Cuando en 1994/95 iniciamos en Barranquilla la primera experiencia de presupuestos participativos, de la mano del entrañable soñador Alfredo Correa D’Andreis y de la investigadora Vilma Liliana Franco, se vivía en Colombia el inicio de la decepción frente a la incapacidad de los Consejos Territoriales de Planeación para lograr que sus conceptos frente a los Planes de Desarrollo tuvieran un carácter vinculante. Centrar la participación en el Presupuesto fue la estrategia alternativa, que no dejaba de chocar contra los intereses de concejales acostumbrados a “recuperar” sus inversiones electorales a través de la negociación con los alcaldes. A través del ejercicio práctico del debate entre iguales, se apuntaba —como medio y fin— a la construcción de sujetos sociales colectivos de derecho, autónomos e independientes, formados y empoderados para la elaboración de políticas y proyectos públicos transformadores y de las consecuentes acciones de incidencia, seguimiento y control de su implementación.
Asistimos a valiosas experiencias participativas que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la cooperación sueca, llevaron a construir la Red de Municipios Indígenas y Participativos, que luego continuó con una red nacional de planeación y presupuestos participativos. Paralelamente, los ideólogos del autoritarismo sistémico se fueron apropiando de la idea y fabricaron un nuevo escenario en el que esa participación, tan directa y desde abajo que recuperaba los saberes comunitarios indígenas, ya era impulsada deformadamente por el Banco Mundial y el Plan Colombia II, perdiendo sus contenidos democráticos transformadores, y convirtiéndose en una válvula de escape frente a los crecientes descontentos sociales. Allí surgió la nueva versión del verbo participar: “Yo participo, tú participas, él y ella participan, nosotros participamos... ellos deciden”.
Con las alcaldías progresistas de Bogotá se retomó la idea y se construyó el Instituto Distrital de Participación Ciudadana; pero ese paso institucionalizado del poder constituyente al poder constituido no le permitió a la democracia participativa adquirir el anhelado poder de decisión, que era y es la esencia de su carácter transformador. La realidad fue su reducción a un honesto ejercicio rodeado de miradas tecnocráticas y de liderazgos comunales clientelistas; y las consecuencias fueron su alejamiento de la construcción de una ciudadanía crítica, consciente de las causas de los conflictos y de la necesidad de transformarlos dialógicamente, construyendo las capacidades y la fuerza social necesarias para trasladar esa comprensión creativa a los espacios políticos de la democracia representativa electoral.
Si bien el Acuerdo de Paz de La Habana realizó un importante llamado a profundizar la democracia participativa directa, el proceso de construcción —participativo— de las reformas necesarias no alcanzó siquiera a llegar a la “vía rápida” parlamentaria y fue parte del entierro de todo lo acordado que impuso el gobierno Duque. Rechazo que, por parte del Congreso, se extendió durante el gobierno Petro, y la idea solo logró revivir cuando este propuso la consulta popular para aprobar la Reforma Laboral. Los parlamentarios de oposición prefirieron aprobarla a regañadientes —con recortes— antes que se reviviera el espíritu constitucional de la democracia participativa. Lo que confirma que será con la profundización de la democracia directa que se lograrán las reforma a la política, a la salud, a la justicia, así como la jurisdicción especial para la Reforma Agraria.
Es un tema trascendente para abordar en esta campaña presidencial. ¿Qué dirá Paloma Valencia —o su alter ego, Abelardo— sobre el derecho de los pueblos indígenas y afros del Cauca y de todos los territorios del país, a decidir participativamente sobre los contenidos de políticas públicas que garanticen sus derechos y los de la naturaleza, así como la veeduría sobre sus recursos? De Daniel Oviedo se conocen sus habilidades cuantitativas, pero el tema es cualitativo. De Aida Quilcué hay que aprender, ya que ella participó de la Red de Municipios Indígenas y, seguramente, esa debe ser parte de las cualidades que identificó Iván Cepeda para proponerle la vicepresidencia. Habrá que escuchar todas las propuestas y aplicar el indicador.
