Legitimidad de los paros nacionales

El antecedente en tiempos contemporáneos que acreditó el recurso al paro nacional fue la contundente y festiva jornada cívica realizada el 10 de mayo de 1957, convocada con el propósito de obligar al retiro del presidente-general Gustavo Rojas Pinilla (golpe de Estado, 13 de junio de 1953) quien había decidido prolongar su mandato para el período 1958-1962 con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC). Tal Asamblea legitimó el gobierno militar y declaró ilegal la actividad del comunismo internacional, entre otras decisiones. 

El paro o acción cívica nacional del 10 de mayo constituyó un verdadero acontecimiento de desobediencia civil que paralizó totalmente el país y produjo, tal como se esperaba, la caída del gobierno militar que cada vez más acentuaba el carácter de dictadura saturada de corrupción y que apelaba a la tortura y el terror para mantenerse en el poder. Es válido y legítimo recurrir a un movimiento de parálisis general ante una situación de acuciante anormalidad política o social en procura de superarla. Esa es la gran lección del memorable 10 de mayo. 

En años subsiguientes el sindicalismo, en la modalidad de unidad de acción de sus principales organizaciones y corrientes –CTC, Cuass (luego CSTC), Asicol (luego CGT), Fecode, Fenaltrase, Fedepetrol (USO incluida) e Independientes–, planteó la necesidad del paro nacional y lo decidió, pero en la práctica la iniciativa tuvo un desarrollo muy desigual en cada oportunidad.

Hubo intentos de paro nacional en enero de 1965, enero de 1969, marzo de 1971, enero de 1975. Finalmente, el 14 de septiembre de 1977 no fue ya solo un intento sino que, en realidad y con gran impacto, se realizó el paro. Este acontecimiento abrió una etapa de mayor incidencia política del sindicalismo y de construcción de su unidad de la cual es fruto la Central Unitaria de Trabajadores CUT constituida en noviembre de 1986. La CTC y la CGT decidieron mantener sus espacios propios.

En los anunciados paros nacionales de 1965 y 1969 hubo cierto nivel de diálogo y negociación de los pliegos, los acuerdos (Decreto 2351 del presidente Valencia y Carta de Intención del presidente Lleras, respectivamente) condujeron a levantar la orden de paro, en cambio en 1971 y 1975 no hubo negociación pero sí fuerte represión que, de momento, melló la fuerza organizada de los trabajadores pero que, a la postre, alimentó la inconformidad y la búsqueda de condiciones favorables a la acción colectiva sindical y popular.

Este link lleva a breve reseña del Paro Cívico Nacional del 77 que contiene mis recuerdos y la caracterización que hice del mismo por solicitud sindical en el 40º aniversario del acontecimiento (2017).

Dentro de los debates al interior y al exterior del movimiento sindical por los años 60 y 70, me parece de la mayor importancia tomar en cuenta el punto de vista del padre Vicente Andrade Valderrama S. J. (1907-1986), asesor moral del Comité Ejecutivo de la UTC. Los apartados siguientes, tomados de artículos publicados en la Revista Javeriana, son claramente indicativos de la legitimidad que él reconocía, inspirado en la doctrina social católica, a la iniciativa de movilización y protesta de los trabadores y sectores populares. 

Sobre el paro intentado en enero de 1965 el padre Andrade señala: “En diciembre de 1963 se reunió en Bucaramanga el IX Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia y, ante el espectáculo del ausentismo e irresponsabilidad que había caracterizado las sesiones del Congreso Nacional, determinó en un momento de indignación colectiva exteriorizar su descontento y su protesta en un paro nacional, que fuera una notificación perentoria a los representantes del pueblo de que éste no aceptaba un momento más este espectáculo de indiferencia ante los graves problemas nacionales...”.

“Pero ¿era lícito acudir a un paro nacional para tratar de conseguir el remedio a males de estas proporciones? A grandes males grandes remedios es un proverbio que expresa cómo en determinadas circunstancias puede ser lícito acudir a medios que no entran en la rutina de los procedimientos legales...”.

“Lo que no sería lícito sería ir al paro por buscar el desquiciamiento de la autoridad. El paro es un medio de presión y un elemento de equilibrio contra la prepotencia del Estado… abusar de su poder /del sindicalismo/ sería contrariar los principios cristianos y democráticos que profesa; pero emplearlo en hacer que el poder se ponga al servicio del Bien Común es cumplir un noble objetivo...”(Revista Javeriana, tomo LXIII, febrero a junio 1965, “Historia y juicio de un paro”, págs. 16 a 18, passim).

En enero de 1969, ante un nuevo intento de paro nacional, el padre Andrade desprende del derecho de huelga de los trabajadores la legitimidad de una acción de protesta más general de la población. El texto se titula  “El paro general como medio de presión”. Dado que el Gobierno accedió a discutir y resolver el pliego del paro, éste no se realizó. “La conclusión para nosotros es evidente. Se abría justificado el paro nacional decretado por las centrales obreras si el Gobierno se hubiera negado a oír sus justos reclamos”. (RJ, T. LXXI, febrero a junio de 1969, págs. 9 a 12).

Luego, en “¿Un paro subversivo?” analiza lo ocurrido. Presenta una por una las razones y condiciones del proyecto de paro y concluye: “Los dirigentes sindicales actuaron en favor del pueblo en general y no especialmente de sus intereses gremiales, aunque también les correspondía defenderlos en el sector oficial. Sus reivindicaciones se referían a tarifas de servicios públicos, a salarios mínimos de los trabajadores no sindicalizados, a la Reforma Agraria y a otros puntos que afectan a todas las masas populares. Es injusto, por tanto, el cargo que se les ha hecho de que lo que pretendían era acrecer sus privilegios como trabajadores organizados. Pero es natural también (…) que los viejos caudillos que han explotado al pueblo con los embelecos partidistas se sientan arrinconados y traten de desacreditarlos” (Ibidem, págs. 16 a 24). 

En 1970, a raíz de las elecciones del 19 de abril, sospechosas de chocorazo, el país vio iniciarse el gobierno de Misael Pastrana Borrero que muy pronto con sus políticas generó una enorme ola de inconformidad. Volvió la idea del paro general el cual se concretó para el 8 de marzo de 1971. Este intento tuvo mayor desarrollo, el paro alcanzó a hacerse pero con limitada participación y, por supuesto, igualmente limitado impacto. Sin embargo, hubo una fuerte represión: despidos de cerca de 400 dirigentes sindicales de todas las organizaciones involucradas (yo fui despedido del SENA, me condenaron a 30 días de cárcel, primera página de El Vespertino), se perdieron muchas personerías jurídicas, el movimiento sindical pagó un alto costo.

A pocos días de la acción sindical y popular, el padre Andrade escribe “Del uso y del abuso del paro”. Su reflexión se orienta esta vez hacia las condiciones de éxito de una operación tan ambiciosa y delicada como es un paro nacional. 

“Para que sea oportuno el paro hay que tener seguridad de que se van a obtener los resultados que se pretenden: aceptación de peticiones, alertar a la opinión pública sobre hechos nocivos para la sociedad, forzar al Gobierno a tomar medidas para conjurar una injusta y explosiva situación del sector social. Esto supone una campaña previa de opinión, una mentalización, como se dice ahora, no solo en los que deben hacer el paro, que deben estar motivados, sino también de todos los demás que están sufriendo los mismos males o que deben hacer algo para remediarlos. Sin esto es irremediable el fracaso y vendrá como consecuencia el desprestigio de las organizaciones obreras y sus dirigentes”.

Aunque no se compartan en su integridad las reflexiones y observaciones del padre Andrade, algunas resultan pertinentes en las circunstancias que hoy vivimos, tanto para los movimientos sociales y sus líderes como para los gobernantes.

La posición fundamental del padre Andrade, según mi lectura, es que en democracia la protesta fundada en sólidas razones, y agotados los medios ordinarios, es legítima y sus demandas deben ser atendidas y tramitadas mediante el diálogo por empresarios y gobernantes: “Será por tanto un paro, aun general, legítimo si cumple su función de expresar pacíficamente la protesta de la colectividad contra una política que cree peligrosa. Su fin debe ser obligar al diálogo a las autoridades que se negaron a él o le fueron indiferentes” (1969, p. 12).

@luisisandoval, lucho_sando@yahoo.es