Investigar a un presidente

La tarea nunca ha sido fácil y mucho menos efectiva (solo hay que recapitular el proceso del expresidente Álvaro Uribe). La Comisión de Acusaciones de la Cámara ha perdido toda la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, y se ha convertido en una burla que ya hace parte del lugar común. No solo se da por hecho que este órgano legislativo no tiene calzones para meterse de verdad con los poderosos aforados y, por tanto, no hace el trabajo que le corresponde, pues sus integrantes suelen ser personajes sin perfil ni peso político, incapaces de marcar un precedente, y se vuelven negociantes de beneficios a cambio de embolatar cualquier proceso. Además, en Colombia desde hace décadas gobiernan los mismos que investigan, por eso pasan de agache los juicios políticos sobre presuntas responsabilidades penales, que serían un asunto de mayor trascendencia en un país democrático. ¿Pero será igual ahora que el investigado es Gustavo Petro?

La semana pasada se hizo la compulsa de copias de la Fiscalía a esta comisión, al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Suprema de las declaraciones que Nicolás Petro, hijo del presidente, le dio al fiscal Burgos en el búnker cuando pensaba que lo dejarían allí por el resto de sus días. Lo que dijo Petro jr. puede ser cierto o no, lo que sí es verdad es que pesó más la condición de hijo que de vengador y prefirió abandonar el principio de oportunidad que le daba beneficios, por lo que el escándalo que se soñaba el fiscal Barbosa llegó a las manos de los 16 representantes a la Cámara que conforman la mencionada comisión.

Echemos una mirada a estos congresistas: el presidente es Wadith Alberto Manzur, ingeniero industrial cordobés investigado por la Corte por corrupción en el escándalo del desvío de la plata de la paz; Óscar Leonardo Villamizar, abogado, hijo del célebre Alirio Villamizar, al que le gusta llevar millones en efectivo en su carro; José Octavio Cardona, abogado, exalcalde de Manizales y de la cuerda del senador Mario Castaño, el campeón de la corrupción; Wilmer Carrillo, arquitecto, célebre en Norte de Santander como un “tipo de cuidado” (dejémoslo así); María Eugenia Lopera, ingeniera sanitaria, juega en la política de la mano del liberal Julián Bedoya; Kelyn González, abogada, pareja del parapolítico Rodrigo Roncallo; Jorge Tovar, abogado, hijo de Rodrigo Tovar alias Jorge 40; Olga Lucía Velásquez, ingeniera, cuyo esposo, Ovidio Claros, acaba de ser elegido presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; Katherine Miranda, de los verdes; Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical; Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y Jorge Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, que es un profesional del deporte.

Con esta nómina de lujo arrancaría esta investigación al presidente. Los hechos a investigar están relacionados con plata. Es decir, si hubo dineros no reportados durante la campaña presidencial que comenzó oficialmente en enero de 2022, si estas sumas no reportadas sobrepasaron los topes de la campaña o si el origen del dinero es desconocido.

Aun sin que la comisión se pronuncie sobre esta nueva investigación, ya existe una movida de la defensa del presidente. Es un documento radicado en la comisión con un jalón de orejas ante lo que parece un desorden procesal por la repetición de los procesos y porque varios de los congresistas comenzaron a hacer movidas por fuera de la reglamentación. Dice el documento, dirigido al presidente de la corporación, Wadith Manzur: “El 19 de septiembre de 2023, el H. R. Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza avocó el conocimiento de las investigaciones n.° 6209, 6210 y 6211, desplazando la competencia asignada a los instructores. Hecho que es de total importancia y reviste la mayor gravedad, en la medida que, sin ser el presidente de la Comisión de Acusaciones, se atribuyó la competencia de reparto de los expedientes. Dicha facultad reside exclusivamente en la presidencia. El 28 de septiembre de 2023, al igual que en los radicados antes mencionados, la H. R. Olga Lucía Velásquez Nieto decidió avocar el conocimiento de la actuación con radicado 6207, sin que existiera un reparto previo”. Como consecuencia de otros actos que describe la defensa, le pide de forma imperiosa “que su despacho corrija «los actos irregulares, respetando siempre los derechos y las garantías de los sujetos procesales» (artículo 15 de la Ley 600 de 2000)”.

Esto apenas comienza. El presidente Petro será investigado por un tribunal que poco o nada sabe de derecho penal y en el que pocos colombianos confían para hacer una investigación certera y transparente que logre esclarecer la verdad. Por eso, dicen las lenguas, a la Fiscalía le queda la carta del Consejo Nacional Electoral. Ya nos ocuparemos en otra columna de ese tema.