respetando la regla de la alternancia, inclusive, en algunos casos como el de España, dando lugar a un nuevo proceso de transición dirigido por una coalición de centro izquierda, PSOE-Unidas Podemos, liderada por figuras como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Enrique Santiago (David Bernabé, Distancia al Presente, 2020).
La alternancia es una regla de oro de la democracia: quienes ayer eran oposición, sea cual sea su signo, hoy pueden ser gobierno si esa es la voluntad libre y mayoritaria de la ciudadanía.
El presidente Iván Duque, agente acucioso del retroceso, fue incapaz de concretar el acuerdo nacional que anunció el día de su posesión (7 de agosto de 2018). Un gobierno de cambio y transición en manos de fuerzas progresistas sí impulsaría un acuerdo con todas las fuerzas políticas sobre asuntos fundamentales que hagan viable el país y tramitable el conflicto permanente en el marco de la institucionalidad vigente.
El pacto ético por la vida estaría en el vértice de un verdadero acuerdo nacional que signifique cesar toda forma de violencia y sacar definitivamente las armas de la política. Respeto a la ley, juego de pluralidad, democracia paritaria, relación amigable con la naturaleza, apego a los fines sociales del Estado también estarían, quizá, y otros temas, en la mesa del pacto ético.
Para ello en Colombia la alternancia tiene que garantizarse y darse en 2022, no reducida al relevo entre fuerzas afines –los mismos con las mismas-, sino tranquila y real entre bloques de fuerzas efectivamente distintas. Nada tiene que temer el país de un triunfo de la Coalición de la Esperanza o de la Coalición de Pacto Histórico, o de las dos unidas, con el respaldo de movimientos sociales y ciudadanía de a pie.
No es fractura que viene sino ruptura ya existente la que hay que superar para no seguir en la tragedia indecible y el desgobierno agobiante en que estamos. La alternancia y no el continuismo es, en mi opinión, la opción preferible para la Colombia en agitada transición que nos ha tocado vivir.
Persisten algunos analistas en hablar de fractura como algo que podría ocurrir en las elecciones de 2022. La verdad es que no es un riesgo que viene sino una realidad en la que el país está hace un tiempo considerable y que tal fractura se hace más profunda y dolorosa con el correr de los días.
“Las elecciones del 2014 evidenciaron una ruptura importante con la tradición política colombiana debido a la fractura entre las élites políticas nacionales… La competencia en las elecciones de 2014 no se presentó en términos de la división ideológica usual entre conservadores y liberales, sino respecto al manejo del conflicto armado interno al interior de la élite” (Felipe Botero, Polarización y posconflicto, Uniandes, 2018).
Por ahí va el quid de la fractura que, de manera aún más nítida, se manifestó de nuevo en 2018. Pero mal se puede hablar de polarización como si las posturas implicadas fueran rechazables por igual, cuando lo que hay es una recalcitrante postura autoritaria a la cual se opone un amplio y disperso movimiento democrático.
Apelando a metáfora que me parece adecuada podría decirse que en el país hay un pulso, casado hace 20 años (2002), entre dos grandes sectores: de una parte, sectores dispuestos a salidas políticas con actores políticos armados que propician aperturas con miras a profundizar la democracia y, de otra, sectores refractarios a la paz política mediante diálogos y negociaciones, que tienden a endurecer el régimen político. Cada uno con posiciones propias respecto a asuntos claves de orden nacional e internacional: extractivismo, tierra, cultivos de coca, tráfico de estupefacientes, cambio climático, integración, polaridad global…
Paz, democracia y disposición al cambio están en una orilla; guerra, autoritarismo y resistencia al cambio están en otra orilla: ese el pulso. Guerra y paz siguen siendo un vector importante del proceso político colombiano aunque ya resulta notorio que no es la paz el catalizador del cambio, sino que, más bien, la aspiración generalizada de cambio es el medio que hace viable la paz.
Pero la connotación de la gran diferencia no se reduce al ámbito nacional, ella es expresión de una diferencia que lo atraviesa todo, o casi todo, originada en la crisis del capitalismo neoliberal el cual, para su pervivencia, tiene obligadamente que apelar a la violencia, la guerra, el despojo y las formas autoritarias y aun fascistas de gobierno. Lo sabemos hace tiempo (Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, 1966).
Lo que está ocurriendo en el país y en el mundo es un retroceso a gran escala que inclusive ha dado para que se hable de crisis civilizatoria. Thomas Piketty muestra cómo el proceso económico capitalista de los últimos 200 años ha producido impresionantes niveles de pobreza y desigualdad (El Capital en el siglo XXI, 2013), Manuel Castells ha señalado con agudeza la crisis de la democracia liberal (Ruptura, 2017) y el papa Francisco ha dedicado una encíclica al enorme riesgo que existe para la especie humana por el modelo de producción y consumo imperante (Laudato Si, 2015). El retroceso apuntala el patriarcalismo; las mujeres continúan su incesante lucha emancipatoria innovando enfoques y demandas (Prudencia Gutiérrez Esteban, Los feminismos en el siglo XXI, Universidad de Extremadura, 2011).
La diferencia en cuestión es algo muy propio de nuestra realidad, pero, a todas luces, está imbricada con las tensiones de la aldea global. Ahora bien, la forma como los países afrontan la encrucijada es muy flexible y variada. Y aquí es preciso echar mano de viejas herramientas para decir que hay opciones construidas desde la derecha, otras desde la izquierda, otras ciertamente desde el centro político, a veces en combinaciones hasta hace poco impensables. El paisaje es de partidos en crisis y coaliciones en boga.
En países como Inglaterra, Francia, Alemania, también Italia han predominado fuerzas de talante neoconservador; en Grecia, Portugal, España fuerzas socialdemócratas y de izquierda coaligadas; en países de América Latina -México, Argentina, Bolivia- están de regreso gobiernos progresistas; en Estados Unidos, después de cuatro años de pesadilla trumpista, el gobierno ha vuelto a manos de los demócratas. En Ecuador se acaba de frustrar la posibilidad de retomar el avance progresista con la derrota de Andrés Arauz. En Perú la opción más progresista con Pedro Castillo aparece en punta. Enorme expectativa existe por lo que pase en las próximas elecciones en Chile, Colombia y Brasil.
Lo que hay que reconocer sin vacilación es que, no obstante la profunda crisis de los partidos y de los sistemas de representación política en general, se sigue respetando la regla de la alternancia, inclusive, en algunos casos como el de España, dando lugar a un nuevo proceso de transición dirigido por una coalición de centro izquierda, PSOE-Unidas Podemos, liderada por figuras como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Enrique Santiago (David Bernabé, Distancia al Presente, 2020).
La alternancia es una regla de oro de la democracia: quienes ayer eran oposición, sea cual sea su signo, hoy pueden ser gobierno si esa es la voluntad libre y mayoritaria de la ciudadanía.
El presidente Iván Duque, agente acucioso del retroceso, fue incapaz de concretar el acuerdo nacional que anunció el día de su posesión (7 de agosto de 2018). Un gobierno de cambio y transición en manos de fuerzas progresistas sí impulsaría un acuerdo con todas las fuerzas políticas sobre asuntos fundamentales que hagan viable el país y tramitable el conflicto permanente en el marco de la institucionalidad vigente.
El pacto ético por la vida estaría en el vértice de un verdadero acuerdo nacional que signifique cesar toda forma de violencia y sacar definitivamente las armas de la política. Respeto a la ley, juego de pluralidad, democracia paritaria, relación amigable con la naturaleza, apego a los fines sociales del Estado también estarían, quizá, y otros temas, en la mesa del pacto ético.
Para ello en Colombia la alternancia tiene que garantizarse y darse en 2022, no reducida al relevo entre fuerzas afines –los mismos con las mismas-, sino tranquila y real entre bloques de fuerzas efectivamente distintas. Nada tiene que temer el país de un triunfo de la Coalición de la Esperanza o de la Coalición de Pacto Histórico, o de las dos unidas, con el respaldo de movimientos sociales y ciudadanía de a pie.
No es fractura que viene sino ruptura ya existente la que hay que superar para no seguir en la tragedia indecible y el desgobierno agobiante en que estamos. La alternancia y no el continuismo es, en mi opinión, la opción preferible para la Colombia en agitada transición que nos ha tocado vivir.