¿Qué pensarán las personas allegadas al régimen venezolano, sus simpatizantes y, sobre todo, los militares de saber que Maduro perdió las elecciones estruendosamente? Porque, según el Centro Carter, único organismo observador, Edmundo González ganó por casi el 70 % de los votos con el 82 % de las actas que revisaron.
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¿Qué pensarán cuando ven a millares de manifestantes pidiendo transparencia al Consejo Nacional Electoral? ¿Sentirán vergüenza de ser parte del robo de estas elecciones? ¿Sentirán que tarde o temprano se sabrá lo que realmente pasó? Los militares lo saben porque el Plan República, como se conoce al despliegue militar que se realiza durante los procesos electorales, tuvo acceso a las actas de cada mesa de votación.
Maduro perdió la autoridad frente a su gente, que era lo que le quedaba. Todos saben que perdieron, el rey está desnudo.
El Centro Carter, en una entrevista de su directora, Jennie Lincoln, en días pasados, reitera que Edmundo González ganó las elecciones y desestima las acusaciones de un ataque informático al sistema de transmisión de datos; dice: “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.
Estas declaraciones son claras y contundentes: el Gobierno está creando una cortina de humo con el argumento del hackeo para no aceptar los resultados y mantenerse en la posición de que son las víctimas de la oposición.
El Gobierno judicializó el proceso electoral, Maduro presentó un recurso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este órgano llevara a cabo un peritaje de los resultados electorales. Su presidenta ha dicho que están revisando los documentos presentados y se pronunciarán sobre su validez. La sentencia que dicten tendrá carácter de cosa juzgada y no es apelable, lo que quiere decir que dicho organismo controlado por el Gobierno le dará el aval a Maduro de su supuesta reelección. Todo parece sugerir que Maduro no confió en que el Consejo Nacional Electoral ratificara su triunfo y por eso recurrió al Tribunal Supremo.
En reacción a las manifestaciones y protestas, el Gobierno ha desatado una represión contra quienes han sido parte de la campaña de la oposición, especialmente contra testigos y miembros de mesas electorales, pero también contra personas de barrios populares que han salido a protestar y que fueron simpatizantes del chavismo, y que hoy están exigiendo transparencia. Van más de 2.000 detenidos y 20 muertos en estas dos semanas, y todos los días la cifra aumenta. Esta situación amerita una reacción contundente de la comunidad internacional.
El papel de Brasil, Colombia y México sigue siendo muy importante y donde están centradas las esperanzas para que la situación no se quede como está. El régimen no acepta la derrota, no muestra las actas, amenaza a María Corina Machado y a Edmundo González con la cárcel por un presunto hackeo al sistema del Consejo Nacional Electoral y reprime de manera brutal.
El presidente López Obrador anunció, el día 13 de agosto, que no seguirá participando en el grupo de los tres hasta que salga la decisión del Tribunal Supremo, lo que implícitamente significa que va a reconocer el triunfo de Maduro, porque con seguridad la decisión del Tribunal será avalar dicha elección. A México poco le importa lo que ocurra en Venezuela.
Quedarán Brasil y Colombia como los países que pueden ayudar a encontrar un camino a través de una negociación que evite una situación de caos en Venezuela.
Colombia tiene muchos intereses en juego y necesita que Venezuela se estabilice. Si la situación continúa como está, la posibilidad de otra ola migratoria afectará, entre otras cosas, la recuperación económica del país.
