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En días pasados en un peaje en una entrada de Bogotá, varios grupos de ciudadanos levantaban pancartas de distintos candidatos presidenciales y lanzaban arengas. Las pancartas y arengas de Cepeda proponían acabar los peajes. Suena estupendo: ¿no estaríamos todos mejor sin hacer las filas que se forman en muchas de las casetas, sin pagar por atravesarlas? ¿No es mejor poder circular gratis por las carreteras?
Las vías colombianas han avanzado mucho—especialmente tras el impulso de Vargas Lleras desde el gobierno de Santos—pero siguen siendo mediocres e insuficientes. Sin necesidad de irnos a lugares periféricos donde el asunto es más grave, tomemos a manera de ejemplo la carretera entre Medellín y Bogotá: el recorrido toma unas 10 horas para cubrir una distancia de cerca de 400 kilómetros. Ir de Turín en Italia a Zurich en Suiza, una ruta surcada de montañas y con una distancia similar, toma la mitad del tiempo.
Mantener, mejorar y expandir la red vial exige una inversión cuantiosa y constante. Ante la histórica limitación presupuestal del Estado colombiano para financiar el desarrollo de su infraestructura, los peajes se convirtieron —al igual que en muchos otros países— en una fuente clave de recursos para apalancar estas obras. Bajo este esquema, son los propios usuarios quienes financian los tramos por los que transitan. Estos recaudos pueden ser administrados mediante concesiones, donde una empresa privada asume la construcción o el mantenimiento de la vía, o directamente por el Estado a través del Invías, que opera diversas estaciones de cobro en todo el territorio nacional.
Esa, naturalmente, no es la única manera de financiar proyectos viales. Suiza, por ejemplo, no tiene peajes, pero los vehículos que quieran usar las autopistas deben tener un permiso anual que cuesta cerca de 180.000 pesos; a los camiones les cobran tarifas en función de los kilómetros recorridos, su peso y emisiones. En Alemania, cobran impuestos elevados sobre los combustibles y la matriculación de vehículos. Los Países Bajos cobran altas tarifas por poseer vehículos. Todas estas estrategias son diferentes maneras de poner el peso del financiamiento de la infraestructura en quienes más la usan. Una alternativa final, es financiar la infraestructura a través del recaudo general del Estado.
Proponer no cobrar peajes es válido, pero es un engaño a la ciudadanía si no se plantea cómo se van a sustituir los recursos que ahora se usan para financiar la construcción y mantenimiento de esa infraestructura. En el contexto colombiano, con el Estado quebrado, es una quimera pensar que además de los ajustes que se requieren en otros frentes fiscales, el gobierno conseguiría cerca de 7 billones de pesos anuales para sustituir los peajes. Me temo, como ha pasado con muchas áreas en el actual gobierno, que este plan tiene claro lo que quieren destruir—los peajes en este caso—sin tener a la mano una estrategia que sustituya lo que derrumbarían. La arenga de marras—chao peajes—es en realidad un eufemismo: chao vías, chao desarrollo, chao prosperidad. Pero eso sí, gratis.
X: @mahofste
