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Hace pocas semanas el gobierno publicó el marco fiscal de mediano plazo, un texto que anualmente escribe el Ministerio de Hacienda en el que detalla su visión de las finanzas públicas y reporta sus estimaciones para los próximos diez años. Si bien ese marco estaba montado alrededor de justificar de manera forzada que era necesario incumplir la regla fiscal, es también cierto que era un documento en el que las sendas de ingresos y gastos futuros del gobierno lucían plausibles. Las noticias reportadas eran malas, pero dejaban la sensación, finalmente, de un ejercicio hecho con responsabilidad. Incluso el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aplaudió el documento y el sinceramiento de las cifras. En cuanto a acciones de corto plazo, el marco prometía un incremento del presupuesto para un 2026 modesto.
Esta semana le llegó la hora Gobierno de honrar las promesas hechas en el marco fiscal al presentar al Congreso el presupuesto de 2026. Era el momento de pasar del dicho—el marco fiscal de mediano plazo—al hecho—el presupuesto general de la Nación. Si quedaba alguna duda sobre la creciente incompetencia en el manejo fiscal del actual gobierno, se despejó. Relativo al marco de hace algunas semanas, las cifras asustan: el gasto prometido en 2026 aumentó en 18 billones de pesos; los ingresos esperados aumentaron por arte de magia en 8 billones; y para completar la ecuación, estiman una reducción en la cuenta de intereses a pagar en 2026 por casi diez billones. En suma, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que le hace seguimiento cuidadoso a las finanzas públicas, para cumplir con lo prometido en el marco de hace unas semanas, al presupuesto presentado le faltarían 33 billones de pesos en 2026—algo así como tres veces lo que cuesta pagar toda la rama judicial en un año. Ah, y el presupuesto prevé una reforma tributaria que recaudaría más que la hizo el gobierno en 2022: un verdadero ejercicio de ciencia ficción, teniendo en cuenta que entramos al semestre en que el Congreso está pendiente de las elecciones que se avecinan.
El Congreso debería devolverle el proyecto de presupuesto al gobierno y exigirle como mínimo metas coherentes con las prometidas hace unas semanas. Pero para devolver el presupuesto al gobierno se requiere que las cuatro comisiones del Congreso que lo estudian se pongan de acuerdo. Ese acuerdo político luce poco probable. Si no lo rechazan las cuatro comisiones, el gobierno puede más adelante sacar el presupuesto por decreto, como ya lo hizo año pasado cuando algunas de las comisiones le pidieron corregir el monto.
El escenario más probable entonces es que ese presupuesto pase por decreto y que fracase la reforma tributaria, una combinación que forzaría algunos recortes en el 2026. Lo que no se va a recortar es el deterioro de las finanzas públicas. El gobierno entrante recibirá una bomba de tiempo con poco espacio para pasar del dicho al hecho.
