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Con el mayor porcentaje de votos de la historia (55 %), la coalición de centro-izquierda triunfó en Chile y agregó un novedoso intento de un nuevo gobierno que se declara antineoliberal, pero tuvo que acudir a alianzas con un centroderecha que condicionará su accionar. Para quienes vivieron el proceso del gobierno de Salvador Allende —escuela de aprendizaje de gobernanza con los de abajo—, este es el inicio de la revancha que venían impulsando la juventud, los trabajadores y sectores populares excluidos del progreso desigual dominante.
Los jóvenes supieron diferenciar entre la propuesta fascista y aquella que proponía avanzar en la garantía de derechos, salieron a votar y los 11 puntos de diferencia impidieron la maniobra antidemocrática que vociferaban los anunciados derrotados. Más allá de las legítimas emociones del momento, al día siguiente se posicionan los complejos desafíos por delante. Considerando que la posesión presidencial será el 11 de marzo, la disputa sigue abierta y se concentra en la Constituyente, la cual, por su conformación social incluyente, representa más genuinamente la ruta de salida que hoy buscan quienes impulsan gobiernos progresistas y de izquierda del continente.
La campaña de los medios de comunicación —ultramonopólicos— en su contra ha sido feroz y apunta a deslegitimar los avances transformadores y a su derrota en un plebiscito que se deberá realizar en el segundo semestre del 2022. Lo cual muestra que la construcción de los cimientos de poder alternativo, basados en las mayorías diversas populares y de trabajadores, irá de la mano de lo que ha sido el principal déficit de estos gobiernos, que es lograr construir medios masivos de comunicación que confronten los ideológicos y alienantes mensajes cotidianos que debilitan la organización colectiva.
Entre los temas avanzados en esta Constituyente vale reseñar algunos: en lo político, reducir el absolutismo presidencialista y someter los proyectos de ley a plebiscitos y consultas tanto nacionales como en los sectores afectados; un sistema parlamentario unicameral que permita las expresiones de las minorías y las regiones, y un reconocimiento de las autonomías territoriales, culturales y políticas de los pueblos indígenas junto con los derechos de todas las diversidades de género, opción sexual y demás sectores invisibilizados por el modelo, lo cual implica un peso mayor de la democracia directa.
En lo económico —lo más sensible—, una política frente a la minería del cobre (70 % privatizada) y del estratégico litio, que impondrá regalías —sin excepciones tributarias— a las transnacionales que los explotan, y un debate abierto sobre su reestatización. Todo, con un sólido enfoque medioambiental, en particular para los bosques y aguas de la Araucanía (mapuche) y el sur patagónico. En conjunto, se preanuncia un marco constitucional más radical que el que políticamente presentó el presidente electo, por lo cual su reglamentación posterior dependerá de la continuidad de ese gran movimiento social que la impuso y eligió, en un pulso político con el Congreso y el gobierno de coalición.
Lo más evidente es que en este tránsito incierto de salida del neoliberalismo se afirma la necesaria integración latinoamericana, se entierra definitivamente el Grupo de Lima y se deberá avanzar en acuerdos económicos y financieros concretos que vayan rompiendo la hegemonía de los grandes poderes globales. Y que Estados Unidos tendrá que revisar —o agudizar— su política injerencista hacia la región.
