Normal y saludable que la ciudadanía se pregunte a diario si las Farc-Ep están cumpliendo con lo acordado. Pero la pregunta y la respuesta para que sean válidas tienen que plantearse también frente a la otra parte involucrada en el acuerdo: ¿Cumple el gobierno, cumplen los poderes públicos nacionales, cumplen las autoridades regionales y locales, cada uno según su competencia, con lo acordado? O ¿Será que alguien piensa que se puede exigir a una parte y a la otra no?
Prácticamente todas las entidades de monitoreo, seguimiento y veeduría, nacionales e internacionales, dan testimonio a través de muy sólidos reportes, con base en información muy seria registrada día a día, casi minuto a minuto, que las Farc están cumpliendo y que lo están haciendo inclusive en medida mucho más satisfactoria que el Estado mismo. Hay quienes observan que si por un instante se pensara en el fracaso del proceso ello no provendría de lo que dejen de hacer las Farc sino de lo que deje de hacer el Estado.
La primera condición para cumplir el acuerdo es no someterlo a una suerte de renegociación. No es de parte de las Farc de donde procede este riesgo, es de la parte estatal y política. El fallo de la Corte Constitucional autorizando que, al paso de los proyectos normativos por el Congreso, puedan ser modificados los términos del Acuerdo Final, y la posición del Fiscal General y el Procurador sobre aspectos importantes de la Justicia Especial para la Paz JEP permiten pensar que hay riesgos reales para el cumplimiento justo de los acuerdos de La Habana.
Hace poco la revista Semana (18/2/2017) se preguntaba: “¿Se está cumpliendo el acuerdo con las Farc?” Y la respuesta fue: “El ‘fast track’ camina lento. Hay descoordinación en el gobierno, la plata escasea, y siguen matando líderes en zonas de donde salieron las Farc. Hay dificultades para aplicar la amnistía. Semana expone cinco factores críticos que afectan la implementación de la paz”: 1. ¿Implementar o renegociar a propósito del trámite parlamentario? 2. Coyuntura electoral dificulta la permanencia y actuación de mayorías parlamentarias. 3. Hay plata, pero no suficiente. 4. ¿Por dónde empezar: los PDET, las Zonas Veredales, los 51 municipios donde la coca está en auge? 5. ¿En esta fase final del gobierno tendrá fuerza el liderazgo presidencial ahora apuntalado con el General Oscar Naranjo en la Vicepresidencia?
Las Farc están cumpliendo, pero dadas las dificultades de diferente índole a la vista, es preciso demandar y asegurar que la sociedad que quiere la paz, las fuerzas políticas que se la juegan por la paz, las instancias creadas para dinamizar la política de paz se activen plenamente, actúen de manera creativa y, sobre todo, de manera unificada para que logren incidir positivamente en los pasos sucesivos de la transición.
Especial relevancia puede y debe tener el Consejo Nacional de Paz que ahora, en virtud del Decreto Ley 885, lo es también de Convivencia y Reconciliación. Instrumento de extraordinaria potencialidad que sigue sin vida política, aunque forme parte de los engranajes institucionales de la implementación.
El Congreso Regional y Nacional de Paz, realizado en abril, propuso Pacto por la Vida y la Paz soportado en la voz de numerosas regiones y compatriotas en el exterior. Pertinentes todas las previsiones hechas públicas por la CSIVI el 29 de mayo.
El país sigue sin el gran dispositivo de opinión ciudadana y participación social que requiere la paz. Es el momento preciso para suplir el déficit. La comunidad internacional querrá colaborar. Las Farc deben cumplir, pero hay que cumplirle a las Farc.
