Colombia fue capaz de llegar a acuerdos de paz en La Habana con las Farc e intenta hacer lo propio con el Eln en Quito, pero hay síntomas preocupantes de que pueda cumplir lo pactado. Surge la incertidumbre por las dificultades que todos los días aparecen en el terreno político.
La negativa de los Presidentes de Senado y Cámara para que guerrilleros que ya quemaron las naves y otros que están en diálogos de paz entraran al recinto del Congreso es expresión de la resistencia existente.
Al gobierno del Presidente Santos se reconoce con justicia que aceptó el carácter político del conflicto armado interno, abrió diálogos de paz y perseveró en ellos hasta culminar con la firma de los acuerdos, superando obstáculos tan serios como el resultado adverso del plebiscito el 2 de octubre de 2016.
No obstante, parecería que el convencimiento de las fuerzas políticas santistas solo llega hasta la paz negativa y no alcanza a la paz positiva, es decir, quieren el silenciamiento de los fusiles pero no es plena su decisión respecto a que cambien las condiciones para hacer política y menos aún que haya cambios sustanciales en las condiciones sociales que motivaron la confrontación durante más de medio siglo.
Ello puede barruntarse en el hecho de que los liderazgos políticos y autoridades públicas no hacen uso de todos los recursos a su alcance para detener las agresiones sistemáticas contra los activistas sociales.
Entre las fuerzas de izquierda y progresistas también hay matices notables: unos respaldan sin vacilación lo pactado con la mayor de las guerrillas; otros rodean los nuevos diálogos pero con mucha dependencia del ritmo de la guerrilla; otros consideran que la paz de Santos es un embeleco, paz “perrata” que no merece defensa.
Otros estiman que la paz es buena pero que al ser obra de un gobierno enmermelado y casado con un modelo económico extractivista, lo central es combatir sin atenuantes el mal gobierno. La oposición de derecha arguye que los acuerdos son una concesión excesiva a la guerrilla y que a los bárbaros “portadores del castro-chavismo” no se les puede habilitar para hacer política, sino que deben ir a la cárcel.
O sea, en resumen, la paz de Colombia es comprendida y apoyada ampliamente en el exterior pero poco comprendida y apoyada en el interior. La llegada de la paz, en vez de feliz desenlace, está desembocando en mayor polarización hasta el punto de que analistas vislumbran el riesgo de que el gobierno que se elija en mayo 2018 no sea un gobierno afecto a la paz.
La implementación muestra inconsistencias y rezagos inocultables, la dejación de armas está retrasada no por causa de los insurgentes sino de los dispositivos que deben asegurar el Gobierno Colombiano y Naciones Unidas, el fast track aplicado al trámite de las leyes que desarrollan los acuerdos ciertamente avanza pero las mayorías a favor son cada día más reducidas.
Ante este complejo panorama se dinamiza de nuevo un movimiento social de paz desde las regiones, las organizaciones populares, las expresiones políticas pro paz, la academia crítica y propositiva, los círculos de cultura, las iniciativas ciudadanas y las víctimas que convierten su dolor en conciencia política transformadora.
Este movimiento, con amplia presencia de jóvenes, que asume que la paz lograda es imperfecta pero perfectible, viene de las movilizaciones pos-plebiscito y es el que acaba de realizar altivo, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en grandes carpas blancas, un Congreso de Paz que levantó y aprobó la propuesta de Pacto Regional Nacional por la Vida y la Paz.
@luisisandoval
Colombia fue capaz de llegar a acuerdos de paz en La Habana con las Farc e intenta hacer lo propio con el Eln en Quito, pero hay síntomas preocupantes de que pueda cumplir lo pactado. Surge la incertidumbre por las dificultades que todos los días aparecen en el terreno político.
La negativa de los Presidentes de Senado y Cámara para que guerrilleros que ya quemaron las naves y otros que están en diálogos de paz entraran al recinto del Congreso es expresión de la resistencia existente.
Al gobierno del Presidente Santos se reconoce con justicia que aceptó el carácter político del conflicto armado interno, abrió diálogos de paz y perseveró en ellos hasta culminar con la firma de los acuerdos, superando obstáculos tan serios como el resultado adverso del plebiscito el 2 de octubre de 2016.
No obstante, parecería que el convencimiento de las fuerzas políticas santistas solo llega hasta la paz negativa y no alcanza a la paz positiva, es decir, quieren el silenciamiento de los fusiles pero no es plena su decisión respecto a que cambien las condiciones para hacer política y menos aún que haya cambios sustanciales en las condiciones sociales que motivaron la confrontación durante más de medio siglo.
Ello puede barruntarse en el hecho de que los liderazgos políticos y autoridades públicas no hacen uso de todos los recursos a su alcance para detener las agresiones sistemáticas contra los activistas sociales.
Entre las fuerzas de izquierda y progresistas también hay matices notables: unos respaldan sin vacilación lo pactado con la mayor de las guerrillas; otros rodean los nuevos diálogos pero con mucha dependencia del ritmo de la guerrilla; otros consideran que la paz de Santos es un embeleco, paz “perrata” que no merece defensa.
Otros estiman que la paz es buena pero que al ser obra de un gobierno enmermelado y casado con un modelo económico extractivista, lo central es combatir sin atenuantes el mal gobierno. La oposición de derecha arguye que los acuerdos son una concesión excesiva a la guerrilla y que a los bárbaros “portadores del castro-chavismo” no se les puede habilitar para hacer política, sino que deben ir a la cárcel.
O sea, en resumen, la paz de Colombia es comprendida y apoyada ampliamente en el exterior pero poco comprendida y apoyada en el interior. La llegada de la paz, en vez de feliz desenlace, está desembocando en mayor polarización hasta el punto de que analistas vislumbran el riesgo de que el gobierno que se elija en mayo 2018 no sea un gobierno afecto a la paz.
La implementación muestra inconsistencias y rezagos inocultables, la dejación de armas está retrasada no por causa de los insurgentes sino de los dispositivos que deben asegurar el Gobierno Colombiano y Naciones Unidas, el fast track aplicado al trámite de las leyes que desarrollan los acuerdos ciertamente avanza pero las mayorías a favor son cada día más reducidas.
Ante este complejo panorama se dinamiza de nuevo un movimiento social de paz desde las regiones, las organizaciones populares, las expresiones políticas pro paz, la academia crítica y propositiva, los círculos de cultura, las iniciativas ciudadanas y las víctimas que convierten su dolor en conciencia política transformadora.
Este movimiento, con amplia presencia de jóvenes, que asume que la paz lograda es imperfecta pero perfectible, viene de las movilizaciones pos-plebiscito y es el que acaba de realizar altivo, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en grandes carpas blancas, un Congreso de Paz que levantó y aprobó la propuesta de Pacto Regional Nacional por la Vida y la Paz.
@luisisandoval