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Una acertada decisión gubernamental hizo una ley que creó un aliciente a la producción de cortometrajes cinematográficos en Colombia. Se trataba de ayudar a quienes los creaban, dando a los exhibidores un aliciente tributario por la exhibición de no menos de 12 cortos anuales, y esto logró que los productores de cine tuvieran una base económica que ha permitido el desarrollo de la industria en el país, ya que quienes producen cortos tienen así un respaldo para filmar largometrajes.
Las cifras son elocuentes. Antes de esa legislación el promedio de filmes hechos en Colombia cada año era irrisorio, pero el vigor que se tuvo con el respaldo de lo producido por los cortos permitió que se pasara a 50 películas nacionales que atrajeron espectadores en cantidades que se calculan en más de 50 millones. No solo eso, sino que además los cortos reflejaban características regionales que permitieron que se conociera mejor el país.
Todo parecía ir bien, pero hace unos días, el 16 de diciembre, la Presidencia expidió el Decreto 1734, que rebajó a la mitad el número de cortometrajes que los exhibidores necesitaban proyectar para lograr sus beneficios. El resultado obvio es que la ayuda que representaban las anteriores disposiciones fue reducida a la mitad, es decir, que se disminuye el número de producciones colombianas que tienen el respaldo de las disposiciones antiguas.
En los considerandos del decreto mencionado dicen que se busca que las salas de cine golpeadas por la pandemia puedan recuperarse, pero al proteger a los exhibidores (que desde luego también cumplen una labor laudable) perjudican a los productores. Eso es injusto y poco recomendable, porque la industria del cine es básica para un país, y por eso se debe reconsiderar el decreto.
