Tras la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República, el presidente Petro designó a Olga Lucía Acosta en su reemplazo: un nombramiento responsable que deja atrás los fantasmas sobre poner al Banco al servicio del financiamiento del Gobierno, que había propuesto en campaña. Tras ese nombramiento, trinos del senador Bolívar cuestionaron al Banco de la República argumentando (¡de manera floja!) que ha emitido mucho, contradiciendo la tesis de campaña que apuntaba a que había que emitir más. También riñen esas declaraciones con las del propio presidente que ha criticado al Emisor por haber subido las tasas de interés.
Unas voces del Gobierno han descrito los fundamentos de una reforma pensional. Llegan incluso, como el nuevo presidente de Colpensiones, a prometer una pensión para todos los colombianos. Pero otras voces del propio Gobierno han ventilado sus dudas sobre la reforma pensional. El centro de esa reforma está mal ubicado: gira alrededor de qué institución recibe los aportes —apuntando a que sea el Gobierno vía Colpensiones— y a usarlos para financiar gasto público. Eso no corrige los problemas de fondo del sistema, abriría un boquete enorme en las finanzas públicas al gastar los ahorros que habrían permitido el pago de pensiones futuras y dejaría en aprietos la liquidez del mercado de deuda pública.
Desde el Ministerio de Minas, la narrativa que sataniza los combustibles fósiles, que pide decrecimientos de la economía y que sigue sin dar claridad sobre si habrá o no nuevas exploraciones no ha cesado. Pero, al mismo tiempo, tanto el presidente como la ministra celebran como un triunfo propio que las reservas de gas colombianas han aumentado, en el propio Ministerio de Hacienda plantean el deseo de comprar Monómeros, una empresa venezolana que desde Colombia produce fertilizantes, y expresan la esperanza de que incluso podamos exportar gas en el futuro.
La ministra de Salud, mientras tanto, usa los recursos del sistema para pagar por el anunciado subsidio al SOAT de motociclistas, deja el pago real de la UPC del régimen subsidiado sin aumentos en 2023 y sube muy poco el del régimen contributivo, empujando a las EPS, el corazón del sistema de salud, un paso más cerca del abismo. El presidente del Congreso, defensor del Gobierno, se declara contrario a las propuestas de reforma de la salud que ha esbozado la ministra.
Los debates son siempre bienvenidos, pero un Gobierno preparado debería tener una visión de para dónde quiere mover al país. Los párrafos anteriores muestran agujas apuntando al norte seguidas de otras que apuntan al sur. Dirán algunos que es un tema de cuidar las comunicaciones, de afinar un mensaje. Parece más grave que eso: refleja, creo, no el debate sobre diferentes visiones de país sino la incompetencia de muchos funcionarios en cargos claves, que fuerza a otros a enmendar la plana a renglón seguido. Una cacofonía insoportable.
Tras la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República, el presidente Petro designó a Olga Lucía Acosta en su reemplazo: un nombramiento responsable que deja atrás los fantasmas sobre poner al Banco al servicio del financiamiento del Gobierno, que había propuesto en campaña. Tras ese nombramiento, trinos del senador Bolívar cuestionaron al Banco de la República argumentando (¡de manera floja!) que ha emitido mucho, contradiciendo la tesis de campaña que apuntaba a que había que emitir más. También riñen esas declaraciones con las del propio presidente que ha criticado al Emisor por haber subido las tasas de interés.
Unas voces del Gobierno han descrito los fundamentos de una reforma pensional. Llegan incluso, como el nuevo presidente de Colpensiones, a prometer una pensión para todos los colombianos. Pero otras voces del propio Gobierno han ventilado sus dudas sobre la reforma pensional. El centro de esa reforma está mal ubicado: gira alrededor de qué institución recibe los aportes —apuntando a que sea el Gobierno vía Colpensiones— y a usarlos para financiar gasto público. Eso no corrige los problemas de fondo del sistema, abriría un boquete enorme en las finanzas públicas al gastar los ahorros que habrían permitido el pago de pensiones futuras y dejaría en aprietos la liquidez del mercado de deuda pública.
Desde el Ministerio de Minas, la narrativa que sataniza los combustibles fósiles, que pide decrecimientos de la economía y que sigue sin dar claridad sobre si habrá o no nuevas exploraciones no ha cesado. Pero, al mismo tiempo, tanto el presidente como la ministra celebran como un triunfo propio que las reservas de gas colombianas han aumentado, en el propio Ministerio de Hacienda plantean el deseo de comprar Monómeros, una empresa venezolana que desde Colombia produce fertilizantes, y expresan la esperanza de que incluso podamos exportar gas en el futuro.
La ministra de Salud, mientras tanto, usa los recursos del sistema para pagar por el anunciado subsidio al SOAT de motociclistas, deja el pago real de la UPC del régimen subsidiado sin aumentos en 2023 y sube muy poco el del régimen contributivo, empujando a las EPS, el corazón del sistema de salud, un paso más cerca del abismo. El presidente del Congreso, defensor del Gobierno, se declara contrario a las propuestas de reforma de la salud que ha esbozado la ministra.
Los debates son siempre bienvenidos, pero un Gobierno preparado debería tener una visión de para dónde quiere mover al país. Los párrafos anteriores muestran agujas apuntando al norte seguidas de otras que apuntan al sur. Dirán algunos que es un tema de cuidar las comunicaciones, de afinar un mensaje. Parece más grave que eso: refleja, creo, no el debate sobre diferentes visiones de país sino la incompetencia de muchos funcionarios en cargos claves, que fuerza a otros a enmendar la plana a renglón seguido. Una cacofonía insoportable.