¿Registraduría paralela o negocio paralelo?

Varios aspectos de esta jornada de votación para el Plebiscito sobre los acuerdos de paz , realizada en la Plaza de Bolívar.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Otra de las múltiples consecuencias que ha traído la polarización en la política sudamericana, para no salirme del continente, es una tendencia fuerte a la profunda desconfianza en las instituciones electorales. Ahora la oposición de turno no confía en los registradores o sus equivalentes. En Colombia, como siempre, logramos ir aún más allá. En este momento, ni la oposición ni el gobierno dan muestras de confianza en el conteo de votos.

La verdad es que esta desconfianza tiene dos orígenes: el legítimo de mirar siempre con sospecha a la contraparte, y el ilegítimo de promover un negocio innecesario para aprovecharse de la situación. Eso es lo que está pasando en este momento.

Hay varios empresarios, disfrazados de grandes soluciones tecnológicas, ofreciendo “registraduría paralela” en Colombia y en la región. Sus sofisticados sistemas “para verificar que no se roben las elecciones” cuestan varios millones de dólares y, jugando con el temor que genera la polarización, han logrado cerrar múltiples negocios. Las empresas, la mayoría de ellas de ingenieros venezolanos que trabajaron con la oposición al régimen de Maduro para hacerle el seguimiento al voto en las pasadas elecciones, se han reunido en Colombia con grupos de ciudadanos en alguno de los clubes bogotanos, para que se animen a copiar el modelo ante la posibilidad de que el oficialismo abuse del poder en la contienda.

No deja de ser curioso, sin embargo, que tanto el Gobierno, en voz del mismo presidente, como la oposición, sugieran debilidad institucional. Todos la usan para desprestigiar una de las entidades autónomas más serias del país, como es la Registraduría. Es verdad que en escrutinios pasados se han demostrado fallas graves de votos perdidos, y que, por suerte, entre testigos y observadores se han recuperado. Pero pasar de los casos concretos a proponer una colecta millonaria para montar un proceso alterno, privado y caprichoso, genera un peligroso abismo de desconocimiento e ilegitimidad.

En Colombia, con sus defectos, el proceso electoral es seguro y muy confiable. El registrador Hernán Penagos repite en todos los escenarios a los que es invitado –y en los medios y en las redes– que la realización de las elecciones no está en duda. Ha repetido que las actas de cada mesa –tres, a falta de una: E14 delegados, E14 transmisión y E14 claveros– diligenciadas a mano, una por una por los jurados de votación, que son seleccionados aleatoriamente, serán digitalizadas y públicas una vez realizado el conteo en cada mesa. Penagos es enfático, eso sí, en que se requiere retomar el control territorial para garantizar el “voto libre” refiriéndose a liberar la participación de los ciudadanos por la presión de los grupos armados.

Faltan aún meses para las elecciones y las amenazas reales son otras. Las noticias falsas que se expanden en procesos de desinformación, la violencia que ya demostró cegar la vida de un precandidato, la debilidad de los partidos, los gastos excesivos de las campañas, la falta de incentivos para la participación de los votantes, en fin, muchos temas que los millones que han considerado invertir en esa falacia de “control electoral” podrían destinarse para fortalecer la democracia, y no para bobear en gestas patrióticas inventadas, que lo que hacen es profundizar la desconfianza institucional.