En el campo de la paz la paciencia es productiva si es activa.
Es lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Paz. Pacientemente el Comité de Impulso al Consejo y las Iniciativas de Paz han mantenido la exigencia para que el organismo sea convocado y funcione. Pacientemente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha recibido y procesado la presión a través del invariable proceder metódico de Sergio Jaramillo y su equipo.
Novedosa la participación en la que el Estado tiende a socializarse en lugar de que la sociedad tienda a estatizarse. Lo digo en razón del sentido y alcance de los dos pasos más importantes que el CNP ha dado hasta ahora: ampliarse casi hasta doblar los sectores integrantes, pasó de 17 a 33 sectores, de 60 a 92 integrantes, y adoptar una agenda o plan de trabajo con énfasis en la pedagogía de paz, paz territorial, implementación de acuerdos y garantías de no repetición.
La ley 434 de 1998 prevé 17 sectores de sociedad civil como integrantes del Consejo: iglesias, sindicatos, empresarios del sector comercial, industrial y agropecuario, organizaciones nacionales campesinas, indígenas y de comunidades negras, militares en retiro, organizaciones para la protección y defensa de los derechos de la mujer, organizaciones para el logro de la paz, organizaciones por la defensa de los derechos humanos, universidades, desmovilizados de anteriores procesos de paz, desplazados, organizaciones de defensa de los derechos del niño, sector solidario de la economía.
El 5 de agosto en virtud de las facultades que la ley confiere al Consejo éste aprobó 16 sectores nuevos: víctimas del conflicto armado, acompañantes de víctimas, jueces y funcionarios judiciales, pueblo rom, organizaciones juveniles, ambientalistas, arte y cultura, LGBTI, población en condición de discapacidad, colombianos en el exterior, acción comunal, sector empresarial independiente, productores agropecuarios independientes, medios de comunicación, organizaciones de mujeres de carácter nacional que trabajan por la paz, movimientos sociopolíticos (Colombianos y Colombianas por la Paz, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos).
El 4 de septiembre el Consejo aprobó una Agenda de trabajo cuya primera realización será el Encuentro Nacional de Pedagogía y Comunicación para la Paz el 1 y 2 de octubre. Luego, posiblemente en Villavicencio, hacia el mes de noviembre, se aborde el tema estructurante de paz territorial tomando en cuenta que existen Consejos constituidos en 165 municipios y 18 departamentos, no todos activos (FIP para OACP). Recientemente se reactivó el Consejo del Meta y en próximos días lo hará el de San Vicente del Caguán.
¿Para qué van a servir los Consejos repontencializados? Serán un espacio de encuentro de Estado y Sociedad que contribuirá eficazmente a formar una voluntad nacional/regional de paz y a consolidar una política sostenible de paz de Estado para la década que sigue. La idea-brújula es volcar la sociedad a la paz.
Se elegirá en próxima sesión el Comité Nacional, equipo mixto público-societal de 7 personas encargado de ejecutar, junto con la Secretaría Técnica, las decisiones del Consejo, coordinar actividades, cumplir las misiones que le confíe el Presidente de la República y ejercer la vocería pública del Consejo a través de una presidencia colegiada de tres integrantes. El Consejo Nacional y los Consejos Municipales y Departamentales de Paz no pueden actuar solos, es preciso que articulen acciones con los Comités de Justicia Transicional (Ley 1448), con los Consejos de Planeación y otros organismos como lo prevé la nueva Ley de Participación (1757 de 2015).
Increíble la aventura de construir paz en medio de todo tipo de dificultades. Se logrará con la persistencia de la gota de agua sobre la roca.
En el campo de la paz la paciencia es productiva si es activa.
Es lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Paz. Pacientemente el Comité de Impulso al Consejo y las Iniciativas de Paz han mantenido la exigencia para que el organismo sea convocado y funcione. Pacientemente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha recibido y procesado la presión a través del invariable proceder metódico de Sergio Jaramillo y su equipo.
Novedosa la participación en la que el Estado tiende a socializarse en lugar de que la sociedad tienda a estatizarse. Lo digo en razón del sentido y alcance de los dos pasos más importantes que el CNP ha dado hasta ahora: ampliarse casi hasta doblar los sectores integrantes, pasó de 17 a 33 sectores, de 60 a 92 integrantes, y adoptar una agenda o plan de trabajo con énfasis en la pedagogía de paz, paz territorial, implementación de acuerdos y garantías de no repetición.
La ley 434 de 1998 prevé 17 sectores de sociedad civil como integrantes del Consejo: iglesias, sindicatos, empresarios del sector comercial, industrial y agropecuario, organizaciones nacionales campesinas, indígenas y de comunidades negras, militares en retiro, organizaciones para la protección y defensa de los derechos de la mujer, organizaciones para el logro de la paz, organizaciones por la defensa de los derechos humanos, universidades, desmovilizados de anteriores procesos de paz, desplazados, organizaciones de defensa de los derechos del niño, sector solidario de la economía.
El 5 de agosto en virtud de las facultades que la ley confiere al Consejo éste aprobó 16 sectores nuevos: víctimas del conflicto armado, acompañantes de víctimas, jueces y funcionarios judiciales, pueblo rom, organizaciones juveniles, ambientalistas, arte y cultura, LGBTI, población en condición de discapacidad, colombianos en el exterior, acción comunal, sector empresarial independiente, productores agropecuarios independientes, medios de comunicación, organizaciones de mujeres de carácter nacional que trabajan por la paz, movimientos sociopolíticos (Colombianos y Colombianas por la Paz, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos).
El 4 de septiembre el Consejo aprobó una Agenda de trabajo cuya primera realización será el Encuentro Nacional de Pedagogía y Comunicación para la Paz el 1 y 2 de octubre. Luego, posiblemente en Villavicencio, hacia el mes de noviembre, se aborde el tema estructurante de paz territorial tomando en cuenta que existen Consejos constituidos en 165 municipios y 18 departamentos, no todos activos (FIP para OACP). Recientemente se reactivó el Consejo del Meta y en próximos días lo hará el de San Vicente del Caguán.
¿Para qué van a servir los Consejos repontencializados? Serán un espacio de encuentro de Estado y Sociedad que contribuirá eficazmente a formar una voluntad nacional/regional de paz y a consolidar una política sostenible de paz de Estado para la década que sigue. La idea-brújula es volcar la sociedad a la paz.
Se elegirá en próxima sesión el Comité Nacional, equipo mixto público-societal de 7 personas encargado de ejecutar, junto con la Secretaría Técnica, las decisiones del Consejo, coordinar actividades, cumplir las misiones que le confíe el Presidente de la República y ejercer la vocería pública del Consejo a través de una presidencia colegiada de tres integrantes. El Consejo Nacional y los Consejos Municipales y Departamentales de Paz no pueden actuar solos, es preciso que articulen acciones con los Comités de Justicia Transicional (Ley 1448), con los Consejos de Planeación y otros organismos como lo prevé la nueva Ley de Participación (1757 de 2015).
Increíble la aventura de construir paz en medio de todo tipo de dificultades. Se logrará con la persistencia de la gota de agua sobre la roca.