Fitch, una de las principales calificadoras de riesgo, redujo la nota crediticia colombiana esta semana. Con la nota anterior pasábamos raspando, ahora perdimos el año. Ya son dos de las tres grandes calificadoras que nos reprueban: nuestros títulos de deuda engrosan ahora las filas de lo que el mercado financiero llama despectivamente “bonos basura”. Es decir, unos bonos a los que se les exige tasas de interés más altas para compensar el riesgo de tenerlos en los portafolios de inversión. Todos —negocios, hogares y Gobierno— pagaremos más por nuestros créditos futuros.
La noticia no sorprende. En la década pasada, los estupendos precios de las materias primas y las altas tasas de crecimiento de nuestra economía nos hicieron creer que habíamos dado el salto a una nueva senda económica permanente. Algunos lo explicaban como una consecuencia de la seguridad democrática del gobierno Uribe; otros como un resultado de la paz que se avizoraba en el gobierno de Santos; otros como efecto de las obras de infraestructura que emprendíamos. Ahora sabemos que las boyantes cifras eran transitorias y que debimos haber ahorrado durante la bonanza, como lo hicieron, por ejemplo, Chile y Perú. A esa realidad le sumamos las reformas tributarias del actual Gobierno que minaron el recaudo, y debilitaron la posición fiscal y la posibilidad de reaccionar a malas coyunturas.
La pandemia nos tomó, por esas razones, mal parados. El colapso de la actividad económica y el recaudo, y los incrementos en el gasto que surgieron para atender las emergencias de la pandemia incrementaron el déficit fiscal y la deuda pública. El Gobierno desestimó los llamados a discutir una reforma tributaria en 2020, una de cuyas disposiciones se habrían podido aplazar para no afectar los ingresos de empresas y hogares en los malos tiempos, pero que habría dejado sentadas las bases para un calce más apropiado entre los ingresos y los gastos futuros.
El Gobierno propuso la reforma tributaria en 2021, con la efervescencia electoral y el agotamiento económico y emocional de la pandemia a flor de piel. Si bien esa reforma tenía muchos elementos que habrían mejorado nuestro estatuto, catalizó el descontento social y fracasó. La estocada a la percepción de las calificadoras, si es que la necesitábamos, surgió del Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado hace pocos días por el Gobierno. El plan de ajuste planteado es poco ambicioso y descansa sobre supuestos optimistas. Fitch lo resume señalando que tiene una reducida confianza en la capacidad del Gobierno de cambiar la tendencia de la deuda pública hacia adelante. Concluye que serán necesarias nuevas reformas en el futuro: harían bien todos los partidos que aspiren a gobernar el país en el futuro en apoyar una reforma más ambiciosa en el segundo semestre de este año en lugar de apoyar la diluida versión que se ha ido consolidando. De lo contrario, llegarán a gobernar una olla raspada y con una deuda cara.
Twitter: @mahofste
Fitch, una de las principales calificadoras de riesgo, redujo la nota crediticia colombiana esta semana. Con la nota anterior pasábamos raspando, ahora perdimos el año. Ya son dos de las tres grandes calificadoras que nos reprueban: nuestros títulos de deuda engrosan ahora las filas de lo que el mercado financiero llama despectivamente “bonos basura”. Es decir, unos bonos a los que se les exige tasas de interés más altas para compensar el riesgo de tenerlos en los portafolios de inversión. Todos —negocios, hogares y Gobierno— pagaremos más por nuestros créditos futuros.
La noticia no sorprende. En la década pasada, los estupendos precios de las materias primas y las altas tasas de crecimiento de nuestra economía nos hicieron creer que habíamos dado el salto a una nueva senda económica permanente. Algunos lo explicaban como una consecuencia de la seguridad democrática del gobierno Uribe; otros como un resultado de la paz que se avizoraba en el gobierno de Santos; otros como efecto de las obras de infraestructura que emprendíamos. Ahora sabemos que las boyantes cifras eran transitorias y que debimos haber ahorrado durante la bonanza, como lo hicieron, por ejemplo, Chile y Perú. A esa realidad le sumamos las reformas tributarias del actual Gobierno que minaron el recaudo, y debilitaron la posición fiscal y la posibilidad de reaccionar a malas coyunturas.
La pandemia nos tomó, por esas razones, mal parados. El colapso de la actividad económica y el recaudo, y los incrementos en el gasto que surgieron para atender las emergencias de la pandemia incrementaron el déficit fiscal y la deuda pública. El Gobierno desestimó los llamados a discutir una reforma tributaria en 2020, una de cuyas disposiciones se habrían podido aplazar para no afectar los ingresos de empresas y hogares en los malos tiempos, pero que habría dejado sentadas las bases para un calce más apropiado entre los ingresos y los gastos futuros.
El Gobierno propuso la reforma tributaria en 2021, con la efervescencia electoral y el agotamiento económico y emocional de la pandemia a flor de piel. Si bien esa reforma tenía muchos elementos que habrían mejorado nuestro estatuto, catalizó el descontento social y fracasó. La estocada a la percepción de las calificadoras, si es que la necesitábamos, surgió del Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado hace pocos días por el Gobierno. El plan de ajuste planteado es poco ambicioso y descansa sobre supuestos optimistas. Fitch lo resume señalando que tiene una reducida confianza en la capacidad del Gobierno de cambiar la tendencia de la deuda pública hacia adelante. Concluye que serán necesarias nuevas reformas en el futuro: harían bien todos los partidos que aspiren a gobernar el país en el futuro en apoyar una reforma más ambiciosa en el segundo semestre de este año en lugar de apoyar la diluida versión que se ha ido consolidando. De lo contrario, llegarán a gobernar una olla raspada y con una deuda cara.
Twitter: @mahofste