Era poca plata: del total de los recursos nuevos que la reforma tributaria planea recaudar, esa fuente representaba menos del 1 %. Bajo esa métrica, su inclusión o exclusión era inocua. Pero para efectos de la legitimidad de la reforma, esa fuente era absolutamente esencial. Me refiero a los impuestos a las pensiones cuya retirada del texto discutido en el Congreso celebraron tanto la izquierda como la derecha, como si hubieran salvado al pueblo de una tremenda injusticia.
El artículo que se discutía implicaba que los ingresos pensionales por encima de los $13 millones al mes empezarían a pagar impuesto de renta. Repito: ingresos mensuales por encima de $13 millones mensuales. Démosle perspectiva a la cifra. Hay un poco menos de 9.000 personas que reciben pensiones de más de $13 millones. ¿Muchos? El universo de personas en edad de pensión es cercano a ocho millones de colombianos. Relativo a ese universo, privilegiados con esas mesadas son el 0,1 %. Otra forma de verlo: en Colombia, según el DANE, hay dos y media veces más adultos de más de cien años que pensionados con mesadas de más de $13 millones. Queda claro entonces que tener una mesada de ese tamaño ubica a sus receptores en la absoluta punta de los privilegios y que los políticos que salieron a celebrar que estos no deben aportar parte de sus ingresos al funcionamiento del Estado se burlan del resto de los colombianos.
Algunos han argumentado que es irrelevante el monto de la pensión, que estas no deben pagar impuestos a la renta porque esos ingresos ya pagaron impuestos cuando contribuyeron a sus pensiones. Eso es totalmente falso: en Colombia, los aportes a las pensiones no se contabilizan como un ingreso sobre el que se pague impuestos. Y en el contexto internacional, es absolutamente atípico que haya exenciones en ambas puntas: la de la contribución (como en Colombia) y la del disfrute de la pensión (de nuevo, como en Colombia).
Comencé argumentando que retirar ese elemento de la reforma machacaba su legitimidad. En efecto, la narrativa del Gobierno para sustentar los cambios estaba enfocada en que finalmente los que más tienen aportarían más al sostenimiento del Estado, y que un país más igualitario estaba entre sus prioridades. En el momento en que el Gobierno renuncia al impuesto, defendiendo los ingresos de esa élite de la sociedad, rompe con ese orden. Así, seguirá habiendo muchos colombianos con menores ingresos pagando más impuestos que esos 9.000 adultos.
Le queda hacia adelante un cartucho al Gobierno para recomponer esa legitimidad. El Gobierno prometió reformar los instrumentos de protección a la vejez. En esa reforma, ha planteado engordar las precarias ayudas que llegan hoy en día a los adultos mayores que no tienen ingresos. Sin embargo, el Gobierno tiene el reto de conseguirle recursos fiscales sostenibles a ese plan. Para eso, haría bien planteando que los ingresos pensionales paulatinamente tributarán igual que un ingreso laboral y que los recursos recogidos serán usados para ayudar a la otra punta de la sociedad, compuesta de adultos mayores en pobreza extrema.
Era poca plata: del total de los recursos nuevos que la reforma tributaria planea recaudar, esa fuente representaba menos del 1 %. Bajo esa métrica, su inclusión o exclusión era inocua. Pero para efectos de la legitimidad de la reforma, esa fuente era absolutamente esencial. Me refiero a los impuestos a las pensiones cuya retirada del texto discutido en el Congreso celebraron tanto la izquierda como la derecha, como si hubieran salvado al pueblo de una tremenda injusticia.
El artículo que se discutía implicaba que los ingresos pensionales por encima de los $13 millones al mes empezarían a pagar impuesto de renta. Repito: ingresos mensuales por encima de $13 millones mensuales. Démosle perspectiva a la cifra. Hay un poco menos de 9.000 personas que reciben pensiones de más de $13 millones. ¿Muchos? El universo de personas en edad de pensión es cercano a ocho millones de colombianos. Relativo a ese universo, privilegiados con esas mesadas son el 0,1 %. Otra forma de verlo: en Colombia, según el DANE, hay dos y media veces más adultos de más de cien años que pensionados con mesadas de más de $13 millones. Queda claro entonces que tener una mesada de ese tamaño ubica a sus receptores en la absoluta punta de los privilegios y que los políticos que salieron a celebrar que estos no deben aportar parte de sus ingresos al funcionamiento del Estado se burlan del resto de los colombianos.
Algunos han argumentado que es irrelevante el monto de la pensión, que estas no deben pagar impuestos a la renta porque esos ingresos ya pagaron impuestos cuando contribuyeron a sus pensiones. Eso es totalmente falso: en Colombia, los aportes a las pensiones no se contabilizan como un ingreso sobre el que se pague impuestos. Y en el contexto internacional, es absolutamente atípico que haya exenciones en ambas puntas: la de la contribución (como en Colombia) y la del disfrute de la pensión (de nuevo, como en Colombia).
Comencé argumentando que retirar ese elemento de la reforma machacaba su legitimidad. En efecto, la narrativa del Gobierno para sustentar los cambios estaba enfocada en que finalmente los que más tienen aportarían más al sostenimiento del Estado, y que un país más igualitario estaba entre sus prioridades. En el momento en que el Gobierno renuncia al impuesto, defendiendo los ingresos de esa élite de la sociedad, rompe con ese orden. Así, seguirá habiendo muchos colombianos con menores ingresos pagando más impuestos que esos 9.000 adultos.
Le queda hacia adelante un cartucho al Gobierno para recomponer esa legitimidad. El Gobierno prometió reformar los instrumentos de protección a la vejez. En esa reforma, ha planteado engordar las precarias ayudas que llegan hoy en día a los adultos mayores que no tienen ingresos. Sin embargo, el Gobierno tiene el reto de conseguirle recursos fiscales sostenibles a ese plan. Para eso, haría bien planteando que los ingresos pensionales paulatinamente tributarán igual que un ingreso laboral y que los recursos recogidos serán usados para ayudar a la otra punta de la sociedad, compuesta de adultos mayores en pobreza extrema.