Santos no traicionó a Uribe, Santos corrigió el rumbo de ocho años de gobierno de Uribe en dos aspectos fundamentales: primero, reconoció el conflicto político armado existente en el país hace varias décadas y, coherente con ese reconocimiento, sin abandonar la ofensiva militar, abrió conversaciones para la terminación de la confrontación con las FARC-EP y todo indica que también trabaja para abrirlas con el ELN.
Segundo, Santos corrigió a Uribe en lo referente a las relaciones con los vecinos, Ecuador y Venezuela, volviendo a ganar normalidad en ellas, con gran alivio del país y del continente. Uribe las había llevado a un grado de crispación sin precedentes, dominado por la esquizofrenia de que los gobiernos de esos países hermanos eran aliados de las guerrillas colombianas. Santos tuvo el valor de asumir estas posturas desde su posesión el 7 de agosto de 2010.
La lealtad de un Presidente no es con su predecesor, es con el país y con la Constitución. Los correctivos referidos no son dos pequeñas cosas que puedan naufragar en una lectura economicista de la cual simplistamente se deduce que Santos y Uribe son lo mismo por su adhesión al modelo neoliberal, como machaconamente se repite desdeñando la gravedad del enfrentamiento y la importancia de la paz.
Una cosa es dejar que avance el neoliberalismo en medio de una guerra depredadora implacable y otra, muy distinta, confrontar modelos en el marco de una democracia real, con actores políticamente empoderados, sin la tragedia de la guerra. Las armas, izquierdistas o derechistas, salen definitivamente de la política, el conflicto social y político civil sigue su curso dialéctico en busca de una nueva síntesis democrática.
El actual proceso, elevado a la condición de política de Estado, es preciso rodearlo de entusiasmo y participación ciudadana en profundidad. El Presidente tiene en la ola de protesta social civilista, la mayor desde 1975 (Informe Cinep), la oportunidad para confirmar su talante reformista y para demostrar que la paz sí va a significar mejoramiento efectivo en las condiciones de vida de la gente.
Las víctimas son las primeras en merecer atención, reparación integral y garantía de no repetición. Ante todo hay que lograr que el país en su conjunto deje de ser una “fábrica de víctimas” (Clara López). La terminación del conflicto armado nos pondrá en este camino.
Colombia vive un proceso de reconfiguración y resignificación del territorio, la región y la provincia. Uribe-Zuluaga tratan de aprovechar esta circunstancia erigiéndose en paladines de la clase emergente apuntalada en las mafias y la violencia. Esa no puede ser la suerte de la provincia. La otra posibilidad de resignificación de la provincia es el pacto con las comunidades, pueblos y etnias movilizados, con los emprendedores y trabajadores fieles al interés nacional, con los nuevos actores que surgen del proceso de paz.
El sentido común debe primar sobre la desestructuración de la política. Dado que los dos más grandes conjuntos del espacio alternativo, el Polo Democrático y la Alianza Verde, han dejado a sus integrantes y votantes en libertad para la segunda vuelta presidencial, el turno es para los movimientos sociopolíticos de reciente aparición. Esta primera semana de junio la Marcha Patriótica se encuentra con el Presidente Santos. Puede surgir allí la propuesta que mueva a los indecisos y asegure un bloque de nuevas mayorías hacia un gobierno mixto de transición que viabilice las reformas prioritarias.
El 15 de junio el país afianzará el camino hacia la paz, la democracia y la vida digna. No está condenado a que llegue Zuluaga al gobierno y Uribe al poder.
lucho_sando@yahoo.es / @luisisandoval
Santos no traicionó a Uribe, Santos corrigió el rumbo de ocho años de gobierno de Uribe en dos aspectos fundamentales: primero, reconoció el conflicto político armado existente en el país hace varias décadas y, coherente con ese reconocimiento, sin abandonar la ofensiva militar, abrió conversaciones para la terminación de la confrontación con las FARC-EP y todo indica que también trabaja para abrirlas con el ELN.
Segundo, Santos corrigió a Uribe en lo referente a las relaciones con los vecinos, Ecuador y Venezuela, volviendo a ganar normalidad en ellas, con gran alivio del país y del continente. Uribe las había llevado a un grado de crispación sin precedentes, dominado por la esquizofrenia de que los gobiernos de esos países hermanos eran aliados de las guerrillas colombianas. Santos tuvo el valor de asumir estas posturas desde su posesión el 7 de agosto de 2010.
La lealtad de un Presidente no es con su predecesor, es con el país y con la Constitución. Los correctivos referidos no son dos pequeñas cosas que puedan naufragar en una lectura economicista de la cual simplistamente se deduce que Santos y Uribe son lo mismo por su adhesión al modelo neoliberal, como machaconamente se repite desdeñando la gravedad del enfrentamiento y la importancia de la paz.
Una cosa es dejar que avance el neoliberalismo en medio de una guerra depredadora implacable y otra, muy distinta, confrontar modelos en el marco de una democracia real, con actores políticamente empoderados, sin la tragedia de la guerra. Las armas, izquierdistas o derechistas, salen definitivamente de la política, el conflicto social y político civil sigue su curso dialéctico en busca de una nueva síntesis democrática.
El actual proceso, elevado a la condición de política de Estado, es preciso rodearlo de entusiasmo y participación ciudadana en profundidad. El Presidente tiene en la ola de protesta social civilista, la mayor desde 1975 (Informe Cinep), la oportunidad para confirmar su talante reformista y para demostrar que la paz sí va a significar mejoramiento efectivo en las condiciones de vida de la gente.
Las víctimas son las primeras en merecer atención, reparación integral y garantía de no repetición. Ante todo hay que lograr que el país en su conjunto deje de ser una “fábrica de víctimas” (Clara López). La terminación del conflicto armado nos pondrá en este camino.
Colombia vive un proceso de reconfiguración y resignificación del territorio, la región y la provincia. Uribe-Zuluaga tratan de aprovechar esta circunstancia erigiéndose en paladines de la clase emergente apuntalada en las mafias y la violencia. Esa no puede ser la suerte de la provincia. La otra posibilidad de resignificación de la provincia es el pacto con las comunidades, pueblos y etnias movilizados, con los emprendedores y trabajadores fieles al interés nacional, con los nuevos actores que surgen del proceso de paz.
El sentido común debe primar sobre la desestructuración de la política. Dado que los dos más grandes conjuntos del espacio alternativo, el Polo Democrático y la Alianza Verde, han dejado a sus integrantes y votantes en libertad para la segunda vuelta presidencial, el turno es para los movimientos sociopolíticos de reciente aparición. Esta primera semana de junio la Marcha Patriótica se encuentra con el Presidente Santos. Puede surgir allí la propuesta que mueva a los indecisos y asegure un bloque de nuevas mayorías hacia un gobierno mixto de transición que viabilice las reformas prioritarias.
El 15 de junio el país afianzará el camino hacia la paz, la democracia y la vida digna. No está condenado a que llegue Zuluaga al gobierno y Uribe al poder.
lucho_sando@yahoo.es / @luisisandoval