Robin Hood al revés

La reforma pensional que el Congreso aprobó está en manos de la Corte Constitucional que discute la legalidad de su contenido y de su tránsito legislativo. Por ahora seguimos atados a las reglas pensionales usuales bajo las cuales podemos decidir si cotizamos en el sistema de reparto (Colpensiones) o en el de ahorro individual (fondos privados de pensiones). Tres cuartas partes de los 26 millones de afiliados ha escogido a los fondos de pensiones privados. Estos fondos invierten las cotizaciones en los mercados financieros con el objetivo de aumentar el capital del afiliado a lo largo de su vida laboral y de esa manera maximizar los recursos con los que contará el futuro pensionado. Los cerca de 19 millones de trabajadores que cotizan en esos fondos tienen un ahorro acumulado que bordea los 500 billones de pesos.

Los fondos, buscando un balance entre rendimientos de los activos bajo su administración y una diversificación apropiada de los riesgos, invierten cerca de la mitad de los recursos administrados en Colombia y la otra en el exterior. Los porcentajes invertidos en el exterior tienen límites regidos por un decreto de 2011. Con las características de los afiliados actuales el umbral permitido es cercano al 60 % de los recursos administrados. El gobierno ha anunciado que planea modificar el decreto que fija esos límites con el argumento de que los ahorros pensionales no deberían estar invertidos en el exterior.

Varios analistas han destacado que forzar que esos recursos sean invertidos en Colombia afecta los intereses de los 19 millones de afiliados a quienes les conviene el mejor balance posible entre rendimientos y riesgo. Si en el pasado reciente esos ahorros se hubieran concentrado en Colombia su rendimiento habría sido sustancialmente menor. Si forzáramos el regreso rápido de todo o una parte relevante de ese ahorro a Colombia, los fondos tendrían que liquidar sus inversiones en el exterior y traer esos recursos causando en el proceso una apreciación del peso e inflando los precios de los activos financieros locales. Los 19 millones de ahorradores estarían indirectamente forzados a comparar esos títulos caros y terminarían con portafolios menos diversificados afectando el balance con el que se pensionarán en el futuro.

Cambiar esos umbrales tiene implicaciones distributivas severas: entre los perdedores habrá millones de colombianos, la mayoría con bajos ingresos, que recibirán menores rendimientos por sus ahorros para pensionarse. Los ganadores incluyen a porciones ricas de la población como los deudores en moneda extranjera o los dueños de los negocios más grandes del país que cotizan en bolsa o son tenedores de bonos y que ganarán con la inflación de sus activos. También legisla en causa propia el gobierno porque forzaría a que, con cargo a los ahorros de los futuros pensionados, le compren más de su devaluada deuda.

La discusión sobre los porcentajes que permitimos invertir en el exterior no se puede dar en medio de la definición sobre qué sistema pensional tenemos ni sin analizar las implicaciones distributivas tipo Robin Hood al revés—quitarle a los pobres para darle a los ricos—que podría tener.

X: @mahofste