Primer acto: a pocos días de haber asumido el cargo el presidente declara que las tarifas eléctricas que pagamos los consumidores son muy altas y que tomará bajo su mando las tareas de la CREG, la entidad que regula al sector. Unos meses después firma un decreto que le permite saltarse a la CREG y fijar las tarifas. (Nos lo imaginamos en la soledad del Palacio, en largas noches en vela, estimando modelos tarifarios qué definirían ahora sí de manera justa cuánto debemos pagar cada uno de los habitantes de Colombia por kilovatio consumido). Segundo acto: el Consejo de Estado suspende el decreto ante las advertencias de que podría ser inconstitucional. Tercer acto: los comisionados de la CREG—los que sí pueden regular el sector—han ido renunciando uno tras otro y el gobierno no los ha reemplazado. Ahora la CREG no puede tomar decisiones por falta de quórum.
Primer acto: el gobierno decide congelar los precios de los peajes en Colombia. (Otro precio que no le gusta). Segundo acto: de a poco va descubriendo que esa decisión va desfinanciando la construcción y el mantenimiento de las carreteras y que pagarles a los concesionarios el faltante tiene impedimentos legales. Tercer acto: el gobierno anuncia que en diciembre de 2023 subirán los peajes en el monto que debió haber aplicado a comienzos del año y que en enero de 2024 volverán a subir en el monto de correspondiente a ese año. (Buena suerte con el doble aumento separado por un mes).
Primer acto: la evasión del seguro de accidentes de tránsito por parte de las motos es de 62%. Segundo acto: el gobierno decide subsidiar el 50% de esa tarifa. (Otro precio que no le gusta). Tercer acto: con la medida la evasión pasó de 62 a 59%.
Primer acto: el gobierno se queja porque los cinco miembros expertos del CARF, el comité autónomo que fija los límites del gasto público, los nombró el gobierno anterior. Segundo acto: uno de los expertos renuncia dejando una vacante. Tercer acto: al gobierno le toma 10 meses nombrar su reemplazo.
Primer acto: el sector salud pasa por la crisis más compleja en 30 años. Entre muchos otros problemas, hay escasez de medicamentos. Segundo acto: el gobierno se demora un año y medio en nombrar director del Invima.
Primer acto: el gobierno en pleno pasa unos días en La Guajira. Mapea muchos de sus problemas (otra vez) y con grandilocuencia emite múltiples decretos. (¡El desarrollo de una región se puede decretar—cómo no lo habíamos pensado antes!). Segundo acto: varias de las disposiciones—siete de las once para ser precisos—son declaradas inconstitucionales. (¿La asesoría jurídica de Palacio estará también vacante?) Por ejemplo, la declaratoria de emergencia económica y un cobro extraordinario en la tarifa de energía del resto del país que financiaría algunas de las medidas.
Primer acto…
Twitter: @mahofste
Primer acto: a pocos días de haber asumido el cargo el presidente declara que las tarifas eléctricas que pagamos los consumidores son muy altas y que tomará bajo su mando las tareas de la CREG, la entidad que regula al sector. Unos meses después firma un decreto que le permite saltarse a la CREG y fijar las tarifas. (Nos lo imaginamos en la soledad del Palacio, en largas noches en vela, estimando modelos tarifarios qué definirían ahora sí de manera justa cuánto debemos pagar cada uno de los habitantes de Colombia por kilovatio consumido). Segundo acto: el Consejo de Estado suspende el decreto ante las advertencias de que podría ser inconstitucional. Tercer acto: los comisionados de la CREG—los que sí pueden regular el sector—han ido renunciando uno tras otro y el gobierno no los ha reemplazado. Ahora la CREG no puede tomar decisiones por falta de quórum.
Primer acto: el gobierno decide congelar los precios de los peajes en Colombia. (Otro precio que no le gusta). Segundo acto: de a poco va descubriendo que esa decisión va desfinanciando la construcción y el mantenimiento de las carreteras y que pagarles a los concesionarios el faltante tiene impedimentos legales. Tercer acto: el gobierno anuncia que en diciembre de 2023 subirán los peajes en el monto que debió haber aplicado a comienzos del año y que en enero de 2024 volverán a subir en el monto de correspondiente a ese año. (Buena suerte con el doble aumento separado por un mes).
Primer acto: la evasión del seguro de accidentes de tránsito por parte de las motos es de 62%. Segundo acto: el gobierno decide subsidiar el 50% de esa tarifa. (Otro precio que no le gusta). Tercer acto: con la medida la evasión pasó de 62 a 59%.
Primer acto: el gobierno se queja porque los cinco miembros expertos del CARF, el comité autónomo que fija los límites del gasto público, los nombró el gobierno anterior. Segundo acto: uno de los expertos renuncia dejando una vacante. Tercer acto: al gobierno le toma 10 meses nombrar su reemplazo.
Primer acto: el sector salud pasa por la crisis más compleja en 30 años. Entre muchos otros problemas, hay escasez de medicamentos. Segundo acto: el gobierno se demora un año y medio en nombrar director del Invima.
Primer acto: el gobierno en pleno pasa unos días en La Guajira. Mapea muchos de sus problemas (otra vez) y con grandilocuencia emite múltiples decretos. (¡El desarrollo de una región se puede decretar—cómo no lo habíamos pensado antes!). Segundo acto: varias de las disposiciones—siete de las once para ser precisos—son declaradas inconstitucionales. (¿La asesoría jurídica de Palacio estará también vacante?) Por ejemplo, la declaratoria de emergencia económica y un cobro extraordinario en la tarifa de energía del resto del país que financiaría algunas de las medidas.
Primer acto…
Twitter: @mahofste