MUCHOS INTERROGANTES Y DUDAS pesan sobre el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, cuestionado desde el momento mismo en que anunció su aspiración al cargo, apadrinado por nefastos personajes como los exgobernadores Trino Luna —condenado por parapolítica— y Ómar Díaz-Granados —destituido por corrupción—, además de su padre y su tío, Álvaro y Miguel Cotes, conocidos como los Conejos desde la época de la bonanza marimbera, asociados con grandes contratos y cercanos a políticos condenados o procesados por parapolítica.
Cotes empezó mal y sigue mal. Aparte de las críticas por su frecuente ausentismo y la pobre gestión en educación y salud (la red hospitalaria está al borde del colapso), y por los magros resultados del plan de aguas (la mayoría de los pueblos siguen sin acueducto y sin alcantarillado, o tienen cobertura muy baja), el gobernador está hoy en el ojo del huracán por cuenta de la adjudicación de un contrato por $466.000 millones al consorcio Ribera Este, para la construcción de la primera fase de la llamada Vía de la Prosperidad.
“Un gesto ostensiblemente temerario”, lo calificó en un editorial El Heraldo de Barranquilla (agosto 12). Temerario porque ignoró los llamados de atención de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, por la falta de transparencia y de garantías en la licitación, y la advertencia de la contralora Sandra Morelli sobre el riesgo para la Nación y el departamento de adjudicar el contrato, y porque pasó por alto varias de las 19 observaciones de la Procuraduría relacionadas con posibles irregularidades en el proceso, y desoyó la solicitud del Invías de declarar desierta la licitación porque encontró que no cumplía con el principio de la selección objetiva. La Cámara Colombiana de la Infraestructura también objetó la licitación porque encontró inconsistencias en los pliegos de condiciones.
Huele mal que pese a tantas señales rojas, Cotes se precipitara a otorgar el millonario contrato. Huele mal que sólo tres firmas hayan concurrido a la licitación, cuando lo normal en proyectos de esa magnitud es que se presenten más de 10 oferentes. Huele mal que del consorcio ganador haga parte la firma española Assignia Infraestructuras S.A., una empresa con nombre nuevo y sucio pasado. Operaba como Constructora Hispánica cuando, en 2009, el diario madrileño El País destapó una trama de sobornos pagados por directivos de la firma a funcionarios de alcaldías en cabeza del Partido Popular, a cambio de contratos millonarios (caso Gürtel), a raíz de lo cual fue vendida al grupo Essentium, que le cambió el nombre. También hizo parte del consorcio para la construcción del quinto tramo de Transcaribe, contrato que fue cancelado por incumplimiento. Y deja mal sabor que el proyecto se refiera al mejoramiento de la vía Sitionuevo-Salamina, cuando —según conocedores del tramo— allí no hay carretera para mejorar sino para construir, pues lo que existe es una trocha carreteable sólo en verano, que sirve de barrera de contención de las crecientes del río Magdalena en invierno.
Todo es tan turbio que el Invías interpuso una tutela en un tribunal de Bogotá, que fue admitida, y la ministra Álvarez se plantó y anunció que mientras no haya claridad, no entregará un solo peso de los $260.000 millones que aporta la Nación. No se trata de un golpe del centralismo contra la autonomía regional, como aseguran algunos coterráneos del controvertido gobernador. Se trata de proteger recursos públicos y evitar que se los parrandeen en un departamento donde buena parte de la clase política ha hecho ferias, fiestas y fortunas con ellos, y donde grandes y numerosos contratos y concesiones han estado salpicados por escándalos de corrupción.
MUCHOS INTERROGANTES Y DUDAS pesan sobre el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, cuestionado desde el momento mismo en que anunció su aspiración al cargo, apadrinado por nefastos personajes como los exgobernadores Trino Luna —condenado por parapolítica— y Ómar Díaz-Granados —destituido por corrupción—, además de su padre y su tío, Álvaro y Miguel Cotes, conocidos como los Conejos desde la época de la bonanza marimbera, asociados con grandes contratos y cercanos a políticos condenados o procesados por parapolítica.
Cotes empezó mal y sigue mal. Aparte de las críticas por su frecuente ausentismo y la pobre gestión en educación y salud (la red hospitalaria está al borde del colapso), y por los magros resultados del plan de aguas (la mayoría de los pueblos siguen sin acueducto y sin alcantarillado, o tienen cobertura muy baja), el gobernador está hoy en el ojo del huracán por cuenta de la adjudicación de un contrato por $466.000 millones al consorcio Ribera Este, para la construcción de la primera fase de la llamada Vía de la Prosperidad.
“Un gesto ostensiblemente temerario”, lo calificó en un editorial El Heraldo de Barranquilla (agosto 12). Temerario porque ignoró los llamados de atención de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, por la falta de transparencia y de garantías en la licitación, y la advertencia de la contralora Sandra Morelli sobre el riesgo para la Nación y el departamento de adjudicar el contrato, y porque pasó por alto varias de las 19 observaciones de la Procuraduría relacionadas con posibles irregularidades en el proceso, y desoyó la solicitud del Invías de declarar desierta la licitación porque encontró que no cumplía con el principio de la selección objetiva. La Cámara Colombiana de la Infraestructura también objetó la licitación porque encontró inconsistencias en los pliegos de condiciones.
Huele mal que pese a tantas señales rojas, Cotes se precipitara a otorgar el millonario contrato. Huele mal que sólo tres firmas hayan concurrido a la licitación, cuando lo normal en proyectos de esa magnitud es que se presenten más de 10 oferentes. Huele mal que del consorcio ganador haga parte la firma española Assignia Infraestructuras S.A., una empresa con nombre nuevo y sucio pasado. Operaba como Constructora Hispánica cuando, en 2009, el diario madrileño El País destapó una trama de sobornos pagados por directivos de la firma a funcionarios de alcaldías en cabeza del Partido Popular, a cambio de contratos millonarios (caso Gürtel), a raíz de lo cual fue vendida al grupo Essentium, que le cambió el nombre. También hizo parte del consorcio para la construcción del quinto tramo de Transcaribe, contrato que fue cancelado por incumplimiento. Y deja mal sabor que el proyecto se refiera al mejoramiento de la vía Sitionuevo-Salamina, cuando —según conocedores del tramo— allí no hay carretera para mejorar sino para construir, pues lo que existe es una trocha carreteable sólo en verano, que sirve de barrera de contención de las crecientes del río Magdalena en invierno.
Todo es tan turbio que el Invías interpuso una tutela en un tribunal de Bogotá, que fue admitida, y la ministra Álvarez se plantó y anunció que mientras no haya claridad, no entregará un solo peso de los $260.000 millones que aporta la Nación. No se trata de un golpe del centralismo contra la autonomía regional, como aseguran algunos coterráneos del controvertido gobernador. Se trata de proteger recursos públicos y evitar que se los parrandeen en un departamento donde buena parte de la clase política ha hecho ferias, fiestas y fortunas con ellos, y donde grandes y numerosos contratos y concesiones han estado salpicados por escándalos de corrupción.