El papel de las constituciones es hoy muy relativo en razón de la crisis del Estado-Nación. Esta crisis se origina en los procesos propios de la globalización y sociedad líquida contemporánea en la que las grandes corporaciones transnacionales adquieren un poder desmedido. En el fondo es el imperio del mercado que impone sus condiciones por encima de normas, instituciones y autoridades que, no obstante, conservan el nombre de nacionales.
En Colombia, aparte del impacto de la globalización, tenemos circunstancias propias que relativizan el alcance de la constitución escrita. Hace tiempo se observó que existe un país real y un país formal (Diego Montaña Cuéllar), que hay partes fundamentales de la institucionalidad pública que operan con un margen de autonomía tal que cabe hablar de la existencia de dos constituciones, una para el común de los ciudadanos y otra para las fuerzas militares (Carlos Jiménez Gómez) y que, al lado de las instituciones formales, sobreponiéndose a ellas y avasallándolas existe lo que se ha dado en llamar el régimen (Álvaro Gómez Hurtado) que es un sistema de complicidades para hacer de los bienes públicos un botín que se reparte entre privados poderosos (mafias incluidas).
Se gobierna al margen y por fuera de la constitución, realmente en contra de ella. La Constitución colombiana de 1991 tiene un desfase y una ambigüedad de origen y es que, al tiempo que se consagraba en la Carta el desiderátum colectivo de un Estado Social de Derecho, por parte de los mismos actores, con su acción, su permisividad o su ignorancia, se estaban poniendo las bases de un modelo económico neoliberal que hacía nugatoria la solemne declaración de los supuestos fines sociales del Estado.
Aun aceptando que la Carta del 91 tiene un carácter más moderno y más incluyente que las fórmulas anteriores de Frente Nacional y las consagradas en la Constitución de 1886, reformada en importantes aspectos por influencia de las posiciones progresistas del liberalismo político y social, y que ella significó un paso de enorme trascendencia con miras a la paz política, aun así hay que constatar que es un pacto incompleto e inconcluso en el que no participaron todos los actores presentes en el escenario de la guerra política (FARC, ELN…), ni se trataron todos los temas que era necesario tratar para asegurar un orden estable y duradero de democracia política y democratización social (ordenamiento territorial, fuerzas militares…).
Al presente, en virtud del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016, las FARC quedan incluidas en el pacto constituyente. Pero este, en conjunto, sigue siendo un pacto incompleto e inconcluso, además de incumplido, como se tiene claramente establecido y aceptado.
Sin embargo, las constituciones nacionales en las condiciones imperantes en el siglo XXI juegan un papel de resistencia de los pueblos, que no puede soslayarse, ante la pérdida sustancial de soberanía, las formas depredadoras de economía y las modalidades opresivas de gobierno que, en interés del capital globalizado, particularmente financiero, con momentos sucesivos de auge y de crisis, se siguen imponiendo. Se advierte que, con este sentido, el fenómeno constitucional reaparece no solo en el ámbito nacional (Ecuador, Bolivia, Chile) sino también en el supranacional (Constitución Europea) y subnacional (constituyentes municipales y regionales en Colombia, Argentina, México).
Este trigésimo aniversario de la Constitución Política colombiana encuentra al país inmerso en un proceso atípico de transición turbulenta no solo de la guerra a la paz, sino de una república elitista, violenta y corrupta (Arcadia regresiva), a una república democrática y social (Arcadia progresista).
En el centro de los acontecimientos y los debates políticos está el dilema de si el país construye o no una democracia robusta sacando total y definitivamente las armas de la política y abriendo amplio espacio al protagonismo ciudadano, social y popular con el empleo sin cortapisas de todas las formas de lucha civil y civilista.
El aniversario de la Constitución brinda una oportunidad excepcional para hacer claridad sobre los proyectos de país que están en juego: el autoritario y premoderno y el democrático sintonizado con los signos de los tiempos.
El papel de las constituciones es hoy muy relativo en razón de la crisis del Estado-Nación. Esta crisis se origina en los procesos propios de la globalización y sociedad líquida contemporánea en la que las grandes corporaciones transnacionales adquieren un poder desmedido. En el fondo es el imperio del mercado que impone sus condiciones por encima de normas, instituciones y autoridades que, no obstante, conservan el nombre de nacionales.
En Colombia, aparte del impacto de la globalización, tenemos circunstancias propias que relativizan el alcance de la constitución escrita. Hace tiempo se observó que existe un país real y un país formal (Diego Montaña Cuéllar), que hay partes fundamentales de la institucionalidad pública que operan con un margen de autonomía tal que cabe hablar de la existencia de dos constituciones, una para el común de los ciudadanos y otra para las fuerzas militares (Carlos Jiménez Gómez) y que, al lado de las instituciones formales, sobreponiéndose a ellas y avasallándolas existe lo que se ha dado en llamar el régimen (Álvaro Gómez Hurtado) que es un sistema de complicidades para hacer de los bienes públicos un botín que se reparte entre privados poderosos (mafias incluidas).
Se gobierna al margen y por fuera de la constitución, realmente en contra de ella. La Constitución colombiana de 1991 tiene un desfase y una ambigüedad de origen y es que, al tiempo que se consagraba en la Carta el desiderátum colectivo de un Estado Social de Derecho, por parte de los mismos actores, con su acción, su permisividad o su ignorancia, se estaban poniendo las bases de un modelo económico neoliberal que hacía nugatoria la solemne declaración de los supuestos fines sociales del Estado.
Aun aceptando que la Carta del 91 tiene un carácter más moderno y más incluyente que las fórmulas anteriores de Frente Nacional y las consagradas en la Constitución de 1886, reformada en importantes aspectos por influencia de las posiciones progresistas del liberalismo político y social, y que ella significó un paso de enorme trascendencia con miras a la paz política, aun así hay que constatar que es un pacto incompleto e inconcluso en el que no participaron todos los actores presentes en el escenario de la guerra política (FARC, ELN…), ni se trataron todos los temas que era necesario tratar para asegurar un orden estable y duradero de democracia política y democratización social (ordenamiento territorial, fuerzas militares…).
Al presente, en virtud del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016, las FARC quedan incluidas en el pacto constituyente. Pero este, en conjunto, sigue siendo un pacto incompleto e inconcluso, además de incumplido, como se tiene claramente establecido y aceptado.
Sin embargo, las constituciones nacionales en las condiciones imperantes en el siglo XXI juegan un papel de resistencia de los pueblos, que no puede soslayarse, ante la pérdida sustancial de soberanía, las formas depredadoras de economía y las modalidades opresivas de gobierno que, en interés del capital globalizado, particularmente financiero, con momentos sucesivos de auge y de crisis, se siguen imponiendo. Se advierte que, con este sentido, el fenómeno constitucional reaparece no solo en el ámbito nacional (Ecuador, Bolivia, Chile) sino también en el supranacional (Constitución Europea) y subnacional (constituyentes municipales y regionales en Colombia, Argentina, México).
Este trigésimo aniversario de la Constitución Política colombiana encuentra al país inmerso en un proceso atípico de transición turbulenta no solo de la guerra a la paz, sino de una república elitista, violenta y corrupta (Arcadia regresiva), a una república democrática y social (Arcadia progresista).
En el centro de los acontecimientos y los debates políticos está el dilema de si el país construye o no una democracia robusta sacando total y definitivamente las armas de la política y abriendo amplio espacio al protagonismo ciudadano, social y popular con el empleo sin cortapisas de todas las formas de lucha civil y civilista.
El aniversario de la Constitución brinda una oportunidad excepcional para hacer claridad sobre los proyectos de país que están en juego: el autoritario y premoderno y el democrático sintonizado con los signos de los tiempos.