Su nombre es impronunciable, su acrónimo no dice mucho, sin embargo, está en el ojo del huracán, como casi todas las instituciones internacionales. La UNRWA, que traduce “Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo”, fue creada por la Asamblea General en 1949 para encargarse de los refugiados árabes que dejó la guerra de independencia de Israel.
El Parlamento de Israel, en una decisión casi unánime, prohibió las actividades de esta organización en los territorios bajo control israelí, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Las revelaciones de involucramiento de funcionarios de la UNRWA en Hamás y la comprobada participación de varios de ellos en la masacre del 7 de octubre hacían imposible, desde el punto de vista de Israel, la permanencia de esta organización, cuyos problemas se originan desde su mismo mandato fundacional.
Mientras que los refugiados de guerras y conflictos internos en otras latitudes están cobijados por ACNUR, los palestinos tienen una agencia y un estatuto especial. ACNUR tiene como objetivo propender por el asentamiento de los refugiados en el lugar al cual llegan para que abandonen lo más pronto posible el estatus de refugiados y definitivamente que este no pase a la siguiente generación.
La UNRWA, por el contrario, se ha dedicado a perpetuar a los refugiados palestinos, generación tras generación, eternizando así el conflicto con Israel. Para su funcionamiento requiere una gigantesca burocracia financiada por la ONU, la cual depende de que los refugiados y sus descendientes continúen siéndolo indefinidamente. Círculo vicioso. La misión de la UNRWA alimenta en los refugiados palestinos la ilusión de que algún día podrán regresar a sus hogares, cuando el Estado de Israel ya no exista, convirtiendo a seres humanos en peones políticos.
Por otro lado, unos 800.000 judíos que fueron expulsados de países árabes tras la creación de Israel fueron acogidos y asentados por el nuevo Estado sin intervención alguna de la ONU, entre ellos unos 120.000 judíos de Irak, comunidad con más de 2.500 años de presencia en Mesopotamia.
En la actualidad existen bajo el modelo asistencialista de la UNRWA 58 campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, en los que habitan aproximadamente 1′400.000 personas. Sus residentes mantienen el estatus de refugiados, sin nacionalidad, sin poder integrarse a las sociedades en las que viven, sin que la UNRWA les ofrezca un futuro diferente, ni a ellos ni a sus hijos.
La UNRWA es la agencia más grande de la ONU, con más de 30.000 empleados, y su financiación depende de donaciones, que, como siempre, provienen en su gran mayoría de los países de Occidente.
Las acusaciones de corrupción, nepotismo, abuso sexual y acoso laboral han plagado a la UNRWA por años, sin que la agencia haya tomado medidas efectivas al respecto. En Gaza, bajo el control de Hamás desde 2007, no existe la posibilidad de que la agencia, que emplea 13.000 personas en la Franja, opere de manera independiente. Escuelas y refugios de la UNRWA han servido de guaridas para los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica, desde donde han lanzado cohetes a poblaciones de Israel, mientras que el sistema educativo promovido por la UNRWA incita permanentemente al odio a los judíos y a Israel.
Durante los años en los que la Autoridad Palestina gobernó Gaza, entre 1994 y 2007, mantuvo a los refugiados en los campos de la UNRWA, en lugar de iniciar un proceso para asentarlos en Gaza bajo su propio gobierno palestino. Esto habría permitido que los refugiados se asentaran en Gaza, creando una nueva realidad social. Sin embargo, esta opción no les convenía ni a sus intereses ni a los de la UNRWA.
Es incierto aún el alcance de la decisión del Parlamento israelí, pero podría ser el comienzo del fin del círculo vicioso del cual los palestinos han sido los más perjudicados.
