Desinflar

Las proyecciones publicadas por el Banco de la República hace un año preveían que cerraríamos el 2022 con una inflación cercana al 4%. Un pronóstico similar hacían los analistas financieros. El desfase relativo a lo que realmente ocurrió resultó enorme: los precios aumentaron durante 2022 por encima del 13%, récord del siglo XXI—en el que no habíamos tenido registros de dos dígitos.

Buena parte de los precios, tarifas y salarios en Colombia se ajusta en enero. Ante el alto dato inflacionario con el que cerramos el 2022, resultará natural para muchos replicarlo en esos incrementos del primer mes del año. Me sorprendería si tras esa ronda de ajustes el incremento interanual de los precios de la canasta familiar se mantiene por debajo de 14%.

La agenda económica y social del 2023 va a estar surcada por la inflación y las políticas para contenerla. En lo social, son previsibles los brotes de protestas cuando ciertos sectores sientan que los incrementos minan el poder de compra de sus ingresos. En la política económica para desinflar, habrá dos frentes de batalla. El Banco Central, que hasta ahora ha combatido el brote con cierta cautela esperando un pico de inflación que sigue sin llegar, podría perder la paciencia y acelerar el ajuste monetario. Las altas tasas de interés estarán a la orden del día dificultando tanto la financiación privada como la pública. El enfriamiento económico, si ese frente despliega más arsenal de que se anticipaba, será severo. Paradójicamente, si bien la lucha antiinflacionaria con frecuencia se hace en nombre del bienestar de la población pobre y vulnerable, los daños colaterales de la misma también se concentran en esas porciones poblacionales.

El segundo frente de batalla es uno que ojalá no se abra: el talante de varios sectores del gobierno hace probable que empiecen a crecer las voces que empujen la idea de que los incrementos en precios de tal o cual sector no están “justificados” y que ameritan la magnánima intervención del Estado que sí sabrá cuánto deberían costar. El camino del control de precios está lleno de piedras, tiranías estatales y corrupción. Ojalá no lo recorramos.

Si el gobierno quiere apoyar la lucha desinflacionaria debería quitarle el acelerador al gasto público mucho más allá de las exigencias de la regla fiscal. El déficit del gobierno central que tenemos no tiene justificación tras el sorprendente crecimiento económico del 2022. Pero claro, reducir el gasto no tiene réditos políticos, menos aún en el primer año del gobierno y con elecciones regionales a la vista. En cambio, acusar a algún sector de cobrar precios abusivos y salir en defensa del pueblo afectado, sí.

Crucemos dedos para que finalmente el anhelado pico inflacionario llegue pronto y ni el Banco tenga de desplegar la artillería pesada ni el gobierno caiga en la tentación de marras. Es un escenario posible: es el que reflejan las nuevas proyecciones tanto del Banco de la República como de los analistas financieros. Esperemos que su bola de cristal sea esta vez la que acierta y no la mía.

Twitter: @mahofste