ES UN EXPEDIENTE DE 303 PÁGINAS. Riguroso. Responsable.
La juez María Stella Jara reconstruye con testimonios ciertos y coincidentes lo que sucedía con quienes salían vivos de ese infierno de caos y de muerte que fue la toma demencial del Palacio de Justicia por el M-19. No les bastaban las horas de horror vividas. No salían a la libertad, debían enfrentarse a un ejército desesperado por encontrar responsables de la toma. Todos y cada uno de los 200 sobrevivientes eran sospechosos de complicidad con la guerrilla. Los trasladaban a la Casa del Florero, donde el coronel Alfonso Plazas Vega, miembro del Estado Mayor Especial, comandante de la Artillería, ejercía control y mando del edificio y de los rehenes que llegaban. Unos eran separados, clasificados con una “S” de sospechoso porque, según la valoración militar de sus declaraciones, no ofrecían explicaciones convincentes sobre el por qué de su presencia ese día en el Palacio, o por ser oriundos de alguna región con presencia del M-19 o, como siempre, por ser jóvenes o estudiantes. A los “S” los enviaban a la Escuela de Caballería, comandada por Plazas Vega. De 11 de quienes salieron con vida del Palacio, no se volvió a saber nada: siete eran empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera.
El expediente, además de su fuerza argumental frente a una defensa que se basa exclusivamente en alegatos teóricos, para solicitar la prescripción de los hechos, o procedimentales, para desvirtuar los testimonios, está construido con base en pruebas fácticas aportadas incluso por algunos miembros de las fuerzas militares, que fueron testigos presenciales de los hechos. Describen crudamente las atrocidades y las torturas a que fueron sometidos los ciudadanos detenidos en las caballerizas de Usaquén, los señalados con la fatídica “S”. Describen sus trágicas muertes en medio de la crueldad de los excesos.
Al coronel Plazas Vega no lo acusa la Fiscal Ángela Buitrago ni lo condena la Juez María Stella Jara a 30 años de prisión por sus acciones en la retoma del Palacio, sino por lo sucedido luego con los rehenes, con los 11 desaparecidos que estuvieron a su cargo. Actos de responsabilidad individual sucedidos fuera de combate, que no cubren ningún fuero militar en el mundo, que deslegitiman la institución castrense, que necesitan ser castigados por los jueces y censurados socialmente.
El presidente Uribe, enceguecido por un resentimiento que no oculta por fallos judiciales que han afectando a personas cercanas a sus afectos personales o políticos, sale de nuevo a descalificar la acción de la Justicia, cuando su obligación como jefe de Estado es dar ejemplo: respetarla, acatarla y defenderla. Razón tiene la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial, cuando en sala plena rechazó las expresiones inapropiadas y la interferencia presidencial, recordándole, una vez más, la independencia de los Poderes Públicos. No se entiende cómo en un país que pide a gritos frenar la impunidad, cuando se imparte justicia, sea el propio presidente quien la ataque y descalifique. Menos mal y para bien y salvaguardia de la democracia, estamos frente a una Corte que, como la que pereció hace 25 años ese aciago 6 de noviembre de 1985, no se deja amilanar.
ES UN EXPEDIENTE DE 303 PÁGINAS. Riguroso. Responsable.
La juez María Stella Jara reconstruye con testimonios ciertos y coincidentes lo que sucedía con quienes salían vivos de ese infierno de caos y de muerte que fue la toma demencial del Palacio de Justicia por el M-19. No les bastaban las horas de horror vividas. No salían a la libertad, debían enfrentarse a un ejército desesperado por encontrar responsables de la toma. Todos y cada uno de los 200 sobrevivientes eran sospechosos de complicidad con la guerrilla. Los trasladaban a la Casa del Florero, donde el coronel Alfonso Plazas Vega, miembro del Estado Mayor Especial, comandante de la Artillería, ejercía control y mando del edificio y de los rehenes que llegaban. Unos eran separados, clasificados con una “S” de sospechoso porque, según la valoración militar de sus declaraciones, no ofrecían explicaciones convincentes sobre el por qué de su presencia ese día en el Palacio, o por ser oriundos de alguna región con presencia del M-19 o, como siempre, por ser jóvenes o estudiantes. A los “S” los enviaban a la Escuela de Caballería, comandada por Plazas Vega. De 11 de quienes salieron con vida del Palacio, no se volvió a saber nada: siete eran empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera.
El expediente, además de su fuerza argumental frente a una defensa que se basa exclusivamente en alegatos teóricos, para solicitar la prescripción de los hechos, o procedimentales, para desvirtuar los testimonios, está construido con base en pruebas fácticas aportadas incluso por algunos miembros de las fuerzas militares, que fueron testigos presenciales de los hechos. Describen crudamente las atrocidades y las torturas a que fueron sometidos los ciudadanos detenidos en las caballerizas de Usaquén, los señalados con la fatídica “S”. Describen sus trágicas muertes en medio de la crueldad de los excesos.
Al coronel Plazas Vega no lo acusa la Fiscal Ángela Buitrago ni lo condena la Juez María Stella Jara a 30 años de prisión por sus acciones en la retoma del Palacio, sino por lo sucedido luego con los rehenes, con los 11 desaparecidos que estuvieron a su cargo. Actos de responsabilidad individual sucedidos fuera de combate, que no cubren ningún fuero militar en el mundo, que deslegitiman la institución castrense, que necesitan ser castigados por los jueces y censurados socialmente.
El presidente Uribe, enceguecido por un resentimiento que no oculta por fallos judiciales que han afectando a personas cercanas a sus afectos personales o políticos, sale de nuevo a descalificar la acción de la Justicia, cuando su obligación como jefe de Estado es dar ejemplo: respetarla, acatarla y defenderla. Razón tiene la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial, cuando en sala plena rechazó las expresiones inapropiadas y la interferencia presidencial, recordándole, una vez más, la independencia de los Poderes Públicos. No se entiende cómo en un país que pide a gritos frenar la impunidad, cuando se imparte justicia, sea el propio presidente quien la ataque y descalifique. Menos mal y para bien y salvaguardia de la democracia, estamos frente a una Corte que, como la que pereció hace 25 años ese aciago 6 de noviembre de 1985, no se deja amilanar.