La nueva bomba financiera

Muchos países promueven el ahorro forzoso para financiar las pensiones. Estos ahorros se han transformado en gigantescos actores financieros cuyas decisiones de inversión tienen implicaciones más allá de los rendimientos que ofrecen a sus afiliados. Para entender su magnitud, veamos dos ejemplos. En Colombia, los recursos administrados por los fondos de pensiones equivalen a cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto anual. En Japón, la cuarta economía más grande del mundo, el fondo público de pensiones maneja recursos que se acercan a la mitad de toda su actividad económica anual.

Hace pocos meses, el gobierno colombiano decretó que, en un plazo de cinco años, al menos el 70 % del capital administrado por los fondos esté invertido en el país. Actualmente cerca de la mitad está por fuera. Dados los montos en juego, ese cambio impacta profundamente los precios de los activos financieros locales, las tasas de interés y el tipo de cambio. Más allá del detalle de este cambio, el punto de fondo es que el gobierno controla con simples decretos el destino de recursos equivalente al tamaño de todo su presupuesto anual. ¿Qué hará el gobierno entrante con semejante herramienta?

En Japón se viven tiempos similares. Hace unos días, el ministro de Finanzas esbozó la idea de presionar al fondo público para que invierta más en activos locales y menos en el exterior. Esta medida comparte el espíritu del reciente cambio regulatorio de Colombia: un patrón que privilegia lo local sobre lo internacional, otra pieza de una desglobalización de los mercados de capitales. En el caso japonés, debido al colosal tamaño de su fondo y de su economía, esta decisión tendría reverberaciones internacionales.

Quienes toman estas decisiones desde el Estado no están pensando solo en los rendimientos que recibirán los futuros pensionados. Están pensando también en empujar sus mercados, en tener una fuente adicional de financiamiento de la inversión local y un comprador con billetera grande de su propia deuda pública, en fortalecer el tipo de cambio local, reducir las tasas de interés. Pero dada la discrecionalidad de esas reglas, existe el peligro de que se pongan al servicio de intereses más mezquinos: obligar que las inversiones se alejen de países por lo que esos gobernantes no profesan simpatía; forzar la compra de activos financieros de sectores o incluso grupos empresariales afines al gobierno de turno; obligar a que adquieran deuda pública, incluso a precios por encima del mercado.

En tiempos en que en muchos países los bancos centrales tienen autonomía del ejecutivo y por tanto no pueden poner la emisión monetaria y las reservas internacionales al servicio de causas políticas, los gobiernos tienen en los fondos de pensiones un nuevo instrumento con potenciales y poderosos usos políticos y geopolíticos. Quizás sea hora de que nos planteemos una solución como la que encontramos para los bancos centrales: unos entes independientes del gobierno que decidan la regulación de esos fondos y que no respondan a intereses electorales. No luce prudente confiar en que siempre habrá reguladores benevolentes y competentes.

X: @mahofste