Contra lo previsto por casi todo el mundo, incluido el gobierno, la insurgencia del ELN se abre espacio en el proceso de salida política del conflicto armado con un talante, un método y unos objetivos propios y característicos.
Eso es lo que podría deducirse de la Declaración Política emitida a raíz de su V Congreso, conocida -con notable expectativa mediática- el 7 de enero y de la entrevista de Antonio García, uno de sus máximos jefes, conocida en la mañana del viernes 16.
El ELN no quiere aparecer simplemente como un agregado secundario en las conversaciones que el Gobierno adelanta con las FARC en La Habana. Quiere hacer sentir que más que un proyecto militar es un proyecto político, que su proyecto político no se reduce a una variable del cambio necesario sino que tiene un enfoque integral revolucionario: nació para hacer la revolución y si toma su propia decisión de “no emplear las armas” no es para desistir sino para darle otra forma a su propósito político central.
Este es un enfoque enteramente comprensible. Al hacer reconocimiento del carácter político de la insurgencia se entiende que no se trata de que los insurgentes renuncien a sus ideales sino de que vengan a defenderlos en el terreno de la lucha política civil. También es comprensible que traten de realizar los diálogos y, en general, el proceso de transición del accionar militar al accionar civil procurando ganar el mayor margen posible de condiciones favorables y garantías para el ejercicio venidero de la política.
Pero no resultaría comprensible que al momento de discutir la terminación del conflicto político armado trate de hacerse en la mesa de conversaciones la revolución que no pudo hacerse por las armas durante 50 años. Las agendas viables son agendas acotadas, es decir, agendas que se corresponden con la actual correlación de fuerzas, militar y política.
Tampoco sería comprensible que las conversaciones de una y otra insurgencia se prolongaran excesivamente porque el tiempo político de la paz no es indefinido. No ha lugar a la “paz express”, sería irresponsable, pero hay que ser plenamente conscientes tanto en la insurgencia como en el gobierno y en el movimiento de paz que la ciudadanía espera, con razón, un positivo desenlace de las conversaciones, acuerdos y validación, dentro de este gobierno, más allá todo es incierto.
El movimiento de paz de la sociedad civil, que surgió como crítica a la inviabilidad de la guerra y también a las limitaciones del pacto social y político de 1991, sostiene que la paz es un proyecto de país, “una Colombia en paz, con justicia social, cultura democrática, respetuosa de los derechos humanos, la vida y la diversidad”. Este proyecto podría clasificarse como de democracia radical por medios de lucha civil –movilización, confluencia, opinión, mandato, voto- que supone la construcción de un sujeto político plural articulado con vocación de poder y de gobierno.
Las agendas insurgentes no se confunden con las agendas de la sociedad. Pueden interlocutar entre ellas, se está propiciando y haciendo, pueden coincidir en puntos importantes, también está ocurriendo, pero las agendas permanecen distintas y diferenciadas para tramitarse cada una según el carácter, los métodos y los tiempos propios de cada actor como reiteradamente lo ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
¿Qué tiempo le dan a esta negociación? ELN Antonio García: “nadie puede determinarlo pues las variables son muchas. Para nosotros, ojalá fuera mañana el tiempo de firmar los acuerdos… para facilitar el desarrollo de cualquier agenda estamos dispuestos a trabajar con la intensidad y dedicación que sea requerida”.
lucho_sando@yahoo.es / @luisisandoval
Contra lo previsto por casi todo el mundo, incluido el gobierno, la insurgencia del ELN se abre espacio en el proceso de salida política del conflicto armado con un talante, un método y unos objetivos propios y característicos.
Eso es lo que podría deducirse de la Declaración Política emitida a raíz de su V Congreso, conocida -con notable expectativa mediática- el 7 de enero y de la entrevista de Antonio García, uno de sus máximos jefes, conocida en la mañana del viernes 16.
El ELN no quiere aparecer simplemente como un agregado secundario en las conversaciones que el Gobierno adelanta con las FARC en La Habana. Quiere hacer sentir que más que un proyecto militar es un proyecto político, que su proyecto político no se reduce a una variable del cambio necesario sino que tiene un enfoque integral revolucionario: nació para hacer la revolución y si toma su propia decisión de “no emplear las armas” no es para desistir sino para darle otra forma a su propósito político central.
Este es un enfoque enteramente comprensible. Al hacer reconocimiento del carácter político de la insurgencia se entiende que no se trata de que los insurgentes renuncien a sus ideales sino de que vengan a defenderlos en el terreno de la lucha política civil. También es comprensible que traten de realizar los diálogos y, en general, el proceso de transición del accionar militar al accionar civil procurando ganar el mayor margen posible de condiciones favorables y garantías para el ejercicio venidero de la política.
Pero no resultaría comprensible que al momento de discutir la terminación del conflicto político armado trate de hacerse en la mesa de conversaciones la revolución que no pudo hacerse por las armas durante 50 años. Las agendas viables son agendas acotadas, es decir, agendas que se corresponden con la actual correlación de fuerzas, militar y política.
Tampoco sería comprensible que las conversaciones de una y otra insurgencia se prolongaran excesivamente porque el tiempo político de la paz no es indefinido. No ha lugar a la “paz express”, sería irresponsable, pero hay que ser plenamente conscientes tanto en la insurgencia como en el gobierno y en el movimiento de paz que la ciudadanía espera, con razón, un positivo desenlace de las conversaciones, acuerdos y validación, dentro de este gobierno, más allá todo es incierto.
El movimiento de paz de la sociedad civil, que surgió como crítica a la inviabilidad de la guerra y también a las limitaciones del pacto social y político de 1991, sostiene que la paz es un proyecto de país, “una Colombia en paz, con justicia social, cultura democrática, respetuosa de los derechos humanos, la vida y la diversidad”. Este proyecto podría clasificarse como de democracia radical por medios de lucha civil –movilización, confluencia, opinión, mandato, voto- que supone la construcción de un sujeto político plural articulado con vocación de poder y de gobierno.
Las agendas insurgentes no se confunden con las agendas de la sociedad. Pueden interlocutar entre ellas, se está propiciando y haciendo, pueden coincidir en puntos importantes, también está ocurriendo, pero las agendas permanecen distintas y diferenciadas para tramitarse cada una según el carácter, los métodos y los tiempos propios de cada actor como reiteradamente lo ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
¿Qué tiempo le dan a esta negociación? ELN Antonio García: “nadie puede determinarlo pues las variables son muchas. Para nosotros, ojalá fuera mañana el tiempo de firmar los acuerdos… para facilitar el desarrollo de cualquier agenda estamos dispuestos a trabajar con la intensidad y dedicación que sea requerida”.
lucho_sando@yahoo.es / @luisisandoval