Apenas un poco más del 10 % de la población colombiana pertenecía a la clase media (calculada por el BID como la población con ingresos diarios de entre US$12,4 y US$62 diarios) a comienzos del siglo XXI. Los ricos, aquellos con ingresos superiores a los de la clase media, no llegaban al 1 % de la población. Les sorprenderá a muchos saber que tan solo 17 años después el porcentaje de la población colombiana perteneciente a la clase media se acercaba al 30 % y la de los ricos superaba el 2 %.
No es el propósito de este espacio analizar las causas del logro, una suma de conquistas individuales y colectivas, pero ese salto de la clase media es sin duda una gran noticia, una que los historiadores resaltarán cuando volteen la mirada hacia las dos primeras décadas del siglo, sin los apasionamientos políticos que nos obnubilan y dificultan que veamos el progreso social bajo nuestros pies.
Pero esa rápida transformación de la sociedad colombiana hacia una con una gran clase media constituye también un reto de política pública enorme. El progreso individual viene con exigencias sobre la presencia, servicios y bienes públicos que ofrece el Estado. Un ejemplo clarísimo de ese cambio social es el enorme movimiento estudiantil que paralizó las universidades públicas el año pasado exigiendo mayores presupuestos estatales para la educación terciaria.
Las exigencias irán creciendo y diversificándose, y el Estado tendría que reinventarse para satisfacerlas. Avizoro hacia delante un divorcio entre esas demandas sociales y la capacidad del Gobierno de enfrentarlas. Primero, este último tiene un problema de recursos muy serio: aprobó una reforma tributaria que limará hacia delante el recaudo por la reducción en los impuestos empresariales y las exenciones aprobadas. Esos ingresos no cubrirán las aspiraciones sociales. Segundo, tampoco parece tener espacio político (ni voluntad) para aumentar impuestos. Tercero, consistente con esos dos puntos, se anticipa una reducción importante del presupuesto general de la nación a partir de 2020: menos recursos para esas crecientes demandas. Cuarto, ha decidido gastarse, con muy poco éxito, su capital político no en esas aspiraciones sociales, sino en intentar devolver la página de la historia del fin del conflicto borrando, de paso, su propio discurso que intentaba atenuar las profundas divisiones que quedaron en la sociedad tras el plebiscito de la paz.
El país camina hacia una bifurcación peligrosa: la sociedad avanza en una dirección y pide acciones estatales que pavimenten esa ruta; el Gobierno empuja hacia la otra y aun si voltea la cara no tiene los recursos para pavimentar esa ruta y ya quemó el capital político que le habría permitido conseguirlos. Tenemos un caldo de cultivo estupendo para la protesta y para el triunfo de propuestas políticas extremas que, como en países vecinos, podrían echar a rodar colina abajo esa piedra de progreso social y libertades individuales que con tanto esfuerzo hemos ido empujando.
@mahofste
Apenas un poco más del 10 % de la población colombiana pertenecía a la clase media (calculada por el BID como la población con ingresos diarios de entre US$12,4 y US$62 diarios) a comienzos del siglo XXI. Los ricos, aquellos con ingresos superiores a los de la clase media, no llegaban al 1 % de la población. Les sorprenderá a muchos saber que tan solo 17 años después el porcentaje de la población colombiana perteneciente a la clase media se acercaba al 30 % y la de los ricos superaba el 2 %.
No es el propósito de este espacio analizar las causas del logro, una suma de conquistas individuales y colectivas, pero ese salto de la clase media es sin duda una gran noticia, una que los historiadores resaltarán cuando volteen la mirada hacia las dos primeras décadas del siglo, sin los apasionamientos políticos que nos obnubilan y dificultan que veamos el progreso social bajo nuestros pies.
Pero esa rápida transformación de la sociedad colombiana hacia una con una gran clase media constituye también un reto de política pública enorme. El progreso individual viene con exigencias sobre la presencia, servicios y bienes públicos que ofrece el Estado. Un ejemplo clarísimo de ese cambio social es el enorme movimiento estudiantil que paralizó las universidades públicas el año pasado exigiendo mayores presupuestos estatales para la educación terciaria.
Las exigencias irán creciendo y diversificándose, y el Estado tendría que reinventarse para satisfacerlas. Avizoro hacia delante un divorcio entre esas demandas sociales y la capacidad del Gobierno de enfrentarlas. Primero, este último tiene un problema de recursos muy serio: aprobó una reforma tributaria que limará hacia delante el recaudo por la reducción en los impuestos empresariales y las exenciones aprobadas. Esos ingresos no cubrirán las aspiraciones sociales. Segundo, tampoco parece tener espacio político (ni voluntad) para aumentar impuestos. Tercero, consistente con esos dos puntos, se anticipa una reducción importante del presupuesto general de la nación a partir de 2020: menos recursos para esas crecientes demandas. Cuarto, ha decidido gastarse, con muy poco éxito, su capital político no en esas aspiraciones sociales, sino en intentar devolver la página de la historia del fin del conflicto borrando, de paso, su propio discurso que intentaba atenuar las profundas divisiones que quedaron en la sociedad tras el plebiscito de la paz.
El país camina hacia una bifurcación peligrosa: la sociedad avanza en una dirección y pide acciones estatales que pavimenten esa ruta; el Gobierno empuja hacia la otra y aun si voltea la cara no tiene los recursos para pavimentar esa ruta y ya quemó el capital político que le habría permitido conseguirlos. Tenemos un caldo de cultivo estupendo para la protesta y para el triunfo de propuestas políticas extremas que, como en países vecinos, podrían echar a rodar colina abajo esa piedra de progreso social y libertades individuales que con tanto esfuerzo hemos ido empujando.
@mahofste