Botero y Almagro: inauditas declaraciones

Luis I. Sandoval M.
18 de septiembre de 2018 - 00:00 a. m.

Guillermo Botero, expresidente del gremio de los comerciantes (Fenalco), ministro colombiano de Defensa, cree que las mafias financian la protesta social. Luis Almagro, excanciller de Uruguay y actualmente secretario general de la OEA, cree que dentro de los medios para meter en cintura a Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela no se debe descartar la intervención militar. Así declararon orondamente uno y otro la semana pasada, sin medir las consecuencias negativas de tan insólitas manifestaciones.

Lo del ministro Botero no es un lapsus, ha sido reiterativo en que los que protestan son manipulados por los armados ilegales, obsesivo con la idea de que la protesta no es compatible con la democracia como él la entiende. Pero en esas manifestaciones el ministro no puede dejar de saber que incursiona en funciones que no son suyas sino del ministro, ministra en este momento, del Interior. Amén de ello Botero ha sido corregido explícitamente por el propio presidente de la República. Inclusive, por presión de opinión expresada en medios, Botero tuvo que rectificar, pero lo hizo a medias.

El Espectador informó el sábado sobre el congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se desarrollaba en Santa Marta. Fue allí donde se reveló el estudio del gremio sobre los problemas que afectan a la empresa privada. Más de 20 riesgos y amenazas detectó la investigación que van desde el ámbito político y social hasta el tributario.

Sobre las protestas el informe advierte: “Las luchas sociales se han convertido en un factor de decisión para proveer bienes y servicios públicos sin un previo análisis técnico. Estas vías de hecho conducen a realizar inversión pública en sectores específicos de la sociedad y no en políticas de impacto general”. Otro riesgo advertido por el estudio son las consultas previas. De esta manera, las principales amenazas que enfrenta la empresa privada se podrían resumir en tres aspectos: muchas normas, impuestos y protestas. En el informe no aparece que la protesta sea financiada por grupos ilegales. ¿De dónde saca esto el ministro?

El debate de control político anunciado sobre el tema por parlamentarios de la oposición es magnífica oportunidad para que el ministro Botero muestre la seriedad de lo que está afirmando una y otra vez, con impactos y consecuencias tan negativas. El que se supone protector de las libertades públicas no puede convertirse, por una idea de interés gremial, en el justificador de agresiones contra líderes y movimientos de protesta cuando está en curso una ola de exterminio contra ellos. Las reiteradas posturas del ministro respecto a la protesta social y sus líderes denotan un desconocimiento palmario de derechos fundamentales.

Dado que aquí no puedo extenderme en asunto de tanta gravedad, llamo la atención de los lectores sobre dos textos esclarecedores, el publicado en este diario hace pocos días con el título: “Así financian la protesta social los indígenas del Cauca” y el publicado por el semanario virtual Razón Pública el 23 de julio pasado, con autoría de los investigadores Mauricio Archila y Martha Cecilia García del Cinep: “Reglamentar la protesta social: pero ¿cómo?”.

Las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA, el viernes 14 de septiembre en Cúcuta, tampoco son un lapsus. Absolutamente insólito que quien, por su investidura en un organismo multinacional, tiene una función de distensión y mediación sea quien eche leña al fuego en una situación tan delicada como la de Venezuela. Claro está que la situación particular de un país puede ser motivo de preocupación de algunos, o de muchos países. La guerra interna colombiana era percibida como un problema de todo el continente. Pero ello no autoriza a intervenciones abusivas de nadie en ninguna parte, ni siquiera a título humanitario como ahora se dice. Cada país debe lidiar con sus propios problemas y solucionarlos por las vías que escoja, y en el caso de Venezuela, que se reclama como país con un sistema democrático de gobierno, las soluciones deben ser democráticas. En ese terreno, político y diplomático, sí es normal que un país reciba manifestaciones y aun presiones de las demás comunidades nacionales y gobiernos.

La Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima el 11 de septiembre de 2001, en su “Sección IV: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, en ningún momento contempla la posibilidad de intervención militar, al contrario, enfatiza y reitera el empleo de medios diplomáticos. Son seis incisivos artículos dedicados a ello. Almagro, como secretario general de la OEA, no puede declarar ni ir más allá de estas disposiciones. Ni desesperarse.

Por su parte El País (España) informó el domingo: “Once de los catorce gobiernos que conforman el Grupo de Lima expresaron este sábado su “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela”, según un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Colombia, pese a ser uno de los miembros, no adhirió al pronunciamiento. El Grupo de Lima, creado en 2017 para colaborar en resolver la crisis venezolana, también está integrado por Canadá y Guyana.

Hay un riesgo de que estas situaciones empeoren. Necesario es revertirlas a tiempo. Advertencias al respecto las hace León Valencia en su columna virtual de esta semana sobre Colombia, y las preocupantes tendencias que se advierten en un nivel más general son señaladas por el sociólogo Sam Richards (Semana) y por el excandidato presidencial demócrata Bernie Sanders (The Guardian).

@luisisandoval

lucho_sando@yahoo.es

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