Un clamor gigantesco de millones de gargantas se escuchó en la tarde del 26 de julio en decenas de ciudades de Colombia y del mundo entero por la vida de los líderes sociales y excombatientes de la guerrilla que firmó la paz. La convocatoria hecha por el movimiento Defendamos la Paz (DLP), originada en la creciente indignación por el asesinato continuado de líderes sociales, a la cual oportunamente hizo eco Humberto de la Calle, comprometido sin reserva con la paz, tuvo una acogida extraordinaria.
El histórico grito fue protagonizado por un conjunto multitudinario, inéditamente plural, movido por el poder de las redes sociales y apoyado por medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Más de 100 ciudades en el país y en el exterior fueron escenario de actos por la vida y la paz. La demanda de la ciudadanía, volcada a calles y plazas, no fue un ruego de clemencia para generar acción humanitaria, sino una exigencia primaria de garantías para el ejercicio legítimo de derechos a una institucionalidad que se supone democrática.
Algunos de los líderes de la convocatoria consideraron conducente vincular al Gobierno a la marcha y por ello invitaron directamente al presidente de la República para que estuviera en ella. Con este gesto, siguiendo el espíritu de Ermua, querían hacer que el gobernante compartiera el sentido del reclamo de la ciudadanía movilizada y mostrara una disposición real a combatir el fenómeno con los recursos institucionales en sus manos. Fresco está en la retina de los colombianos el desfile del 20 de julio que muestra cada año el enorme poder militar y policial del Estado colombiano cuya función central es la salvaguarda de la vida de todos los asociados.
El espíritu de Ermua hace referencia al secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, en el norte de España en julio de 1997, por parte de ETA. El secuestro del concejal, encaminado a obtener el traslado de presos de ETA a cárceles del país vasco, fue rechazado por el gobierno de José María Aznar. La muerte de Blanco dio lugar a manifestaciones unánimes de repudio al terrorismo por parte de las fuerzas sociales y políticas de la sociedad española.
El gobierno del presidente Iván Duque utilizó el gesto de amplitud no tanto para aceptar su responsabilidad como garante de la vida de todos, sino para declararse víctima de grupos armados ilegales de toda índole a los cuales es incapaz de contener y menos doblegar, o carece de voluntad política para hacerlo. Los marchantes en Cartagena de Indias, donde el presidente se hizo presente con algunos de sus ministros, no creyeron en la sinceridad del sentimiento de solidaridad del presidente, el cual fue objeto de abucheos que concluyeron con su abandono de la calle.
El debate ahora, después de la contundente expresión ciudadana, se orienta a establecer cómo darle eficacia a la exigencia de garantías para la vida y actividad de los líderes, lideresas y excombatientes. Las autoridades de gobierno y judiciales dicen estar haciendo todo lo posible, que las muertes muestran índices ciertos de estar disminuyendo, que los autores y sus motivaciones protervas están siendo esclarecidos por fiscales y jueces de la república.
Sin embargo, el hecho es que continúan las muertes de líderes como lo muestra el asesinato, pocas horas después de concluidas las marchas, de la lideresa Yissela Trujillo en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; también su esposo falleció como resultado de la agresión por parte de sicarios. La líder social y su familia habían denunciado amenazas lo cual no produjo la consecuente acción de protección por las autoridades concernidas. No puede aceptarse la tesis gubernamental de que el problema está en vías de solución. El exterminio de líderes y excombatientes sigue su curso implacable.
En busca de eficacia al grito multitudinario del 26 de julio, se sugiere desde la activación del pacto por la vida, contra el terror y para sacar la violencia de la política, a nivel nacional y regional (junio de 2017, julio y agosto de 2018), hasta acciones de autoprotección social como los apadrinamientos de líderes amenazados, que son centenares, cerca de mil según la Defensoría del Pueblo, por parte de personas que tengan capacidad de hacer oír su voz para obtener amparo oportuno ante la sociedad, la institucionalidad y los diversos medios de información y comunicación.
En el intermedio hay múltiples propuestas para que el gobierno, en lugar de crear instancias paralelas a las ya existentes por ley y por acuerdos con movimientos sociales y con movimientos firmantes de acuerdos de paz, cumpla precisamente de buena fe con tales acuerdos; avance en el entendimiento directo con voceros de los sectores afectados por la saga de victimización; les dé eficacia a comisiones de garantías, mesas de concertación para la seguridad comunitaria, alertas tempranas de la Defensoría y otras entidades y organizaciones sociales; haga seguimiento de las directrices impartidas por la Procuraduría General a autoridades públicas a todo nivel, y lo propio con la regular rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General; asegure capacidad real a la Unidad Nacional de Protección, en recursos y personal, para reaccionar oportuna y eficazmente. Especial importancia se atribuye al cumplimiento de los acuerdos sobre restitución de tierras y sustitución de cultivos donde poderes fácticos quieren mantener el control en contra del legítimo interés y derecho de los campesinos.
Se ha observado que no se pueden confiar responsabilidades públicas de protección y direccionamiento de la fuerza pública a funcionarios que, fuera del espíritu republicano, participan de prejuicios sobre el papel del liderazgo social y alimentan la estigmatización que luego se traduce en accionar de los gatillos con efectos letales para la vida y para el tranquilo ejercicio de las libertades democráticas y la protesta social. Resulta obvio que el actual ministro de Defensa está realmente fuera de lugar.
En un terreno de mayor amplitud, algunos analistas consideran que es preciso desactivar todas las formas de violencia de manera sostenida y consistente no sólo por la vía represiva ante la contumacia, sino también apelando a recursos excepcionales pero enteramente válidos como el acogimiento a la justicia para clanes y mafias y diálogos políticos de paz con grupos insurgentes. Este enfoque integral de desactivación de la violencia es preciso ponerlo en práctica sin dilación y pasar a la fase superior de la reconciliación.
Inclusive se recuerda que en el año 2001 se frustró la adopción de una política de seguridad y defensa (Ley 684, declarada inexequible) y que ese vacío sigue existiendo y urge superarlo; igualmente, que el cambio de doctrina militar y los cambios necesarios en las fuerzas armadas y de policía no fueron abordados por el constituyente del 91, que el tema ha estado excluido de las conversaciones de paz, que se mantiene vigente el enfoque consagrado en el memorable discurso del entonces presidente electo Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958.
El país necesita abordar en profundidad el tema del monopolio garantista de la fuerza en manos del Estado y analizar con seriedad y serenidad los cambios que es preciso introducir en la institucionalidad armada en el pos-Acuerdo de Paz. De ello se ocupa con la competencia que le es reconocida el profesor Francisco Leal Buitrago en texto publicado por la revista Nueva Sociedad: “Militares y construcción de paz en la Colombia actual” (edición de noviembre-diciembre de 2018).
Hay acciones que no dan espera, otras requieren deliberación y búsqueda de acuerdos y aun de consensos. DLP, a través de los mecanismos que estime pertinentes, necesita clarificar, concretar y materializar los propósitos de la formidable marcha del 26 de julio. La situación posterior a la marcha es la de un movimiento legítimo, muy potente, cuya vocería no puede ser desconocida por las autoridades. El impacto de la marcha no puede diluirse. DLP necesita acuerdo interno sobre metas y propuestas definidas y una ruta de incidencia y diálogo con el gobierno al que se exige cumplimiento irrestricto de sus deberes constitucionales. Clave mantener la iniciativa política autónoma de la sociedad en busca de eficacia para el grito ciudadano del 26 de julio.
@luisisandoval, lucho_sando@yahoo.es
Un clamor gigantesco de millones de gargantas se escuchó en la tarde del 26 de julio en decenas de ciudades de Colombia y del mundo entero por la vida de los líderes sociales y excombatientes de la guerrilla que firmó la paz. La convocatoria hecha por el movimiento Defendamos la Paz (DLP), originada en la creciente indignación por el asesinato continuado de líderes sociales, a la cual oportunamente hizo eco Humberto de la Calle, comprometido sin reserva con la paz, tuvo una acogida extraordinaria.
El histórico grito fue protagonizado por un conjunto multitudinario, inéditamente plural, movido por el poder de las redes sociales y apoyado por medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Más de 100 ciudades en el país y en el exterior fueron escenario de actos por la vida y la paz. La demanda de la ciudadanía, volcada a calles y plazas, no fue un ruego de clemencia para generar acción humanitaria, sino una exigencia primaria de garantías para el ejercicio legítimo de derechos a una institucionalidad que se supone democrática.
Algunos de los líderes de la convocatoria consideraron conducente vincular al Gobierno a la marcha y por ello invitaron directamente al presidente de la República para que estuviera en ella. Con este gesto, siguiendo el espíritu de Ermua, querían hacer que el gobernante compartiera el sentido del reclamo de la ciudadanía movilizada y mostrara una disposición real a combatir el fenómeno con los recursos institucionales en sus manos. Fresco está en la retina de los colombianos el desfile del 20 de julio que muestra cada año el enorme poder militar y policial del Estado colombiano cuya función central es la salvaguarda de la vida de todos los asociados.
El espíritu de Ermua hace referencia al secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, en el norte de España en julio de 1997, por parte de ETA. El secuestro del concejal, encaminado a obtener el traslado de presos de ETA a cárceles del país vasco, fue rechazado por el gobierno de José María Aznar. La muerte de Blanco dio lugar a manifestaciones unánimes de repudio al terrorismo por parte de las fuerzas sociales y políticas de la sociedad española.
El gobierno del presidente Iván Duque utilizó el gesto de amplitud no tanto para aceptar su responsabilidad como garante de la vida de todos, sino para declararse víctima de grupos armados ilegales de toda índole a los cuales es incapaz de contener y menos doblegar, o carece de voluntad política para hacerlo. Los marchantes en Cartagena de Indias, donde el presidente se hizo presente con algunos de sus ministros, no creyeron en la sinceridad del sentimiento de solidaridad del presidente, el cual fue objeto de abucheos que concluyeron con su abandono de la calle.
El debate ahora, después de la contundente expresión ciudadana, se orienta a establecer cómo darle eficacia a la exigencia de garantías para la vida y actividad de los líderes, lideresas y excombatientes. Las autoridades de gobierno y judiciales dicen estar haciendo todo lo posible, que las muertes muestran índices ciertos de estar disminuyendo, que los autores y sus motivaciones protervas están siendo esclarecidos por fiscales y jueces de la república.
Sin embargo, el hecho es que continúan las muertes de líderes como lo muestra el asesinato, pocas horas después de concluidas las marchas, de la lideresa Yissela Trujillo en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; también su esposo falleció como resultado de la agresión por parte de sicarios. La líder social y su familia habían denunciado amenazas lo cual no produjo la consecuente acción de protección por las autoridades concernidas. No puede aceptarse la tesis gubernamental de que el problema está en vías de solución. El exterminio de líderes y excombatientes sigue su curso implacable.
En busca de eficacia al grito multitudinario del 26 de julio, se sugiere desde la activación del pacto por la vida, contra el terror y para sacar la violencia de la política, a nivel nacional y regional (junio de 2017, julio y agosto de 2018), hasta acciones de autoprotección social como los apadrinamientos de líderes amenazados, que son centenares, cerca de mil según la Defensoría del Pueblo, por parte de personas que tengan capacidad de hacer oír su voz para obtener amparo oportuno ante la sociedad, la institucionalidad y los diversos medios de información y comunicación.
En el intermedio hay múltiples propuestas para que el gobierno, en lugar de crear instancias paralelas a las ya existentes por ley y por acuerdos con movimientos sociales y con movimientos firmantes de acuerdos de paz, cumpla precisamente de buena fe con tales acuerdos; avance en el entendimiento directo con voceros de los sectores afectados por la saga de victimización; les dé eficacia a comisiones de garantías, mesas de concertación para la seguridad comunitaria, alertas tempranas de la Defensoría y otras entidades y organizaciones sociales; haga seguimiento de las directrices impartidas por la Procuraduría General a autoridades públicas a todo nivel, y lo propio con la regular rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General; asegure capacidad real a la Unidad Nacional de Protección, en recursos y personal, para reaccionar oportuna y eficazmente. Especial importancia se atribuye al cumplimiento de los acuerdos sobre restitución de tierras y sustitución de cultivos donde poderes fácticos quieren mantener el control en contra del legítimo interés y derecho de los campesinos.
Se ha observado que no se pueden confiar responsabilidades públicas de protección y direccionamiento de la fuerza pública a funcionarios que, fuera del espíritu republicano, participan de prejuicios sobre el papel del liderazgo social y alimentan la estigmatización que luego se traduce en accionar de los gatillos con efectos letales para la vida y para el tranquilo ejercicio de las libertades democráticas y la protesta social. Resulta obvio que el actual ministro de Defensa está realmente fuera de lugar.
En un terreno de mayor amplitud, algunos analistas consideran que es preciso desactivar todas las formas de violencia de manera sostenida y consistente no sólo por la vía represiva ante la contumacia, sino también apelando a recursos excepcionales pero enteramente válidos como el acogimiento a la justicia para clanes y mafias y diálogos políticos de paz con grupos insurgentes. Este enfoque integral de desactivación de la violencia es preciso ponerlo en práctica sin dilación y pasar a la fase superior de la reconciliación.
Inclusive se recuerda que en el año 2001 se frustró la adopción de una política de seguridad y defensa (Ley 684, declarada inexequible) y que ese vacío sigue existiendo y urge superarlo; igualmente, que el cambio de doctrina militar y los cambios necesarios en las fuerzas armadas y de policía no fueron abordados por el constituyente del 91, que el tema ha estado excluido de las conversaciones de paz, que se mantiene vigente el enfoque consagrado en el memorable discurso del entonces presidente electo Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958.
El país necesita abordar en profundidad el tema del monopolio garantista de la fuerza en manos del Estado y analizar con seriedad y serenidad los cambios que es preciso introducir en la institucionalidad armada en el pos-Acuerdo de Paz. De ello se ocupa con la competencia que le es reconocida el profesor Francisco Leal Buitrago en texto publicado por la revista Nueva Sociedad: “Militares y construcción de paz en la Colombia actual” (edición de noviembre-diciembre de 2018).
Hay acciones que no dan espera, otras requieren deliberación y búsqueda de acuerdos y aun de consensos. DLP, a través de los mecanismos que estime pertinentes, necesita clarificar, concretar y materializar los propósitos de la formidable marcha del 26 de julio. La situación posterior a la marcha es la de un movimiento legítimo, muy potente, cuya vocería no puede ser desconocida por las autoridades. El impacto de la marcha no puede diluirse. DLP necesita acuerdo interno sobre metas y propuestas definidas y una ruta de incidencia y diálogo con el gobierno al que se exige cumplimiento irrestricto de sus deberes constitucionales. Clave mantener la iniciativa política autónoma de la sociedad en busca de eficacia para el grito ciudadano del 26 de julio.
@luisisandoval, lucho_sando@yahoo.es