País político traumatizado… País nacional movilizado…
Asumo que las expresiones país político y país nacional son comprensibles para los lectores en el sentido que les dio Jorge Eliécer Gaitán en su Conferencia del Teatro Municipal de Bogotá el 20 de abril de 1946: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”.
Hoy el país político, tan certeramente pintado por Gaitán, está traumatizado ante el llamado a rendir indagatoria que la Corte Suprema de Justicia ha hecho al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Ese país político rodeó en su totalidad al candidato Iván Duque, operación política en la cual jugó un papel determinante el expresidente. Duque triunfó en la contienda presidencial y antes de posesionarse ocurre el llamamiento de la Corte a su mentor político por serios indicios de manipulación de testigos. Otro flanco para considerar la de Duque una victoria agónica, caracterización que hemos hechos algunos, entre los cuales se cuenta el candidato de Colombia Humana Gustavo Petro.
Entre tanto el país nacional, igualmente bien descrito por Gaitán, hoy tiene una presencia relevante en razón de que aparece actuando, uniéndose y movilizándose por los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la cultura. Hace apenas unos días, el 25 de julio, los maestros organizados en Fecode tuvieron que salir una vez más a la calle para exigirle hasta última hora al saliente gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento de la ley y de acuerdos celebrados en anteriores acciones colectivas de gran impacto. Para el 7 de agosto, día de la posesión de Iván Duque, se anuncian marchas por la Vida y la Paz, en muchas ciudades, con el propósito de demandar al gobierno que se estrena atención inmediata al extermino de líderes sociales y compromiso efectivo con la lucha anticorrupción, asunto sobre el cual se realizará consulta ciudadana el 26 de agosto. El 7 de septiembre tendrá lugar la movilización convocada en el marco de la 31ª Semana por la Paz.
Es claro que mientras el país político se traumatiza, el país nacional se moviliza. En cabeza de su jefe más destacado y senador más votado, el bloque de gobierno se ve temprana y gravemente cuestionado por una acción legítima de la justicia. Comienza a debilitarse el nuevo gobierno antes de que se posesione el presidente Iván Duque. Pero ahora el más serio cuestionamiento no proviene de un movimiento en armas –las Farc ya firmaron y siguen sin vacilación en la paz, el Eln defiende la continuidad del nuevo diálogo en La Habana– sino de ciudadanos y ciudadanas de a pie que en uso del derecho a la protesta social muestran su inconformidad y su indignación con el estado de cosas imperante.
Es ahí donde es preciso entender cómo el poder en decadencia quiere salirle al paso al poder en ascenso con la peregrina idea de un estatuto que regule la protesta social. Ese es ya un síntoma de autoritarismo que pretende cercenar libertades mediante las cuales el pueblo reclama por la vida, la justicia, los derechos y el cumplimiento de acuerdos. Enorme es el déficit en el cumplimiento del acuerdo de paz y lo propio ocurre con centenares de acuerdos establecidos con sectores populares movilizados.
La protesta no necesita estatuto, así lo ha conceptuado el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Al contrario, dicen muchos, lo que la protesta necesita son garantías como sería suprimir el Esmad, amparar la vida de los líderes y lideresas sociales, hacer efectiva la reparación de víctimas, cumplir a cabalidad el punto 2 de los Acuerdos de La Habana con las Farc sobre reforma política y dar curso a un amplio ejercicio de participación social para completar la paz como se plantea en el nuevo proceso de diálogos en La Habana con el Eln.
Este 7 de agosto, aniversario de la batalla de Boyacá que selló nuestra independencia, las circunstancias son bastante diferentes a otras posesiones presidenciales y otros comienzos de gobierno. Esta vez hay Estatuto de Oposición y, lo más importante, hay oposición, más aún hay un movimiento sociopolítico muy amplio y plural que obtuvo más de 8 millones de votos y que está decidido a ser poder y ser gobierno comenzando por el poder local que se renovará en las elecciones de octubre de 2019.
Cada día se verá con más claridad que la victoria de Iván Duque es una victoria agónica y que un poderoso movimiento de transformación democrática está ya presente y actuando con determinación en la historia de Colombia.
Asumo que las expresiones país político y país nacional son comprensibles para los lectores en el sentido que les dio Jorge Eliécer Gaitán en su Conferencia del Teatro Municipal de Bogotá el 20 de abril de 1946: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”.
Hoy el país político, tan certeramente pintado por Gaitán, está traumatizado ante el llamado a rendir indagatoria que la Corte Suprema de Justicia ha hecho al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Ese país político rodeó en su totalidad al candidato Iván Duque, operación política en la cual jugó un papel determinante el expresidente. Duque triunfó en la contienda presidencial y antes de posesionarse ocurre el llamamiento de la Corte a su mentor político por serios indicios de manipulación de testigos. Otro flanco para considerar la de Duque una victoria agónica, caracterización que hemos hechos algunos, entre los cuales se cuenta el candidato de Colombia Humana Gustavo Petro.
Entre tanto el país nacional, igualmente bien descrito por Gaitán, hoy tiene una presencia relevante en razón de que aparece actuando, uniéndose y movilizándose por los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la cultura. Hace apenas unos días, el 25 de julio, los maestros organizados en Fecode tuvieron que salir una vez más a la calle para exigirle hasta última hora al saliente gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento de la ley y de acuerdos celebrados en anteriores acciones colectivas de gran impacto. Para el 7 de agosto, día de la posesión de Iván Duque, se anuncian marchas por la Vida y la Paz, en muchas ciudades, con el propósito de demandar al gobierno que se estrena atención inmediata al extermino de líderes sociales y compromiso efectivo con la lucha anticorrupción, asunto sobre el cual se realizará consulta ciudadana el 26 de agosto. El 7 de septiembre tendrá lugar la movilización convocada en el marco de la 31ª Semana por la Paz.
Es claro que mientras el país político se traumatiza, el país nacional se moviliza. En cabeza de su jefe más destacado y senador más votado, el bloque de gobierno se ve temprana y gravemente cuestionado por una acción legítima de la justicia. Comienza a debilitarse el nuevo gobierno antes de que se posesione el presidente Iván Duque. Pero ahora el más serio cuestionamiento no proviene de un movimiento en armas –las Farc ya firmaron y siguen sin vacilación en la paz, el Eln defiende la continuidad del nuevo diálogo en La Habana– sino de ciudadanos y ciudadanas de a pie que en uso del derecho a la protesta social muestran su inconformidad y su indignación con el estado de cosas imperante.
Es ahí donde es preciso entender cómo el poder en decadencia quiere salirle al paso al poder en ascenso con la peregrina idea de un estatuto que regule la protesta social. Ese es ya un síntoma de autoritarismo que pretende cercenar libertades mediante las cuales el pueblo reclama por la vida, la justicia, los derechos y el cumplimiento de acuerdos. Enorme es el déficit en el cumplimiento del acuerdo de paz y lo propio ocurre con centenares de acuerdos establecidos con sectores populares movilizados.
La protesta no necesita estatuto, así lo ha conceptuado el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Al contrario, dicen muchos, lo que la protesta necesita son garantías como sería suprimir el Esmad, amparar la vida de los líderes y lideresas sociales, hacer efectiva la reparación de víctimas, cumplir a cabalidad el punto 2 de los Acuerdos de La Habana con las Farc sobre reforma política y dar curso a un amplio ejercicio de participación social para completar la paz como se plantea en el nuevo proceso de diálogos en La Habana con el Eln.
Este 7 de agosto, aniversario de la batalla de Boyacá que selló nuestra independencia, las circunstancias son bastante diferentes a otras posesiones presidenciales y otros comienzos de gobierno. Esta vez hay Estatuto de Oposición y, lo más importante, hay oposición, más aún hay un movimiento sociopolítico muy amplio y plural que obtuvo más de 8 millones de votos y que está decidido a ser poder y ser gobierno comenzando por el poder local que se renovará en las elecciones de octubre de 2019.
Cada día se verá con más claridad que la victoria de Iván Duque es una victoria agónica y que un poderoso movimiento de transformación democrática está ya presente y actuando con determinación en la historia de Colombia.