Hay una cuantiosa cuenta que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Es una obligación antipática, pero es clave honrarla. En esta difícilmente el presidente pueda desenfundar su sombrero y decretar que su precio ahora será menor. De hecho, si intentase hacerlo su precio automáticamente subiría. Hablo de los intereses de la deuda pública.
La cronología reciente es la siguiente. En 2020, la pandemia limó los ingresos del Gobierno al tiempo que lo empujó a incrementar los egresos para atender la emergencia sanitaria y social.
El Gobierno suspendió la regla fiscal —que limitaba el déficit— ante la imposibilidad de cumplirla en medio de semejante debacle. La deuda pública se trepó de manera significativa y perdimos el grado de inversión; es decir, varias calificadoras pusieron nuestra deuda pública en el canasto de los títulos riesgosos.
Luego, en 2021, el Congreso aprobó una nueva regla fiscal diseñada para reconducir la deuda de nuestro Gobierno hacia un nuevo destino más bajo y definió que el siguiente (es decir el actual) tendría que hacer un ajuste drástico de su déficit —tan drástico que en su momento escribí que dejarle un apretón tan grande al Gobierno entrante haría que este renegara de la nueva regla fiscal—.
Pues bien, el nuevo Gobierno no renegó del ajuste requerido. De hecho, las cuentas recientes señalan que su ajuste irá incluso más allá de la senda exigida para este año: el cinturón era estrecho y se apretó más. Pero a pesar de eso, las calificadoras no han dado ninguna señal de volvernos a subir la nota y las tasas de interés que está pagando el Gobierno se mantienen tercamente altas: la tasa de interés real de la deuda pública local a 10 años está por el orden de 5 %, el doble de la que había antes de la pandemia; la tasa de interés de nuestra deuda externa, que solía estar 1,5 puntos porcentuales por debajo de la del resto de América Latina, ahora está al mismo nivel de la región.
¿Cómo es posible que, a pesar de ir más allá de un ajuste que lucía inalcanzable, el mercado financiero esté exigiendo tasas de interés tan altas para financiar al Gobierno? Una explicación es que a pesar del ajuste presente los mercados ven nubarrones futuros, que son los que determinan si hacia adelante honraremos o no las obligaciones: el vaivén en la política de hidrocarburos, la reforma a la salud con sus implicaciones fiscales, los anuncios sobre reforma pensional, no subir los peajes, saltarse las comisiones reguladoras como el caso de la CREG, etc.
Una segunda explicación es que los mercados financieros interpretan que el destino al cual la regla fiscal debe conducir la deuda del Gobierno es excesivamente laxo: les parece irrelevante que la administración nacional haya acelerado el ajuste porque la deuda seguirá siendo demasiado alta cuando este termine.
Las dos explicaciones le dejan tareas al Gobierno. Mientras no las haga habremos de recordar cada que paguemos una cuenta y veamos el IVA que nos cobran en la tirilla, que $25 de cada $100 de impuestos se irán a pagar intereses; sí: $25 de cada $100.
@mahofste
Hay una cuantiosa cuenta que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Es una obligación antipática, pero es clave honrarla. En esta difícilmente el presidente pueda desenfundar su sombrero y decretar que su precio ahora será menor. De hecho, si intentase hacerlo su precio automáticamente subiría. Hablo de los intereses de la deuda pública.
La cronología reciente es la siguiente. En 2020, la pandemia limó los ingresos del Gobierno al tiempo que lo empujó a incrementar los egresos para atender la emergencia sanitaria y social.
El Gobierno suspendió la regla fiscal —que limitaba el déficit— ante la imposibilidad de cumplirla en medio de semejante debacle. La deuda pública se trepó de manera significativa y perdimos el grado de inversión; es decir, varias calificadoras pusieron nuestra deuda pública en el canasto de los títulos riesgosos.
Luego, en 2021, el Congreso aprobó una nueva regla fiscal diseñada para reconducir la deuda de nuestro Gobierno hacia un nuevo destino más bajo y definió que el siguiente (es decir el actual) tendría que hacer un ajuste drástico de su déficit —tan drástico que en su momento escribí que dejarle un apretón tan grande al Gobierno entrante haría que este renegara de la nueva regla fiscal—.
Pues bien, el nuevo Gobierno no renegó del ajuste requerido. De hecho, las cuentas recientes señalan que su ajuste irá incluso más allá de la senda exigida para este año: el cinturón era estrecho y se apretó más. Pero a pesar de eso, las calificadoras no han dado ninguna señal de volvernos a subir la nota y las tasas de interés que está pagando el Gobierno se mantienen tercamente altas: la tasa de interés real de la deuda pública local a 10 años está por el orden de 5 %, el doble de la que había antes de la pandemia; la tasa de interés de nuestra deuda externa, que solía estar 1,5 puntos porcentuales por debajo de la del resto de América Latina, ahora está al mismo nivel de la región.
¿Cómo es posible que, a pesar de ir más allá de un ajuste que lucía inalcanzable, el mercado financiero esté exigiendo tasas de interés tan altas para financiar al Gobierno? Una explicación es que a pesar del ajuste presente los mercados ven nubarrones futuros, que son los que determinan si hacia adelante honraremos o no las obligaciones: el vaivén en la política de hidrocarburos, la reforma a la salud con sus implicaciones fiscales, los anuncios sobre reforma pensional, no subir los peajes, saltarse las comisiones reguladoras como el caso de la CREG, etc.
Una segunda explicación es que los mercados financieros interpretan que el destino al cual la regla fiscal debe conducir la deuda del Gobierno es excesivamente laxo: les parece irrelevante que la administración nacional haya acelerado el ajuste porque la deuda seguirá siendo demasiado alta cuando este termine.
Las dos explicaciones le dejan tareas al Gobierno. Mientras no las haga habremos de recordar cada que paguemos una cuenta y veamos el IVA que nos cobran en la tirilla, que $25 de cada $100 de impuestos se irán a pagar intereses; sí: $25 de cada $100.
@mahofste