EN SEPTIEMBRE DE 2009, LA EXTINta revista Cambio denunció la proliferación de contratos por prestación de servicios en la Contraloría de Julio César Turbay Quintero.
Las denuncias sirvieron de base para que la Auditoria General abriera una investigación y la conclusión fue que si el organismo seguía aumentando personal mediante esa modalidad (pasó de 179 contratos por 3.704 millones en 2006, a 1.003 por 18.247 millones en 2009), estaría trasladando la función pública de control a contratistas particulares, lo cuales es prohibido por la ley.
Pese a que al finalizar su período en 2006, el contralor Antonio Hernández Gamarra dejó más de 400 vacantes, Turbay mantuvo la mayoría y volvió costumbre los contratos de servicios. Cambio verificó con la Dirección de Recursos Físicos que sólo en el primer semestre de 2009 la Contraloría firmó 508 por 12.320 millones para tareas propias de funcionarios de planta o que eran innecesarias. Tan innecesarias como dos encuestas que encargó en 2007 y 2008 a Crecimiento Organizacional Ltda., por 30 y 65 millones, respectivamente, “para evaluar la percepción y grado de satisfacción que los congresistas tienen sobre los productos y servicios que les viene entregando la Contraloría”. Ninguno de los congresistas consultados entonces recordó las encuestas o haber recibido servicios de la Contraloría.
En nómina había 29 abogados pero aun así Turbay vinculó tres adicionales mejor pagados que los de planta, y firmó contratos de asesoría con Gustavo Antonio Dájer por $110 millones y 10 meses de duración para las “relaciones técnicas” con el Congreso; con Julián Eduardo Polanía por 102 millones durante 10 meses para asesorar a las contralorías delegadas; con Miguel Antonio Serrano para “la vigilancia del manejo racional de los gastos” de las entidades controladas (según funcionarios de la Contraloría recibía 30 millones por cada ciclo de asesorías), y con Douglas Enrique Lorduy por 290 millones para vigilar los procesos contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y “generar insumos para el análisis del impacto fiscal que dichas demandas, en caso de ser condenatorias, generan al país”.
Cambio también constató la existencia de contratos con seis asesores por $162 millones, que según la oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional trabajaban bajo la supervisión de Paola Andrea Jiménez, asesora especial de Turbay que siempre lo acompañaba en los viajes internacionales y quien tuvo dos contratos: uno en 2009 por 123,5 millones y otro por 88 millones en 2008.
Turbay niega haber creado una nómina paralela (el Código Disciplinario la considera “falta gravísima” y la castiga hasta con la destitución y la inhabilidad permanente del funcionario responsable), pero todo indica que sus asesores encontraron la fórmula para hacer lo que a otras entidades les estaba prohibido en cuanto a contratación de personal: la Resolución No. 0060 de 2008. Conocida internamente como la “resolución mágica”, habilitó a la Gerencia de Gestión de Talento Humano para certificar la insuficiencia de personal, autorizar contrataciones y celebrar contratos con idéntico objeto “cuando las necesidades del servicio así lo exijan”. El único límite lo fijaba el artículo 10º, según el cual “en los contratos de prestación de servicios (…) no se podrán pactar honorarios por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Contralor General de la República”.
Según la Auditoría, la Contraloría tenía presupuesto y vacantes para contratar funcionarios de planta. ¿Por qué entonces Turbay prefirió multiplicar los contratos con personal externo? ¿Clientelismo y politiquería?
