Transitaba hace unas semanas por una carretera del departamento del Caquetá. Conecta esta a su capital con un pequeño casco urbano donde viven menos de 2.000 personas. Faltando pocos kilómetros para llegar, fascinado por los paisajes y algo azorado por el estado de la vía -el camper cross no es lo mío- nos topamos con una enorme tractomula atascada, bloqueando por completo el paso. Había llovido y se había enterrado en el barro de la destapada vía.
Me pregunté para qué semejante tractomula por esa carretera si al otro lado vive tan poca gente. El cotilleo alrededor de la mula traía algunas respuestas. El vehículo llevaba madera: 35 toneladas según su conductor. Ahí viaja, pensé, un pedazo de las más de 100.000 hectáreas deforestadas en el departamento en los últimos tres años.
Me pregunté si la carga sería legal. -Debe ser del Chibiriquete (el parque natural más grande del país) -susurró alguien en el trancón. Vaya uno a saber. Si fuera realmente tala ilegal, pensé, sería sencillo para las autoridades detectar su transporte: un enorme camión en una carretera que no lleva a ninguna parte. Neófito en el asunto, aprendí en la fila que para poder transportar la madera se requiere un permiso que acredite que es una tala legal.
Pensé entonces que la bolita de la deforestación, o al menos una de ellas, está en los dichosos permisos. Si alguien esgrime un permiso, difícilmente podrán las autoridades verificar que la carga corresponde a una tala ilegal, así lo sea. Unas pocas conversaciones con algunos colegas del atasco confirmaron el rol central que cumplen los permisos. Contaron de funcionarios que visitaban las fincas ofreciendo cuantiosas sumas a sus dueños para que solicitaran un permiso de tala para sus predios y, una vez otorgado, lo cedieran: hay un mercado de permisos de tala. Las cifras que mencionaron me sorprendieron: varias decenas de millones por cada uno.
Sigue a El Espectador en WhatsAppCasi al tiempo con el edificador atasco, el Gobierno publicaba un documento de política delineando la estrategia nacional para lograr una meta de cero deforestación neta al final de la década. La meta es loable. La estrategia aborda varios de los puntos claves. La complejidad del problema requiere una aproximación al mismo que involucra la coordinación y acción de múltiples entidades del Estado. Así lo establece el documento.
Me temo que una parte importante del documento se quedará en buenas intenciones. Al final, hay un problema que trasciende esas intenciones, uno que es transversal al Estado colombiano: su pequeño tamaño, su debilidad, su histórica ausencia en los territorios de la Colombia profunda. Aquella ausencia que propició una carretera apta para atascar tractomulas con sus insospechadas lecciones.
Pd. Leo hoy que tenemos una nueva norma que detalla las condiciones del uso correcto del casco para motociclistas. En el atasco de marras fueron llegando motocicletas, una tras otra. Sus usuarios no usan casco. Podemos escribir las mejores reglas, con las mejores intenciones. Pero de nuevo, en buena parte del territorio, con tan poco Estado, son letra muerta.
Twitter: @mahofste