Petro a garantizar la participación en procesos legislativos de afán
Durante el primer año, el nuevo gobierno debe aprovechar su capital político para aprobar las principales reformas en el Congreso. Después de esa luna de miel se pierde popularidad y es más difícil lograr acuerdos para tener mayorías. El gobierno electo sabe esto y avanza en un acuerdo nacional, mientras crecen los rumores de que usará el fast track para sus reformas importantes. Sería mejor contar con procesos calmados e inclusivos, pero si la vía es la urgencia, la pregunta es ¿cómo adelantar el trámite legislativo de afán sin atropellar a la ciudadanía que exigirá participación?
El fast track es la expresión en inglés que significa literalmente vía rápida. Como nombre, se usó para el proceso de aprobación de los acuerdos de paz, y también se usa para referirse al mecanismo que el Congreso activa cuando el gobierno le radica un proyecto de ley con mensaje de urgencia.
El mensaje de urgencia supone un trámite acelerado que permite debates conjuntos de comisiones de Cámara y Senado así como de sesiones paralelas en las plenarias. Esto permitió por ejemplo que el proyecto de Ley Lleras de 2011 fuera aprobado en 20 días (con Semana Santa de por medio). A pesar de que luego fue declarado inconstitucional por vicios de procedimiento, la aprobación exprés fue instrumental para la foto de Santos y Obama en la que firmaban el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Cartagena.
El derecho fundamental a la participación se puede ver afectado si los proyectos de ley que llegan al Congreso con esta modalidad no se consensúan con todas las partes involucradas. Toda persona en Colombia tiene derecho a participar en las decisiones que la afecten y, debido al afán al imprimir el acelerador del proceso legislativo es posible que se silencien las críticas y se genere un descontento mayúsculo que puede desembocar en un bloqueo popular a la norma. Lo explico con un ejemplo.
Como lo comenté en 2019, de los proyectos de ley con los que el gobierno Duque se inauguró en 2018, se esperaba que la ley de modernización del sector TIC fuera aprobada por las mayorías del Congreso para diciembre de ese mismo año. El proyecto de ley fue presentado con mensaje de urgencia al Congreso y se justificaba por la necesidad de enfrentar la brecha digital frente a promesas de crecimiento basadas en la digitalización de la sociedad ―como la promesa de crecimiento con “Economía naranja”―.
Sin embargo, y a pesar de que estaban en el año de la luna de miel del gobierno, la Ley TIC no pasó en 2018 porque el sector de contenidos, especialmente el de la televisión pública, mostró que regular las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) incluye regular medios de comunicación y libertad de expresión, un tema de interés general para lo cual no bastaba con escuchar al sector privado.
Al llegar diciembre sin audiencias que permitieran un mínimo de participación y con mucha presión mediática, el gobierno hizo ajustes menores y frenó la locomotora, se abrió a reuniones por las regiones para socializar su proyecto. Las reuniones sin embargo eran unidireccionales, no eran ni para escuchar comentarios, ni para buscar consensos. Sin embargo, dieron el tiempo necesario para que el gobierno reorganizara las fuerzas en el Congreso y reactivara el viejo sistema de la mermelada del que había renegado.
Con otro par de ajustes la ley TIC se convirtió en ley aprobada por una aplastante mayoría antes de finalizar el primer semestre de 2019, a pesar de muchas críticas razonables que pudieron haber sido atendidas.
El uso de las mayorías en el Congreso para empujar de afán la agenda legislativa del gobierno de turno ―usando los mensajes de urgencia―, es algo bastante corriente cuyo riesgo de silenciamiento de las voces críticas es real y debe ser mitigado para proteger la participación ciudadana en un estado de derecho. Por eso, el gobierno Petro, que tiene en la lista varias reformas legislativas, tendrá que ser creativo y garantista.
Aunque la reforma electoral y política, la reforma fiscal, la rural, la de la policía o los cambios al sistema de salud no dan espera, tiene un desafío adicional al de su complejidad. A diferencia de gobiernos pasados que esencialmente articulaban a la clase política y negociaban con el sector privado, dejando un rol marginal para otros sectores, el gobierno de Petro llega al poder gracias al apoyo y trabajo de una alianza política que tiene movimientos sociales y de base y está en línea con reclamos de la sociedad civil organizada, por tanto tiene otras deudas y compromisos.
Estos otros sectores para la politóloga Sandra Botero ―mi hermana― “serán en sí mismos motor, pero también frenos y agentes de rendición de cuentas de su gestión”. Esto significa que Petro tendrá que “manejar las altísimas expectativas de estos movimientos y de quienes los apoyan mientras negocia con la clase política (sin la cual no puede gobernar)”.
En este caso en particular, el gobierno tendrá que innovar, pues la locomotora de la urgencia será más compleja: en su gobierno los procesos de participación y creación de consensos serán centrales por la presencia de estos actores inusuales en los procesos decisorios de nuestra política hasta ahora.
¿Cómo puede el gobierno abordar esta complejidad y aprovechar la luna de miel? Debería hacerlo reforzando las garantías y respetando el derecho a la participación. Especialmente en aquellos temas en los que el gobierno vaya a buscar un llamado de urgencia, deberá partir de la base de que busca acelerar el proceso en el Congreso para aprovechar las mayorías, pero para respetar la participación la solución puede ser trabajar en procesos de participación y en la construcción de consensos previos.
Esto puede hacerse aprovechando a sus aliados en los movimientos sociales y a la sociedad civil, movilizar las regiones, crear mecanismos de escucha y ofrecer procesos de diálogo con los otros sectores para buscar consensos. Esto supone también reconocer que la participación en el Congreso es difícil, que allí la ventaja la tiene el sector privado que por ejemplo ha creado capacidades para hacerse escuchar y porque además la centralización de nuestro proceso legislativo también supone dinámicas costosas desde las regiones.
El gobierno ganó las elecciones y movilizará su agenda pero tanto los actores que lo apoyan como quienes lo critican esperan de este gobierno mayor responsabilidad en el respeto por la voz de todas las partes interesadas.
Durante el primer año, el nuevo gobierno debe aprovechar su capital político para aprobar las principales reformas en el Congreso. Después de esa luna de miel se pierde popularidad y es más difícil lograr acuerdos para tener mayorías. El gobierno electo sabe esto y avanza en un acuerdo nacional, mientras crecen los rumores de que usará el fast track para sus reformas importantes. Sería mejor contar con procesos calmados e inclusivos, pero si la vía es la urgencia, la pregunta es ¿cómo adelantar el trámite legislativo de afán sin atropellar a la ciudadanía que exigirá participación?
El fast track es la expresión en inglés que significa literalmente vía rápida. Como nombre, se usó para el proceso de aprobación de los acuerdos de paz, y también se usa para referirse al mecanismo que el Congreso activa cuando el gobierno le radica un proyecto de ley con mensaje de urgencia.
El mensaje de urgencia supone un trámite acelerado que permite debates conjuntos de comisiones de Cámara y Senado así como de sesiones paralelas en las plenarias. Esto permitió por ejemplo que el proyecto de Ley Lleras de 2011 fuera aprobado en 20 días (con Semana Santa de por medio). A pesar de que luego fue declarado inconstitucional por vicios de procedimiento, la aprobación exprés fue instrumental para la foto de Santos y Obama en la que firmaban el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Cartagena.
El derecho fundamental a la participación se puede ver afectado si los proyectos de ley que llegan al Congreso con esta modalidad no se consensúan con todas las partes involucradas. Toda persona en Colombia tiene derecho a participar en las decisiones que la afecten y, debido al afán al imprimir el acelerador del proceso legislativo es posible que se silencien las críticas y se genere un descontento mayúsculo que puede desembocar en un bloqueo popular a la norma. Lo explico con un ejemplo.
Como lo comenté en 2019, de los proyectos de ley con los que el gobierno Duque se inauguró en 2018, se esperaba que la ley de modernización del sector TIC fuera aprobada por las mayorías del Congreso para diciembre de ese mismo año. El proyecto de ley fue presentado con mensaje de urgencia al Congreso y se justificaba por la necesidad de enfrentar la brecha digital frente a promesas de crecimiento basadas en la digitalización de la sociedad ―como la promesa de crecimiento con “Economía naranja”―.
Sin embargo, y a pesar de que estaban en el año de la luna de miel del gobierno, la Ley TIC no pasó en 2018 porque el sector de contenidos, especialmente el de la televisión pública, mostró que regular las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) incluye regular medios de comunicación y libertad de expresión, un tema de interés general para lo cual no bastaba con escuchar al sector privado.
Al llegar diciembre sin audiencias que permitieran un mínimo de participación y con mucha presión mediática, el gobierno hizo ajustes menores y frenó la locomotora, se abrió a reuniones por las regiones para socializar su proyecto. Las reuniones sin embargo eran unidireccionales, no eran ni para escuchar comentarios, ni para buscar consensos. Sin embargo, dieron el tiempo necesario para que el gobierno reorganizara las fuerzas en el Congreso y reactivara el viejo sistema de la mermelada del que había renegado.
Con otro par de ajustes la ley TIC se convirtió en ley aprobada por una aplastante mayoría antes de finalizar el primer semestre de 2019, a pesar de muchas críticas razonables que pudieron haber sido atendidas.
El uso de las mayorías en el Congreso para empujar de afán la agenda legislativa del gobierno de turno ―usando los mensajes de urgencia―, es algo bastante corriente cuyo riesgo de silenciamiento de las voces críticas es real y debe ser mitigado para proteger la participación ciudadana en un estado de derecho. Por eso, el gobierno Petro, que tiene en la lista varias reformas legislativas, tendrá que ser creativo y garantista.
Aunque la reforma electoral y política, la reforma fiscal, la rural, la de la policía o los cambios al sistema de salud no dan espera, tiene un desafío adicional al de su complejidad. A diferencia de gobiernos pasados que esencialmente articulaban a la clase política y negociaban con el sector privado, dejando un rol marginal para otros sectores, el gobierno de Petro llega al poder gracias al apoyo y trabajo de una alianza política que tiene movimientos sociales y de base y está en línea con reclamos de la sociedad civil organizada, por tanto tiene otras deudas y compromisos.
Estos otros sectores para la politóloga Sandra Botero ―mi hermana― “serán en sí mismos motor, pero también frenos y agentes de rendición de cuentas de su gestión”. Esto significa que Petro tendrá que “manejar las altísimas expectativas de estos movimientos y de quienes los apoyan mientras negocia con la clase política (sin la cual no puede gobernar)”.
En este caso en particular, el gobierno tendrá que innovar, pues la locomotora de la urgencia será más compleja: en su gobierno los procesos de participación y creación de consensos serán centrales por la presencia de estos actores inusuales en los procesos decisorios de nuestra política hasta ahora.
¿Cómo puede el gobierno abordar esta complejidad y aprovechar la luna de miel? Debería hacerlo reforzando las garantías y respetando el derecho a la participación. Especialmente en aquellos temas en los que el gobierno vaya a buscar un llamado de urgencia, deberá partir de la base de que busca acelerar el proceso en el Congreso para aprovechar las mayorías, pero para respetar la participación la solución puede ser trabajar en procesos de participación y en la construcción de consensos previos.
Esto puede hacerse aprovechando a sus aliados en los movimientos sociales y a la sociedad civil, movilizar las regiones, crear mecanismos de escucha y ofrecer procesos de diálogo con los otros sectores para buscar consensos. Esto supone también reconocer que la participación en el Congreso es difícil, que allí la ventaja la tiene el sector privado que por ejemplo ha creado capacidades para hacerse escuchar y porque además la centralización de nuestro proceso legislativo también supone dinámicas costosas desde las regiones.
El gobierno ganó las elecciones y movilizará su agenda pero tanto los actores que lo apoyan como quienes lo critican esperan de este gobierno mayor responsabilidad en el respeto por la voz de todas las partes interesadas.