Como si faltara un ingrediente adicional para empañar aun más la pésima imagen de la justicia, el escándalo por un supuesto soborno que compromete al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, es la tapa.
Y el “aquí estoy y aquí me quedo” implícito en su decisión inicial de mantenerse en el cargo, era inviable como quedó demostrado dos días después cuando la presión de la mayoría de sus colegas y noticias de que nuevos hechos y más cuestionamientos saldrían a la luz, lo obligaron a dar un paso al costado. Treinta días —anunció—, aunque debió ser para siempre dado el evidente rechazo de la mayoría de sus pares. Pero renunciar es un acto de dignidad que no figura en su inventario.
Aun si logra probar su inocencia, el problema es que Pretelt no tiene buena fama, pero no precisamente por su afinidad con el expresidente Uribe, a quien le debe su magistratura —el premio seco tras la frustrada aspiración a la Fiscalía—, o por el voto a favor del referendo reeleccionista o por sus posturas conservadoras. Su imagen negativa tiene que ver con su baja estatura jurídica, su vocación clientelista —efecto perverso de las funciones electorales de las cortes— y su capacidad de cabildeo con la bancada costeña del Congreso, que le han permitido, entre otras cosas, lograr que un abogado de dudosa ortografía, como Alberto Rojas Ríos, llegara al tribunal constitucional.
Por otra parte, sus numerosas “insistencias” para que la Corte revisara tutelas no seleccionadas por carecer de interés constitucional —derechos fundamentales— o por no comprometer violaciones de derechos humanos, lo mismo que la dilación de importantes decisiones, despertaron en su momento serias reservas en algunos de sus pares, pues se referían a negocios y poderosos intereses privados o a procesos de políticos o exfuncionarios públicos.
Que Pretelt esté hoy en la picota no obedece a conspiración o persecución política alguna, como intentan demostrarlo el interesado y su pantallero abogado Abelardo de la Espriella, para distraer la atención del problema de fondo: un supuesto soborno para revertir un fallo de la Corte Suprema, sobre el cual Víctor Pacheco, abogado de la parte interesada, informó a varios magistrados en los días previos a la elección de Pretelt como presidente del alto tribunal.
Es un secreto a voces que Pretelt figura entre los magistrados con fama de no ejercer un liderazgo confiable y de actuar más bien como agentes de intereses personales y políticos, prestándose al venal intercambio de favores. Son conocidas y han sido denunciadas las camarillas y roscas —sobre todo en el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura— que se distribuyen beneficios y se encubren mutuamente, que abusan de su posición de poder o de confianza para beneficio particular y en detrimento del interés general, a cambio de decisiones u omisiones. Prácticas que Transparencia Internacional define, simple y llanamente, como corrupción, y de las cuales la Corte Constitucional parecía blindada. Ya no parece ser así y en buena medida se debe a que de un tiempo para acá han llegado magistrados que, como Pretelt, no responden a los más altos estándares éticos y jurídicos.
No es gratuito, entonces, que cuatro de cada diez colombianos consideren que la Corte Constitucional es corrupta (Encuesta sobre Necesidades Jurídicas, 2013), ni que su imagen negativa supere a la positiva (47-42), como lo muestra la encuesta Gallup publicada por este diario. El caso Pretelt, no cabe duda, contribuye a deteriorar aún más la imagen de la Corte, pero también deja mal sabor saber que si no es por la presión de varios periodistas, el delicado asunto habría podido quedar en sordina.
Como si faltara un ingrediente adicional para empañar aun más la pésima imagen de la justicia, el escándalo por un supuesto soborno que compromete al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, es la tapa.
Y el “aquí estoy y aquí me quedo” implícito en su decisión inicial de mantenerse en el cargo, era inviable como quedó demostrado dos días después cuando la presión de la mayoría de sus colegas y noticias de que nuevos hechos y más cuestionamientos saldrían a la luz, lo obligaron a dar un paso al costado. Treinta días —anunció—, aunque debió ser para siempre dado el evidente rechazo de la mayoría de sus pares. Pero renunciar es un acto de dignidad que no figura en su inventario.
Aun si logra probar su inocencia, el problema es que Pretelt no tiene buena fama, pero no precisamente por su afinidad con el expresidente Uribe, a quien le debe su magistratura —el premio seco tras la frustrada aspiración a la Fiscalía—, o por el voto a favor del referendo reeleccionista o por sus posturas conservadoras. Su imagen negativa tiene que ver con su baja estatura jurídica, su vocación clientelista —efecto perverso de las funciones electorales de las cortes— y su capacidad de cabildeo con la bancada costeña del Congreso, que le han permitido, entre otras cosas, lograr que un abogado de dudosa ortografía, como Alberto Rojas Ríos, llegara al tribunal constitucional.
Por otra parte, sus numerosas “insistencias” para que la Corte revisara tutelas no seleccionadas por carecer de interés constitucional —derechos fundamentales— o por no comprometer violaciones de derechos humanos, lo mismo que la dilación de importantes decisiones, despertaron en su momento serias reservas en algunos de sus pares, pues se referían a negocios y poderosos intereses privados o a procesos de políticos o exfuncionarios públicos.
Que Pretelt esté hoy en la picota no obedece a conspiración o persecución política alguna, como intentan demostrarlo el interesado y su pantallero abogado Abelardo de la Espriella, para distraer la atención del problema de fondo: un supuesto soborno para revertir un fallo de la Corte Suprema, sobre el cual Víctor Pacheco, abogado de la parte interesada, informó a varios magistrados en los días previos a la elección de Pretelt como presidente del alto tribunal.
Es un secreto a voces que Pretelt figura entre los magistrados con fama de no ejercer un liderazgo confiable y de actuar más bien como agentes de intereses personales y políticos, prestándose al venal intercambio de favores. Son conocidas y han sido denunciadas las camarillas y roscas —sobre todo en el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura— que se distribuyen beneficios y se encubren mutuamente, que abusan de su posición de poder o de confianza para beneficio particular y en detrimento del interés general, a cambio de decisiones u omisiones. Prácticas que Transparencia Internacional define, simple y llanamente, como corrupción, y de las cuales la Corte Constitucional parecía blindada. Ya no parece ser así y en buena medida se debe a que de un tiempo para acá han llegado magistrados que, como Pretelt, no responden a los más altos estándares éticos y jurídicos.
No es gratuito, entonces, que cuatro de cada diez colombianos consideren que la Corte Constitucional es corrupta (Encuesta sobre Necesidades Jurídicas, 2013), ni que su imagen negativa supere a la positiva (47-42), como lo muestra la encuesta Gallup publicada por este diario. El caso Pretelt, no cabe duda, contribuye a deteriorar aún más la imagen de la Corte, pero también deja mal sabor saber que si no es por la presión de varios periodistas, el delicado asunto habría podido quedar en sordina.