Una muy buena serie de las que da gusto ver en maratón de domingo es la historia de un fiscal acusado de asesinar a una compañera suya, que era su amante y a la que había dejado embarazada. Los detalles del caso van construyendo una versión casi irrefutable de su culpabilidad. Estaba en el lugar del asesinato la misma noche que la mataron, fue la última persona en verla, hay rastros de sus huellas por toda la casa, y hasta muestras de su piel en las uñas de la víctima. La serie transcurre en el juicio donde el acusado, como abogado, asume su propia defensa. Y, palabras más, palabras menos, dice en el cierre de los alegatos: “Yo sí era su amante, sí estuve ahí, sí esperaba un hijo mío, sí la amaba, sí discutimos esa noche, pero yo no la maté”. ¿Se le cree o no? ¿Qué determina el jurado?
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Así estamos con el cuento de la reelección de Gustavo Petro, como ese jurado de ciudadanos determinando si el presidente es culpable o inocente. ¿Se va a quedar o se va a ir? ¿Entregará el poder o se aferrará ilegalmente a él? El hilo que teje la historia se registra a diario: una senadora de su partido radica un proyecto de ley; él responde en entrevistas que, si fuera candidato, se reelegiría (también lo dijo Duque); dice que la última palabra la tendrá el poder constituyente en las calles, que hay una necesidad de prolongar el proyecto político progresista, y entonces, como en la serie, los hechos casuales ratifican la suposición de quien lo acusa, exponiendo momentos en una línea de tiempo que deja claro que no hay ningún otro sospechoso.
Llegados a este punto, el gobierno decidió que, de todos los temas relevantes por acordar en Colombia, se debe acordar con firma en papel que el presidente Gustavo Petro no intentará reelegirse y que sí habrá elecciones en 2026: “No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular”, reza el punto dos del documento presentado, casi en borrador, por el ministro Juan Fernando Cristo el viernes pasado en Villa de Leyva.
Que la afirmación tenga que ser explícitamente incluida en el temario de esta propuesta de buscar consensos pone de presente que va ganando la tesis del acusador: “¿Sí ven? ¡Se va a quedar!”, repiten, y no sotto voce, sino a grito herido y sin vergüenza alguna. “Igual que Maduro”, continúan para rematar con un caso real y cercano. Esa conversación creció tanto que se asume real, hasta el punto de que tiene que ser un punto del “Acuerdo Nacional”.
¿De verdad tiene que hacerse explícito, firmar y acordar que no se va a violar la ley? ¿Así de lunáticos estamos, que nos caló la idea de que en un gobierno democráticamente elegido, y en un país que tiene la violencia como amenaza permanente desde hace décadas, pero que aun así ha hecho elecciones, nunca las ha suspendido, nunca las ha aplazado y siempre ha elegido un nuevo gobernante, ahora nos toca firmar en un papel que no veremos vulnerado ese derecho? ¿Y todo esto porque Petro es de izquierda? Claro, eso es lo que hace la izquierda. Era el amante y estuvo con ella la noche del asesinato.
El presidente lo niega, una y otra vez. Él no la mató. Se puede dudar sobre la sinceridad de sus palabras, claro, y hasta creer que en su mente, incubadora de retórica mesiánica, el deseo le juega una trampa, pero en este juicio de la rumorología nacional, Petro se presume inocente porque no hay evidencia de que su mandato no terminará el 7 de agosto de 2026.
