Desde que comenzó el proceso de paz en Colombia, la sombra de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado gravitando a su alrededor, como el Coco con el que asustaban a los niños si no se comían la sopa.
Que si los acuerdos no aplican “suficiente justicia” por los crímenes cometidos durante el medio siglo de conflicto armado, a la CPI no le quedará más remedio que intervenir. La realidad es que desde su entrada en vigor en el año 2002, la CPI no ha sido más que un gran elefante blanco incapaz de cumplir la misión para la cual fue creada. Con violaciones de los derechos humanos y toda clase de crímenes rampantes en el mundo, la CPI no tiene resultados que mostrar más allá de la condena a tres líderes de grupúsculos rebeldes africanos. Una orden internacional de captura por parte de la CPI contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, por el genocidio de Darfur, es olímpicamente ignorada mientras que el señor se pasea orondo por varias capitales.
Esta semana el gobierno de Suráfrica, uno de los inspiradores del tratado de Roma (que dio origen a la CPI), anunció oficialmente su retiro de la Corte, segundo país en hacerlo tras el también africano Burundi. Las razones aducidas por Pretoria resuenan en nuestro país: la Corte es un impedimento para lograr acuerdos negociados de paz, sus estándares de justicia no se compadecen con las realidades locales y desconoce los beneficios últimos de firmar la paz sacrificando justicia. Detrás de las explicaciones públicas está la gran animadversión que ha generado la CPI en el continente negro, que la acusa de abierto sesgo contra África y de ser herramienta del “colonialismo jurídico”. Pareciera que el dominó comienza a caer en África pues varios países más han anunciado su inminente salida de la CPI.
Fueron mucho más eficientes en la aplicación de justicia los tribunales especiales creados por el Consejo de Seguridad para los casos de Ruanda, Yugoslavia y Camboya. La CPI es justicia para los de ruana. A los responsables del horrendo genocidio en Siria —Assad, los líderes de Rusia, Irán y Hezbollah— o al rey saudí por los crímenes de guerra en Yemen difícilmente los veremos en el banquillo de los acusados en La Haya, como tampoco han comparecido los culpables de la matazón de civiles en Sri Lanka que hace un lustro puso fin al conflicto con los Tigres Tamiles. No ayuda que la Corte no cuente entre sus miembros a las grandes potencias: Estados Unidos, China e India no son signatarios del Estatuto de Roma, mientras que Rusia, Israel, Pakistán e Irán, entre otros, no lo han ratificado.
La realidad muestra que la Corte Penal Internacional no intimida a nadie y en su misión de llevar a juicio a autores de crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión y guerra ha fracasado.
Desde que comenzó el proceso de paz en Colombia, la sombra de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado gravitando a su alrededor, como el Coco con el que asustaban a los niños si no se comían la sopa.
Que si los acuerdos no aplican “suficiente justicia” por los crímenes cometidos durante el medio siglo de conflicto armado, a la CPI no le quedará más remedio que intervenir. La realidad es que desde su entrada en vigor en el año 2002, la CPI no ha sido más que un gran elefante blanco incapaz de cumplir la misión para la cual fue creada. Con violaciones de los derechos humanos y toda clase de crímenes rampantes en el mundo, la CPI no tiene resultados que mostrar más allá de la condena a tres líderes de grupúsculos rebeldes africanos. Una orden internacional de captura por parte de la CPI contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, por el genocidio de Darfur, es olímpicamente ignorada mientras que el señor se pasea orondo por varias capitales.
Esta semana el gobierno de Suráfrica, uno de los inspiradores del tratado de Roma (que dio origen a la CPI), anunció oficialmente su retiro de la Corte, segundo país en hacerlo tras el también africano Burundi. Las razones aducidas por Pretoria resuenan en nuestro país: la Corte es un impedimento para lograr acuerdos negociados de paz, sus estándares de justicia no se compadecen con las realidades locales y desconoce los beneficios últimos de firmar la paz sacrificando justicia. Detrás de las explicaciones públicas está la gran animadversión que ha generado la CPI en el continente negro, que la acusa de abierto sesgo contra África y de ser herramienta del “colonialismo jurídico”. Pareciera que el dominó comienza a caer en África pues varios países más han anunciado su inminente salida de la CPI.
Fueron mucho más eficientes en la aplicación de justicia los tribunales especiales creados por el Consejo de Seguridad para los casos de Ruanda, Yugoslavia y Camboya. La CPI es justicia para los de ruana. A los responsables del horrendo genocidio en Siria —Assad, los líderes de Rusia, Irán y Hezbollah— o al rey saudí por los crímenes de guerra en Yemen difícilmente los veremos en el banquillo de los acusados en La Haya, como tampoco han comparecido los culpables de la matazón de civiles en Sri Lanka que hace un lustro puso fin al conflicto con los Tigres Tamiles. No ayuda que la Corte no cuente entre sus miembros a las grandes potencias: Estados Unidos, China e India no son signatarios del Estatuto de Roma, mientras que Rusia, Israel, Pakistán e Irán, entre otros, no lo han ratificado.
La realidad muestra que la Corte Penal Internacional no intimida a nadie y en su misión de llevar a juicio a autores de crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión y guerra ha fracasado.