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La resistencia como continuidad de la desobediencia civil ha sido parte de la historia de las luchas sociales y políticas del pueblo colombiano. Es un derecho fundamental siempre renaciente que hoy reivindica el senador Ivan Cepeda frente a los anuncios autoritarios y regresivos del próximo gobierno algorítmico, el cual no cumple con los requisitos que permitan garantizar la soberanía y el respeto a la Constitución. Es parte del uso alternativo del derecho para la defensa colectiva de los valores y principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
A la jurisprudencia constitucional que sostiene este derecho hay que agregarle la “autonomía de la voluntad”, argumentada en los artículos 13 y 16 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad y el libre desarrollo de la personalidad y permite reconocer a las personas la legitimidad para actuar según su voluntad, y desobedecer órdenes que violen el ordenamiento democrático del Estado Social y Participativo de Derecho.
La desobediencia civil surge con la revolución francesa y se consolida en los inicios del capitalismo con la lucha ciudadana de sectores progresistas. Su referente es Henry Thoreau, encarcelado en Estados Unidos en 1846 por negarse a pagar impuestos a un Estado que sostenía el esclavismo y la guerra de anexión contra México. Con su lucha reivindica la paz de la humanidad y la conciencia de la libertad.
Mahatma Gandhi fue otro paradigma, que llegó a concentrar el sentimiento anticolonialista de la inmensa mayoría de la población de la India y del mundo, con acciones que paralizaban el funcionamiento administrativo y marchas por la paz que reclamaban el derecho a la soberanía y la independencia frente al imperio inglés, a lo que agregaba la necesidad de eliminar la injusticias sociales del sistema de castas y armonizar la convivencia de las religiones hinduista y musulmana. Uno de sus pensamientos, hoy vigente, fue: “la violencia es el miedo a los ideales de los demás”; pero también lo son sus marchas masivas de desobediencia silenciosa, como la realizada contra los impuestos colocados por el imperio a la producción de sal, o la que promovió el no uso de las telas inglesas que se elaboraban con algodón de la India.
Son muchos los ejemplos de desobediencia civil generados en Colombia y se complementan entre sí. Comenzando por los Comuneros de Galán frente al alza de los impuestos al tabaco y el de los trabajadores de Ecopetrol frente al asesinato de Gaitán instalando una Comuna popular en Barrancabermeja. O las luchas de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas reclamando la devolución de sus tierras, el respeto a sus culturas y sus autonomías territoriales. Se suman las largas huelgas generales de trabajadores del Estado y de los maestros y ya, más cercanos, se pueden citar a los trabajadores bancarios llamando a los usuarios a no depositar dineros en aquellos bancos que no respetan sus derechos laborales. También las protestas de Fecode en 1999-2000 –con medidas concretas de desobediencia civil– frente a la decisión autoritaria del gobierno nacional de imponer a los maestros una evaluación discriminatoria. A lo que se agrega la heroica huelga de hambre de sindicalistas y padres de familia de Bogotá, que logró revertir la eliminación de la educación preescolar.
Vale también recordar la masiva marcha nocturna del silencio autoconvocada por las juventudes frente al nunca auditado triunfo del No en el plesbicito del Acuerdo de Paz, así como las objeciones de conciencia de los jóvenes frente a un servicio militar instrumentalizado por gobiernos guerreristas cómplices del asesinato de líderazgos sociales, étnicos y políticos. Pero la más importante a registrar es la desobediencia masiva ante una regresiva reforma tributaria del gobierno Duque, que comenzó como resistencia popular pacífica marchando por calles y carreteras y que, ante la brutal represión, escaló a una insurgencia social que abrió la puerta al gobierno del Pacto Histórico. Todo parece indicar que este será nuevamente el doloroso destino manifiesto.
