Finalmente, y tras meses de manifestaciones masivas, el gobierno de Benjamín Netanyahu compuesto por partidos ultra religiosos y radicales de derecha, logró que el parlamento -Knesset- aprobara uno de los ítems de su propuesta de reforma judicial.
La ley aprobada elimina el causal de “razonabilidad” del que dispone la Corte Suprema para anular leyes emanadas del ejecutivo que el alto tribunal considere “no razonables”. Otros países como Reino Unido y Canadá cuentan con esa cláusula en su legislación. Aunque el término en si puede inferir subjetividad, los casos en los que esta se aplica parecieran ser evidentes y hacen referencia a una clara discrepancia entre el interés público y el político. Al comienzo del actual gobierno, la Corte, haciendo uso de esa cláusula, anuló el nombramiento de un ministro por tener un largo prontuario de corrupción.
Los opositores a la reforma propuesta, los que han llenado calles del país cada semana por siete meses, enviado peticiones, publicado comunicados, incluyen militares de alto rango, pilotos de la fuerza aérea, empresarios de Alta Tecnología, sindicatos, médicos, ciudadanos del común, jefes de los servicios de inteligencia, de izquierda y derecha, religiosos y laicos, quienes perciben esta modificación aprobada como un ataque directo al corazón de la democracia israelí: la Corte Suprema. En Israel, un país sin constitución y de régimen parlamentario unicameral, la Corte es el único contrapeso institucional al ejecutivo. La cláusula eliminada es solo una de varias a su disposición para anular leyes o nombramientos y uno solo de los componentes de la propuesta original del gobierno, que incluía además control sobre el nombramiento de los jueces y despojar a la corte de otras atribuciones para anular leyes.
El otro gran contrapeso contra los excesos del gobierno es la sociedad civil, que ha actuado en Israel desde la fundación del Estado y fue clave, entre otras, en el proceso de paz con Egipto, la destitución de ministros, la formulación de política económica y social y defensa de los derechos de las minorías.
La ley de anulación de la cláusula de razonabilidad no es el fin de la democracia en Israel, que ha demostrado resiliencia es estos meses en los que centenares de miles cada semana acudieron a la calle a protestar logrando derrotar la propuesta maximalista del gobierno. No ha habido heridos, ni propiedad destruida, ni vandalismo, ni episodios de violencia, como los ocurridos en Francia hace unas semanas.
Los próximos meses serán determinantes en el camino que seguirá Israel, pues a menos que se logre un consenso, lo cual es posible, el gobierno planea introducir los demás ítems de su reforma a finales del año, prolongando el enfrentamiento y la fractura social. Existe también la posibilidad, remota, quizás, que la misma corte derogue la ley promulgada conllevando a un choque de trenes. Este fuerte debate interno se da en medio de un deterioro general de seguridad en la región, tanto en los territorios palestinos desgobernados y divididos, como un Irán envalentonado y la frontera con Líbano, donde Hezbollah, acorralado políticamente, podría iniciar una aventura bélica con Israel.
Tiempos inciertos para un Israel que en sus 75 años de vida tiene una lista impresionante de logros, incluida su democracia en una región donde esta escasea.
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