Tras la polémica desatada por la promulgación del decreto 1787 de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro exhibía unos mapas del siglo XIX en los cuales se incluía como territorio patriota la región del Esequibo, explicando que el despojo imperial había privado a Venezuela de esas tierras, que en su momento hicieron parte de la Capitanía General de Caracas.
La delimitación de las fronteras en la América española coincidió con las existentes al final de la Colonia, entre virreinatos, capitanías y gobernaciones. Es en América donde nace el principio de Utis Possidetis Iuris, lo que poseías es lo que poseerás, adoptado posteriormente por el derecho internacional. Sin embargo, la Gran Colombia, que incluía en sus territorios el Esequibo, bordeaba al oriente con Gran Bretaña, que nunca reconoció frontera alguna.
Las Guayanas siempre han sido un cuerpo extraño en la geografía de Suramérica. Un territorio colonizado por holandeses, franceses e ingleses que, tras interminables conflictos y rapiñas, acordaron la división política actual en la Convención de Londres de 1814, la cual no determinaba la frontera occidental de la Guyana inglesa, que se expandía a costa de una Venezuela incapaz de ejercer soberanía real sobre ese rico territorio.
Finalmente ambos países sometieron el diferendo a un arbitraje que produjo en 1899 el Laudo de París, el cual otorgó el Esequibo a Guyana. El tribunal que emitió el fallo estaba fuertemente cargado contra Venezuela, no tenía magistrados de ese país y, como revelaría posteriormente uno de sus integrantes, Mallet-Prevost, el presidente ruso del tribunal, M.F. Martens, había hecho negociados con Gran Bretaña a cambio de favores a la Rusia zarista.
El Laudo fue declarado “nulo e inválido” por Venezuela ante Naciones Unidas en 1962, y en 1966 Guyana y Gran Bretaña negociaron con Caracas los Acuerdos de Ginebra, que simplemente sirvieron para “registrar el descontento” venezolano por la continua presencia guyanesa en el Esequibo. Tres meses después Guyana se independiza y en 1989 Naciones Unidas, con el consentimiento de ambas partes, nombra un embajador de “buenos oficios” que ha servido para aparentar que se está haciendo algo mientras el diferendo, que ha tenido no pocas escaramuzas en las fronteras terrestres y marítimas, sigue sin solución.
El presidente Maduro, con su país sumido en una profunda crisis social, económica y política y ad portas de las legislativas, decide entonces agitar las banderas del nacionalismo inventándose a través del decreto de marras el engendro de Zodimain, el cual fija unilateralmente las fronteras marítimas entre Guyana y Venezuela, y de paso con Colombia, partiendo de una línea imaginaria que asume que el Esequibo es venezolano. Guyana acusó a Caracas de poner en riesgo la seguridad regional y obtuvo el apoyo de Caricom, Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Unasur, fiel a su incompetencia, no se ha pronunciado.
La sombra de Galtieri y las Malvinas pareciera reencarnar sobre la costa atlántica suramericana en la persona de Nicolás Maduro.
Tras la polémica desatada por la promulgación del decreto 1787 de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro exhibía unos mapas del siglo XIX en los cuales se incluía como territorio patriota la región del Esequibo, explicando que el despojo imperial había privado a Venezuela de esas tierras, que en su momento hicieron parte de la Capitanía General de Caracas.
La delimitación de las fronteras en la América española coincidió con las existentes al final de la Colonia, entre virreinatos, capitanías y gobernaciones. Es en América donde nace el principio de Utis Possidetis Iuris, lo que poseías es lo que poseerás, adoptado posteriormente por el derecho internacional. Sin embargo, la Gran Colombia, que incluía en sus territorios el Esequibo, bordeaba al oriente con Gran Bretaña, que nunca reconoció frontera alguna.
Las Guayanas siempre han sido un cuerpo extraño en la geografía de Suramérica. Un territorio colonizado por holandeses, franceses e ingleses que, tras interminables conflictos y rapiñas, acordaron la división política actual en la Convención de Londres de 1814, la cual no determinaba la frontera occidental de la Guyana inglesa, que se expandía a costa de una Venezuela incapaz de ejercer soberanía real sobre ese rico territorio.
Finalmente ambos países sometieron el diferendo a un arbitraje que produjo en 1899 el Laudo de París, el cual otorgó el Esequibo a Guyana. El tribunal que emitió el fallo estaba fuertemente cargado contra Venezuela, no tenía magistrados de ese país y, como revelaría posteriormente uno de sus integrantes, Mallet-Prevost, el presidente ruso del tribunal, M.F. Martens, había hecho negociados con Gran Bretaña a cambio de favores a la Rusia zarista.
El Laudo fue declarado “nulo e inválido” por Venezuela ante Naciones Unidas en 1962, y en 1966 Guyana y Gran Bretaña negociaron con Caracas los Acuerdos de Ginebra, que simplemente sirvieron para “registrar el descontento” venezolano por la continua presencia guyanesa en el Esequibo. Tres meses después Guyana se independiza y en 1989 Naciones Unidas, con el consentimiento de ambas partes, nombra un embajador de “buenos oficios” que ha servido para aparentar que se está haciendo algo mientras el diferendo, que ha tenido no pocas escaramuzas en las fronteras terrestres y marítimas, sigue sin solución.
El presidente Maduro, con su país sumido en una profunda crisis social, económica y política y ad portas de las legislativas, decide entonces agitar las banderas del nacionalismo inventándose a través del decreto de marras el engendro de Zodimain, el cual fija unilateralmente las fronteras marítimas entre Guyana y Venezuela, y de paso con Colombia, partiendo de una línea imaginaria que asume que el Esequibo es venezolano. Guyana acusó a Caracas de poner en riesgo la seguridad regional y obtuvo el apoyo de Caricom, Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Unasur, fiel a su incompetencia, no se ha pronunciado.
La sombra de Galtieri y las Malvinas pareciera reencarnar sobre la costa atlántica suramericana en la persona de Nicolás Maduro.