Presidenciales anticipadas en Uruguay

El próximo 27 de marzo se marcará el rumbo político de Uruguay en una jornada electoral que, según se anuncia, develará el futuro de las presidenciales de octubre y noviembre de 2024. Se trata de un referendo para anular 135 artículos de una mega-Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada como Ley 476 en julio de 2020. En noviembre de 2019, la coalición de derecha neoliberal, hoy en el gobierno, derrotó a un mal candidato del Frente Amplio (FA) por un 1,5 % de los votos. Inició su período presidencial aprovechando una reforma constituyente realizada en 1966, en tiempo de crisis política, que permitía este tipo de legislación de emergencia. Pero la LUC no había sido pensada como un gran paquete que abordara tantas áreas de las políticas públicas (seguridad, inteligencia, educación, economía, empresas públicas, petróleo, agro, relaciones laborales, vivienda y otras). Aborda 185 temas básicos, cada uno de los cuales ameritaría una ley previamente socializada y debatida en profundidad.

Con su rápida aprobación en el Congreso se derogaron gran parte de las principales conquistas en derechos logradas durante tres períodos presidenciales del FA. Los más delicados fueron la privatización de empresas energéticas, la criminalización de la protesta social, la privatización de sectores de la educación (con la eliminación de la participación de la comunidad educativa en su gestión), la reducción de los salarios y la negación de una renta básica, entre otros. Basta señalar que casi todo el presupuesto del país gira alrededor de esta LUC.

La respuesta tardía del Frente Amplio, producto de esa derrota inesperada que llevó a valiosos análisis autocríticos, fue apostar a un referendo revocatorio que pretende anular 135 artículos de la LUC. Para eso recogió 800.000 firmas, que representan a un 30 % del electorado (la norma exige el 25 %) y consiguió que sea el pueblo quien lo decida.

Pero el gobierno se encargó de entorpecer el ejercicio: lo que era un no (de gran tradición en la lucha contra la dictadura) a la LUC lo transformó en un sí. Y con un absurdo jurídico, definió que el voto en blanco, en tanto no apoya la anulación que propone el sí, se sumará al no. Por lo que el voto al sí, promovido por las fuerzas progresistas y de izquierda, tendrá que alcanzar el 50 % más uno de los votos válidos. Y a esto agregó trampas publicitarias, como otorgarle el color celeste al no, en pleno fin de semana que se define la clasificación al Mundial de Fútbol, donde el celeste de la selección inundará el país.

El discurso de campaña del presidente Lacalle, del Partido Nacional, es resumido así por el periodista Andrés Alsina: “Para que haya libertad tiene que haber injusticia; para reducir la pobreza, el más rico tiene que ganar más; para que la economía se despliegue, tiene que haber menos Estado. Y para que haya una educación diferente, los gremios docentes tienen que salir de la toma de decisiones, pues son parte del problema y nunca la solución. Tal como lo ha dicho ahora el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira: si se deroga la LUC se volverá a un esquema ‘soviético’”. Como se puede ver, la estrategia continental de la derecha es la misma, si bien allí no esconden tanto sus intenciones.

A este debate se suma una situación de hambre en sectores populares, crecimiento de la inflación y del desempleo estructural. Un ejemplo es el debate parlamentario de hoy, mientras el gobierno propone quitarle el IVA a la costosa costilla del asado, el FA propone hacerlo con los cortes más populares y extenderlo a toda la canasta familiar. Las encuestas dan hoy un empate técnico, como siempre con posibles sorpresas. La carne está en la parrilla y América Latina y el Caribe pendiente, en un año donde se avecinan grandes cambios en la región.